El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entró este miércoles en la Audiencia Nacional bajo la mirada de decenas de periodistas y cámaras. Llegó con paso firme, sin declaraciones, mientras su abogado aseguraba que «no hay hechos que justifiquen una acusación». Pero el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) no deja margen para la duda: señala que el exjefe del Ejecutivo recibió 200.000 euros por intervenir ante el presidente boliviano para beneficiar al Grupo Gloria, conglomerado peruano con fuerte presencia en la región.
Zapatero actuó como intermediario en un caso de competencia desleal
La cementera Soboce, filial del Grupo Gloria en Bolivia, fue condenada a pagar 107 millones de dólares por prácticas anticompetitivas. Según la UDEF, Zapatero no solo mantuvo reuniones con altos cargos del Gobierno boliviano, sino que presionó para suavizar o anular la sanción. Sus gestiones no fueron gratuitas: los 200.000 euros se canalizaron a través de una empresa peruana, Focus Social Research SAC, con un contrato de asesoría que, según los investigadores, carecía de sustancia real.
La secretaria de Zapatero está implicada en la coordinación de las gestiones
El informe policial no se detiene en el expresidente. También señala a Gertrudis Alcázar, su secretaria desde 2004, como pieza clave en la operación. Ella habría organizado encuentros, gestionado agendas y facilitado el acceso a funcionarios bolivianos. No se trata de una intermediación ocasional: los registros muestran al menos siete reuniones oficiales entre 2022 y 2024, tres de ellas con el entonces presidente Luis Arce.
Antecedentes del caso Soboce
Soboce fue sancionada en 2021 por la Autoridad de Defensa de la Competencia de Bolivia tras dominar el 85 % del mercado nacional de cemento. La sentencia exigía una multa y la desinversión de activos. El Grupo Gloria, que controla la firma, buscó entonces una vía diplomática para revertir la decisión. Esa fue la puerta por la que entró Zapatero, con experiencia previa en misiones de alto nivel en América Latina.
El marco legal aplica la Ley Orgánica 10/1995 y el Código Penal español
El tráfico de influencias está tipificado en el artículo 429 del Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión. La UDEF basa su investigación en la Ley Orgánica 10/1995, que regula la cooperación internacional en materia penal y permite perseguir delitos cometidos fuera de España cuando hay vínculos con ciudadanos españoles. Además, la Ley 19/2013 de Transparencia exige que los cargos públicos anteriores declaren actividades remuneradas con entidades extranjeras. Zapatero no incluyó estos pagos en su declaración de actividades.
Contexto de impunidad y control institucional
Este caso se suma a una larga lista de investigaciones sobre antiguos altos cargos en España. Desde 2018, la Audiencia Nacional ha abierto 17 causas contra exministros y exjefes de Gobierno por actividades vinculadas a intereses privados. Solo el 22 % de esas investigaciones han concluido con sentencia firme. El resto permanece en fase de instrucción o ha sido archivado por falta de pruebas. La lentitud procesal y la dificultad para obtener pruebas en el extranjero son obstáculos recurrentes.
Los afectados son los consumidores bolivianos y la credibilidad institucional
La condena a Soboce no era solo económica: buscaba restaurar la competencia en un sector estratégico. Su anulación habría dejado sin efecto la obligación de desinvertir, manteniendo un monopolio de facto. Para los consumidores bolivianos, eso significa precios más altos y menos opciones. Para España, el caso pone en entredicho la integridad de sus exlíderes y la efectividad de los mecanismos de control postmandato.
Claves del asunto
- La UDEF vincula a José Luis Rodríguez Zapatero con 200.000 euros recibidos por gestiones en Bolivia.
- El dinero se canalizó mediante Focus Social Research SAC, empresa peruana sin actividad comprobada de asesoría.
- Gertrudis Alcázar, su secretaria, está investigada por coordinar reuniones con el Gobierno boliviano.
- El caso se enmarca en la condena de Soboce a pagar 107 millones de dólares por competencia desleal.
- La Audiencia Nacional investiga bajo el artículo 429 del Código Penal, que castiga el tráfico de influencias.
La investigación sigue abierta. No hay imputación formal, pero sí una solicitud de declaración ante el juez. Zapatero, que ha negado cualquier irregularidad, enfrenta ahora el escrutinio de la opinión pública y de los tribunales. Su nombre ya no está solo en los libros de historia: está en los autos judiciales.
