Un silencio tenso reina en las oficinas de Avatel en Madrid. En la planta 12, donde antes bullía el desarrollo de proyectos 5G rural, ahora solo suenan las llamadas de acreedores y los pasos apresurados de los últimos técnicos que aún no han sido absorbidos por los dos ERE que dejaron casi 700 empleados en la calle.
La operadora alternativa, que prometió conectar zonas olvidadas con fibra y 5G, hoy enfrenta una paradoja brutal: ha provisionado la devolución de 164 millones de euros de fondos europeos Next Generation, tras retrasos crónicos y fallos en la ejecución de sus compromisos digitales. Mientras tanto, sus cuentas acumulan pérdidas superiores a 100 millones de euros en tres años, y su deuda ronda los 440 millones, según fuentes cercanas a la operación.
Avatel ya no es viable como empresa independiente
La viabilidad operativa se desvaneció con cada trimestre sin resultados. Los ingresos estancados, la competencia feroz de operadores consolidados y la incapacidad para escalar tecnológicamente en zonas rurales erosionaron su modelo. En 2025, Avatel no logró cumplir ni el 40 % de los hitos acordados con la Comisión Europea para los fondos del Plan de Recuperación. Esa brecha no solo activó cláusulas de recuperación: desencadenó una crisis de confianza entre accionistas, empleados y autoridades reguladoras.
El Consejo de Administración de la matriz fue disuelto en plena negociación de su futuro. No fue un gesto administrativo: fue una señal de que ya no había espacio para consensos.
Josep Maria Echarri busca el control para vender o fusionar
Josep Maria Echarri, dueño de Inveready y titular del 49 % de Avatel, ya no contempla la gestión como opción. Sus fuentes confirman que estudia adquirir una parte significativa del 51 % restante, propiedad de Víctor Rodríguez y su fondo Vaiia Kapital. El objetivo no es dirigir: es reestructurar.
Hace un año, ambos socios compraron el 100 % de Avatel a Ignacio Aguirre y Jorge Gómez por 250 millones de euros, asumiendo además 440 millones en deuda. Inyectaron 100 millones de capital fresco, pero el dinero no alcanzó para revertir la inercia. Ahora, Echarri apuesta a que con el control accionarial podrá acelerar una operación con Adamo, Finetwork u otro operador alternativo —una reorganización del sector que ya se perfila como inevitable.
Antecedentes de la compra y la deuda estructural
La adquisición de 2025 no fue un salto de fe: fue una apuesta calculada sobre el impulso del 5G rural. Pero los plazos europeos eran inflexibles y Avatel carecía de capacidad de ejecución a escala. Los proyectos se fragmentaron, los contratos con ayuntamientos se retrasaron y las auditorías revelaron desviaciones técnicas y contables. Eso llevó a la provisión de los 164 millones, una cifra que no solo afecta las cuentas: compromete la credibilidad de España ante Bruselas en la gestión de fondos digitales.
Los empleados pagaron el precio antes que los accionistas
Los dos ERE no fueron decisiones estratégicas: fueron respuestas de supervivencia. El primero, en 2024, afectó a 320 trabajadores. El segundo, en abril de 2026, a 372 más. Muchos eran técnicos especializados en despliegue rural, con contratos en zonas de difícil acceso. Algunos recibieron indemnizaciones ajustadas a convenio; otros, menos de lo previsto por la falta de liquidez. Ninguno fue informado con antelación sobre el riesgo real de los fondos europeos, ni sobre la negociación secreta por el control accionarial.
La Agencia Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo ha abierto una investigación preliminar por posibles incumplimientos en la información previa a los despidos colectivos.
Marco legal y responsabilidad institucional
Avatel opera bajo la Ley General de Telecomunicaciones y está sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Sin embargo, la gestión de los fondos Next Generation corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que debe rendir cuentas ante la Comisión Europea. La devolución de los 164 millones no es solo un ajuste contable: es un fallo sistémico en la gobernanza de proyectos públicos-privados, con implicaciones legales para los firmantes del convenio y posibles responsabilidades contables para los administradores.
Claves del asunto
- Avatel acumula más de 100 millones de euros en pérdidas desde 2023.
- La operadora debe devolver 164 millones de fondos europeos por incumplimiento de proyectos 5G rural.
- Josep Maria Echarri (Inveready) busca aumentar su participación para impulsar una fusión o venta.
- Dos ERE han afectado a casi 700 empleados en tres años.
- El Consejo de Administración fue disuelto en plena negociación de su futuro corporativo.
