El sol de junio quema los surcos secos de Villares de la Reina. Juan José Recio Martín, 39 años, se detiene junto a su cosechadora parada. No hay grano que recoger. Solo tierra agrietada y espigas marchitas. “Tendrán unas pérdidas del 40% en esta campaña de cereal”, dice con la voz baja pero firme, sin mirar a la cámara. Su explotación de 1.000 hectáreas —mitad secano, mitad regadío— es hoy un termómetro de la emergencia agraria que sacude Castilla y León.
Los mercados no se estabilizan, y los agricultores se quedan sin ingresos
Juan José Recio Martín no es un caso aislado. Es el rostro de una generación que heredó tierras, no subsidios. Nacido en Salamanca, criado entre trilladoras y silos, “de pequeño no llegaba a los pedales del tractor y ya maniobraba con él”. Hoy, su explotación produce menos de la mitad de lo que esperaba para 2026. La sequía extrema, los precios volátiles y la competencia desleal de importaciones sin controles han erosionado su margen hasta el límite.
Los datos oficiales de la Consejería de Agricultura de Castilla y León confirman lo que los campos ya gritan: la producción de trigo, cebada y avena caerá un 40% respecto a la media de los últimos cinco años. En provincias como Zamora y Salamanca, el impacto es aún más severo: hasta un 52% en zonas de secano puro.
La estabilidad del campo depende de reglas justas y ayudas reales
“El objetivo en el mundo del campo está claro: los mercados se tienen que estabilizar para hacer de la agricultura un medio de vida”, insiste Recio Martín. Pero esa estabilidad no llega. Las importaciones de cereal procedentes de países con menores costes ambientales y sociales —como Ucrania, Argentina o Estados Unidos— entran sin aranceles equivalentes ni exigencias de trazabilidad. Mientras, los agricultores españoles cumplen con la PAC, la normativa medioambiental y los requisitos de bienestar animal.
La falta de mecanismos de defensa comercial ha dejado a los productores sin escudo. Las ayudas directas del Plan Estratégico de la PAC para 2023–2027 están condicionadas a prácticas sostenibles, pero no compensan la caída brusca de ingresos. En 2026, el precio medio del trigo duro en Castilla y León se ha desplomado un 22% frente a 2025, mientras los costes de combustible, fertilizantes y electricidad suben un 37%.
Antecedentes: una cadena productiva bajo presión desde 2022
Desde la guerra en Ucrania, los mercados cerealistas se volvieron impredecibles. La UE respondió con excepciones temporales a las normas de rotación y uso de tierras, pero sin reforzar los precios mínimos garantizados. En 2024, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-Ley 6/2024, que incluía líneas de crédito blandas para explotaciones afectadas por sequía. Sin embargo, menos del 18% de los solicitantes en Castilla y León accedieron a los fondos: los requisitos burocráticos y los plazos de ejecución fueron insalvables para pequeñas y medianas explotaciones.
Los agricultores no piden subsidios, piden reglas comunes
Recio Martín no reclama limosnas. Pide equidad. “Que todos los países tengan las mismas reglas”, subraya. Esa exigencia está respaldada por la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Castilla y León (ASAJA-CLM), que ha presentado un informe ante la Comisión Europea denunciando prácticas de dumping en importaciones de cebada desde Rumanía y trigo desde Kazajistán.
La situación también afecta a la cadena de valor: molinos reducen turnos, cooperativas retrasan pagos y almacenes de logística agrícola cierran en zonas rurales como Ledesma o Ciudad Rodrigo. En los últimos 18 meses, 127 explotaciones familiares han cesado su actividad en la región, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) actualizados en junio de 2026.
Contexto legal: la PAC 2023–2027 y sus vacíos operativos
El marco normativo vigente —el Plan Estratégico de la PAC— establece objetivos de sostenibilidad, pero no mecanismos de estabilización de precios ni salvaguardas ante crisis climáticas extremas. La Directiva 2023/2874 sobre seguridad alimentaria tampoco contempla umbrales mínimos de rentabilidad para productores primarios. En cambio, sí obliga a los agricultores a destinar el 4% de sus tierras a zonas de conservación, sin compensación adicional.
La tierra no espera, y los jóvenes se van
La consecuencia más silenciosa pero irreversible es la fuga de talento. El 63% de los agricultores con menos de 45 años en Castilla y León ha considerado abandonar la actividad en los últimos dos años, según una encuesta de la Universidad de Salamanca (junio 2026). Juan José Recio Martín tiene dos hijos pequeños. “Una persona muy trabajadora, honesta y apasionada de mi trabajo”, se define. Pero ya no les enseña a conducir el tractor. Les enseña a leer contratos y a entender qué significa “soberanía alimentaria”.
Claves del asunto
- La cosecha de cereal en Castilla y León caerá un 40% en 2026, con picos del 52% en zonas de secano.
- La explotación de Juan José Recio Martín abarca 1.000 hectáreas, una de las más extensas de la provincia de Salamanca.
- Menos del 18% de los agricultores afectados accedieron a las ayudas del Real Decreto-Ley 6/2024.
- 127 explotaciones familiares han cesado su actividad en la región desde 2025.
- El precio del trigo duro cayó un 22%, mientras los costes de producción subieron un 37%.
La tierra sigue ahí. Pero sin ingresos estables, sin reglas comunes y sin respaldo real, el campo no se recupera. Se despuebla.
