El humo aún no se había disipado del todo sobre Los Garres cuando los técnicos de la Dirección General de Protección Civil comenzaron a redactar el informe: 42 hectáreas calcinadas, 17 viviendas evacuadas y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Fue el 2 de junio de 2026. Cuatro semanas después, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció en la Asamblea Regional una reforma sin precedentes: una modificación de la Ley de Emergencias y Protección Civil que eleva las multas a pirómanos hasta un millón de euros.
Las multas se duplican y se amplían los motivos de sanción
La reforma no solo sube los topes económicos: redefine lo que constituye una infracción. Las infracciones leves, antes de 3.000 euros, ahora alcanzan los 6.000 euros. Las graves, que antes ascendían a 30.000 euros, se duplican hasta los 60.000 euros. Y las muy graves, que antes llegaban a 600.000 euros, ahora tocan el millón. Pero el cambio más contundente está en el criterio: ya no basta con provocar un incendio. Ahora se sanciona con dureza cualquier conducta dolosa o gravemente negligente que obligue a movilizar de forma extraordinaria los recursos públicos de emergencia.
Se repercutirá el coste real de las emergencias
El Gobierno regional no solo castigará con dinero: hará que los responsables paguen el precio real de su acto. La reforma permite repercutir directamente a los infractores el coste de los dispositivos extraordinarios de emergencia, incluidos los gastos de la UME, los helicópteros de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) y los turnos extras de los bomberos. Un incendio en una zona de alto riesgo puede activar un dispositivo que cuesta más de 200.000 euros en 48 horas. Ese monto ya no recaerá íntegramente sobre los contribuyentes.
La estrategia Región de Murcia + Segura va más allá de los incendios
La reforma forma parte de un paquete integral llamado Región de Murcia + Segura, que incluye otras medidas con impacto directo en la vida cotidiana. Entre ellas, una nueva norma para agilizar la resolución de los expedientes de dependencia, con el objetivo de desbloquear la situación de 5.000 personas en lista de espera. También se aprueba un decreto que acelera los trámites urbanísticos para la construcción de 25.000 viviendas asequibles, y la implantación del segundo tramo de la carrera profesional para más de 35.000 empleados públicos, con una inversión anual de 32 millones de euros.
Antecedentes: el incendio de Los Garres como punto de inflexión
El incendio de Los Garres no fue el primero, pero sí el más revelador. Se inició en una zona de matorral seco, con viento fuerte y temperaturas superiores a 38 °C. Las primeras investigaciones apuntaron a una quema intencionada de restos agrícolas que se descontroló. No hubo heridos, pero sí una alerta: el sistema de emergencias se vio sobrecargado en pleno verano, con otros tres incendios simultáneos en la región. El informe de la Consejería de Presidencia y Justicia concluyó que el marco legal vigente no disuadía suficientemente ni permitía recuperar los costes operativos.
Marco normativo: de la Ley 4/2007 a la reforma 2026
La actual Ley 4/2007, de Protección Civil y Emergencias, no contemplaba la imputación directa de costes ni preveía sanciones escalonadas por impacto operativo. La reforma que se prepara ahora se alinea con la Ley Orgánica 4/2015, que establece la responsabilidad patrimonial del Estado por daños derivados de la actividad de los servicios públicos —y su contrapartida: la responsabilidad personal por daños causados por negligencia grave o dolo. También incorpora criterios del Reglamento de Protección Civil de la Unión Europea (Reglamento UE 2021/1232) sobre responsabilidad en la gestión de riesgos.
Se fortalece la protección del patrimonio natural y los recursos públicos
López Miras subrayó que la reforma “no es solo punitiva, sino preventiva y restauradora”. Al aumentar la disuasión económica y vincular la sanción al coste real de la respuesta, se busca proteger no solo los bosques y montes, sino también la capacidad operativa de los cuerpos de emergencia. En los últimos cinco años, Murcia ha registrado un aumento del 37 % en incendios intencionados, según datos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). El 62 % de los fuegos forestales investigados tuvieron origen humano, y en el 28 % de los casos se constató dolo o negligencia grave.
Claves del asunto
- Las multas a pirómanos pasan de 600.000 a un millón de euros para infracciones muy graves.
- Se incorpora como infracción sancionable la movilización extraordinaria de recursos de emergencia, aunque no haya daños materiales directos.
- Se permite repercutir a los responsables los costes reales de los dispositivos de emergencia, incluida la UME.
- La reforma forma parte de la estrategia Región de Murcia + Segura, que incluye medidas en vivienda, dependencia y empleo público.
La reforma entrará en vigor tras su aprobación en Consejo de Gobierno y su tramitación parlamentaria en la Asamblea Regional de Murcia, con previsión de estar operativa antes del inicio de la campaña de riesgo alto de incendios, en julio de 2026.
