El sol de junio calentaba los campos de Manzanares mientras Emiliano García-Page, con camisa de manga corta y voz firme, subía al escenario de la Feria Nacional del Campo. Detrás de él, una pancarta rezaba: ‘Nuestra tierra, nuestra PAC, nuestro futuro’. En ese instante, el presidente de Castilla-La Mancha lanzó una advertencia: más del 30% de la población regional en edad de jubilarse depende directa o indirectamente de los ingresos agrarios respaldados por la Unión Europea.
García-Page exige unidad frente a Bruselas y Madrid
El jefe del Ejecutivo autonómico no habló de cifras abstractas. Nombró a los ganaderos de Albacete, a los olivareros de Jaén que cultivan en tierras manchegas, a los albañiles y electricistas que reparan instalaciones en explotaciones familiares. Dijo que la Política Agraria Común (PAC) no es un subsidio, sino el pulso económico de 127.000 explotaciones registradas en la región. Y que cualquier recorte afectará a 38.000 empleos directos y a más de 100.000 indirectos.
La PAC está en juego y Castilla-La Mancha no se quedará callada
La negociación actual de la PAC 2026–2032 ha generado tensiones entre Estados miembros. Países como Francia y Alemania presionan por una mayor condicionalidad ambiental, mientras que regiones como Castilla-La Mancha temen que los nuevos criterios de sostenibilidad se traduzcan en reducciones del 12% en las ayudas directas para pequeñas y medianas explotaciones. García-Page subrayó que su gobierno ya ha presentado un documento técnico a la Comisión Europea, respaldado por COAG, ASAJA y UPA, con propuestas concretas para mantener la equidad territorial.
Antecedentes: cuando la PAC dejó de ser solo dinero
Hasta 2013, la PAC financiaba principalmente la producción. Desde entonces, el 30% de los fondos se vincula a prácticas como la rotación de cultivos, la conservación de suelos y la protección de zonas Natura 2000. En Castilla-La Mancha, esto ha implicado la conversión de 214.000 hectáreas a sistemas de agricultura de conservación. Pero el problema no es técnico: es político. El Ministerio de Agricultura español ha retrasado en 14 meses la aprobación del Plan Estratégico Nacional de la PAC, dejando a las comunidades sin certidumbre para 2026.
El campo no puede esperar a que se resuelvan las disputas políticas
García-Page advirtió que las decisiones tomadas en Bruselas este verano definirán si las explotaciones familiares sobreviven o se concentran en manos de grandes fondos. Citó el caso de una cooperativa de empresas ganaderas en Ciudad Real que, tras perder 18% de su ayuda directa en 2025, tuvo que despedir a 7 trabajadores y reducir sus inversiones en esterilización de gatos y manejo de residuos ganaderos. No son anécdotas: son señales de un sistema bajo presión.
Marco legal y normativo aplicable
La Regulación (UE) 2021/2115 establece que los Estados miembros deben aprobar sus Planes Estratégicos antes del 1 de enero de 2026. España incumplió ese plazo. Además, el Real Decreto 1075/2022, que regula la aplicación de la PAC en España, obliga a las comunidades autónomas a coordinar con el Ministerio, pero no les otorga poder de veto. Por eso, García-Page ha activado una mesa de diálogo con los inspectores de Hacienda y técnicos de la Dirección General de Agricultura de la UE, buscando vías de reclamación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si se vulnera el principio de cohesión territorial.
La defensa del campo es una defensa de la población rural
María vive sola en el bosque de Almadén, como tantos mayores que se quedaron tras la migración juvenil. Su pensión se complementa con la venta de aceitunas de su pequeña parcela. Sin la PAC, esa parcela dejaría de ser viable. Esa es la realidad que García-Page llevó a Manzanares: no se trata solo de subvenciones, sino de evitar la desertización demográfica. En los últimos cinco años, 192 municipios manchegos han perdido más del 10% de su población. La PAC es, hoy más que nunca, una política de Estado.
Claves del asunto
- La PAC representa el 42% del presupuesto agrario regional, con 1.100 millones de euros anuales para Castilla-La Mancha.
- El retraso español en el Plan Estratégico Nacional ha dejado sin certidumbre a 127.000 explotaciones.
- La Comisión Europea propone vincular hasta el 40% de las ayudas a objetivos climáticos, lo que podría penalizar a zonas con menor capacidad técnica o financiera.
- El gobierno regional ha creado una unidad técnica especializada para asesorar a pequeños agricultores en cumplimiento de requisitos ambientales.
- La sentencia del TJUE C-219/22 reconoce el derecho de las comunidades a impugnar desigualdades en la distribución de fondos PAC.
La Feria Nacional del Campo terminó con un aplauso sostenido. No fue un acto político: fue un acto de resistencia silenciosa, con olor a tierra mojada y a aceituna recién molida.
