Un tren que cruzaba la provincia de Ourense el lunes 13 de julio de 2026 dejó tras de sí una estela de fuego: ocho focos activos en menos de 24 horas. En Maside, Ourense capital, Amoeiro y Punxín, los bomberos y el hidroavión de la Xunta trabajaron sin pausa bajo temperaturas superiores a 38 °C. Uno de los focos, en Untes, obligó a movilizar a más de 120 efectivos, incluidos miembros de la Guardia Civil y voluntarios locales.
El presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP provincial, Luis Menor, no dudó al calificarlo: «Esto es una negligencia, no es un accidente». Sus palabras, pronunciadas este martes ante Europa Press, resonaron como una advertencia institucional clara: el fallo no fue fortuito, sino estructural.
Adif incumple su obligación legal de mantenimiento preventivo
La ley española es taxativa: la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras y Ferrocarriles, establece que el operador de infraestructuras —en este caso Adif— debe garantizar la seguridad integral de sus instalaciones. Eso incluye el desbroce periódico de zonas adyacentes a las vías, la revisión de sistemas de frenado y la inspección de componentes susceptibles de generar chispas.
Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el 72 % de los incendios ferroviarios registrados en 2025 tuvieron origen en fallos mecánicos o en vegetación no controlada. En Ourense, el entorno de las vías afectadas no había sido desbrozado desde marzo. Un informe interno de la Dirección General de Ferrocarriles, filtrado a El Español, señala que 14 kilómetros de vía en la comarca de A Limia presentan riesgo alto de ignición por acumulación de biomasa.
Los afectados enfrentan pérdidas irreversibles
En Maside, una explotación apícola perdió 37 colmenas. En Amoeiro, tres hectáreas de viñedo joven —cultivo protegido bajo la Denominación de Origen Ribeiro— quedaron calcinadas. Vecinos de Punxín denunciaron la evacuación de 12 viviendas, incluidas dos residencias de mayores gestionadas por la Xunta.
«No es solo el fuego. Es el humo tóxico que inhalamos durante tres días», relata María Doval, vecina de Ourense capital y madre de un niño asmático. Su testimonio forma parte de una denuncia colectiva presentada ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) por exposición a partículas PM2.5 superiores a 150 µg/m³ —el triple del límite diario recomendado.
Antecedentes: ya hubo alertas en 2024 y 2025
En julio de 2024, un incendio similar en la línea Ourense–Vigo obligó a suspender el servicio durante 18 horas. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social emitió entonces una resolución sancionadora contra Adif por falta de plan de prevención de riesgos ambientales. En agosto de 2025, la Comisión de Control del Ferrocarril advirtió sobre la obsolescencia de los frenos de fricción en trenes regionales de la serie 447, los mismos que circulan por la zona afectada.
La Xunta activa el Plan Infoca y exige respuestas
La Xunta de Galicia activó el Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Infoca) en nivel 2, el segundo más alto. Además, el conselleiro de Medio Ambiente, Alfonso Rueda, anunció este miércoles la apertura de una investigación técnica conjunta con el Ministerio de Transición Ecológica. El informe preliminar, previsto para el 25 de julio, determinará si se aplicará el artículo 326 del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de prisión la negligencia que cause daños ambientales graves.
Marco normativo aplicable
- La Ley 43/2003, de Montes, obliga a las entidades gestoras de infraestructuras a coordinarse con las comunidades autónomas en zonas de alto riesgo.
- El Reglamento (UE) 2016/798 impone a Adif la evaluación anual de riesgos de ignición en vías de alta y media velocidad.
- La Directiva 2008/96/CE exige planes de gestión de vegetación en un radio mínimo de 10 metros a cada lado de la vía.
Claves del asunto
- Ocho focos de incendio se originaron simultáneamente el 13 de julio en cuatro municipios de Ourense.
- La causa principal fue chispas generadas por el sistema de frenado de un tren regional de la serie 447.
- Adif no había desbrozado el entorno de la vía desde marzo, incumpliendo la normativa de prevención de incendios forestales.
- La Xunta movilizó más de 120 efectivos, incluidos bomberos, agentes de la Guardia Civil y personal técnico del Infoca.
- El caso podría derivar en responsabilidad penal por negligencia ambiental bajo el Código Penal español.
Las consecuencias van más allá de los daños materiales
Los agricultores de la zona temen que la ceniza altere la acidez del suelo durante dos temporadas. Los apicultores calculan pérdidas superiores a 120.000 euros en producción de miel y reemplazo de colmenas. Y los vecinos, como María Doval, exigen respuestas concretas: no solo indemnizaciones, sino cambios reales en la gestión de la red ferroviaria. Porque, como recordó Luis Menor ante los medios: «Cuando falla el mantenimiento, no arde solo la maleza. Arde la confianza».
