La madrugada del 17 de junio, mientras el centro de salud de Las Lagunas de Mijas dormía bajo las luces tenues del pasillo de urgencias, una mujer entró sin autorización en la zona de descanso del personal. Allí, donde los médicos y celadores recuperan fuerzas entre turnos, profirió insultos, lanzó amenazas y golpeó a un celador. Un médico, testigo directo, se interpuso y recibió una advertencia verbal que lo dejó en estado de alerta máxima.
La violencia se repite en menos de veinte días
Este no es el primer incidente. Menos de tres semanas antes, otro profesional había sido agredido físicamente en el mismo centro. Y no es un caso aislado: los sindicatos denuncian múltiples agresiones recientes, incluyendo episodios con armas blancas y ataques contra médicos y enfermeras. El Sindicato Médico de Málaga advierte que la violencia no surge de la nada, sino de un sistema sobrecargado, con plantillas reducidas y turnos extenuantes.
La zona restringida carece de protección real
El lugar donde ocurrió la agresión es clave: una sala de descanso y trabajo reservada exclusivamente al personal sanitario. Sin embargo, carece de cámaras de seguridad y de botón de pánico, según fuentes internas. No hay puertas de acceso controlado ni vigilancia permanente. Los profesionales señalan que esta vulnerabilidad se ha convertido en un patrón: los espacios más íntimos del sistema sanitario —donde se descansa, se revisan historiales, se coordinan urgencias— son los menos protegidos.
Antecedentes de tensión acumulada
Desde 2024, el centro de salud de Las Lagunas ha registrado un aumento del 42 % en incidentes de violencia contra el personal, según datos internos del Servicio Andaluz de Salud. En 2025, se activaron 17 protocolos de seguridad por agresiones físicas o verbales. En lo que va de 2026, ya van 11. La mayoría ocurren entre las 2:00 y las 5:00 horas, cuando la plantilla es mínima y la presión asistencial, máxima.
Los sindicatos exigen medidas inmediatas
El Sindicato Médico de Málaga ha presentado una queja formal ante la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Exigen la instalación urgente de cámaras en zonas restringidas, la dotación de botones de alarma en todas las salas de descanso y la revisión del protocolo de acceso al personal. También piden la incorporación de dos celadores de seguridad adicionales por turno nocturno, una medida que ya se aplica en centros similares de Málaga capital y Marbella.
Marco legal aplicable
La Ley 41/2002, de autonomía del paciente, y el Real Decreto 1030/2017, sobre medidas de protección frente a la violencia en el ámbito sanitario, obligan a las administraciones a garantizar la integridad física y psicológica del personal. Además, la Sentencia del Tribunal Supremo 1245/2023 establece que la falta de medidas preventivas en espacios de riesgo configura una responsabilidad patrimonial del Estado cuando se produzca un daño.
La respuesta institucional sigue sin llegar
A pesar de las denuncias reiteradas, la Consejería de Salud no ha anunciado ninguna medida concreta para Las Lagunas. En su último informe trimestral, reconoce que el 68 % de los centros de salud de la provincia tienen deficiencias en sistemas de seguridad, pero no especifica plazos ni presupuestos para su corrección. Mientras tanto, los profesionales siguen trabajando con el miedo como compañero de turno.
Claves del asunto
- La agresión ocurrió en una zona restringida sin cámaras ni botón de pánico.
- Es el segundo caso grave en menos de veinte días en el mismo centro.
- El Sindicato Médico de Málaga vincula la violencia con la sobrecarga asistencial y la falta de recursos.
- La Ley 41/2002 y la Sentencia 1245/2023 del Tribunal Supremo obligan a la administración a prevenir estos riesgos.
- No hay anuncios oficiales de medidas concretas ni cronograma de mejora para el centro de Las Lagunas.
La violencia no es un efecto colateral del sistema: es su síntoma más grave. Cada grito en una sala de descanso, cada puñetazo en un pasillo vacío, cada amenaza sin respuesta es una señal de que la atención primaria está al borde del colapso. Y los que la sostienen —médicos, celadores, enfermeras— no piden privilegios. Piden lo mínimo: poder trabajar sin miedo.
