El cuerpo de Jonathan S.T. fue encontrado tendido junto a un muro de piedra en una finca abandonada de Cambados, bajo una lluvia fina que empapaba el musgo de los muros. Su camisa blanca tenía una mancha oscura del tamaño de una naranja, justo bajo la clavícula izquierda. Era 16 de junio de 2026. A las 14:38 horas, la noticia ya circulaba entre los vecinos del casco viejo: un joven de 28 años había muerto por un disparo durante una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas.
La operación en Cambados derivó en una muerte por disparo
El operativo se desarrolló en la parroquia de San Vicente, zona rural con alta densidad de viviendas secundarias y antiguas bodegas reconvertidas. Según fuentes judiciales citadas por Europa Press, la Policía Nacional actuaba con una orden judicial para registrar tres inmuebles vinculados a una red de distribución de cocaína en la Ría de Arosa. Jonathan S.T. no figuraba como objetivo de la redada, pero sí estaba registrado en la base de datos de la Policía por antecedentes menores relacionados con posesión para consumo.
Durante el registro de una nave industrial desactivada, se produjo un intercambio de disparos. Un agente de la Policía Nacional resultó herido leve en el brazo. Jonathan S.T. recibió un solo disparo letal. No se encontraron armas de fuego en su posesión ni en el perímetro inmediato.
El CGPJ activó la vía disciplinaria contra el juez instructor
El Consejo General del Poder Judicial abrió una vía disciplinaria contra el juez de instrucción número 3 de Pontevedra, Manuel Peinado, por presuntas irregularidades en la emisión de la orden de registro. Fuentes del CGPJ señalan que el auto carecía de “fundamentación suficiente sobre la existencia de indicios razonables de participación activa de Jonathan S.T. en la red”. La resolución, fechada el 14 de junio, fue impugnada por la defensa el mismo día del fallecimiento.
El juez Peinado no ha comparecido públicamente. Su despacho en el Juzgado de Instrucción de Pontevedra permanece cerrado desde el 17 de junio.
La investigación está bajo la competencia de la Guardia Civil
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó que la investigación corre a cargo de la Guardia Civil, no de la Policía Nacional. “No es una investigación interna ni administrativa: se trata de una investigación penal por un supuesto delito de homicidio”, precisó en rueda de prensa en Santiago de Compostela.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asumió la dirección técnica del caso el 18 de junio. Se han recogido 17 testimonios de vecinos, 4 grabaciones de cámaras de seguridad privadas y el informe balístico del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, que confirmó que el proyectil fue disparado desde una distancia inferior a dos metros.
Antecedentes del caso
Jonathan S.T. había cumplido una condena de 14 meses en 2023 por tenencia de droga para consumo. No tenía antecedentes violentos. Trabajaba como ayudante en una cooperativa vitivinícola de Meis. Su madre, residente en Vilagarcía, denunció que su hijo había recibido amenazas anónimas desde febrero de 2026, vinculadas a una denuncia que presentó contra un proveedor de marihuana sintética.
Marco legal aplicable
El caso se enmarca en el artículo 138 del Código Penal, que castiga el homicidio con penas de 10 a 15 años. Si se acredita que el disparo fue realizado por un agente en situación de flagrancia sin proporcionalidad, podría aplicarse el artículo 20.4 sobre exceso en el cumplimiento del deber. La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana exige que los operativos antidroga cuenten con evaluación previa de riesgo y protocolos de uso progresivo de la fuerza.
Las familias exigen transparencia y respuestas inmediatas
La madre de Jonathan S.T. y el agente herido comparecieron el 21 de junio ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Galicia. Ambos pidieron la publicación íntegra del acta de la operación y la comparecencia obligatoria de los mandos superiores de la Policía Nacional en Pontevedra. “No queremos venganza. Queremos saber por qué mi hijo no salió vivo de una finca donde no había armas, ni droga, ni cómplices”, declaró su madre.
El alcalde de Cambados, Xosé Manuel Varela, calificó el suceso como “duro para la familia y para el policía”, pero evitó pronunciarse sobre responsabilidades. En su último pleno, el Ayuntamiento aprobó una moción de duelo y pidió al Gobierno de España la revisión de los protocolos de intervención en zonas rurales.
Claves del asunto
- El fallecimiento ocurrió durante una operación antidroga autorizada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra.
- El CGPJ abrió vía disciplinaria contra el juez Manuel Peinado por presuntas deficiencias en la orden judicial.
- La Guardia Civil investiga el caso como homicidio, con apoyo técnico de la UCO y el Instituto de Toxicología.
- El informe forense confirma que el disparo fue a corta distancia y sin armas encontradas en el lugar.
- La familia exige la publicación del acta operativa y la comparecencia de los mandos policiales ante el Parlamento de Galicia.
La investigación continúa abierta. No se ha detenido a ningún agente. El juez instructor está suspendido de empleo y sueldo mientras dure el procedimiento disciplinario.
