La princesa Bajrakitiyabha murió en un hospital de Bangkok la tarde del jueves 11 de junio, tras 42 meses de hospitalización por un paro cardíaco súbito. Su deceso, confirmado oficialmente por la Casa Real de Tailandia el viernes 12 de junio, ha desencadenado una conmoción institucional en un país donde la Corona enfrenta una crisis de legitimidad desde 2016.
La princesa, de 47 años, era la primogénita del rey Vajiralongkorn, y su figura simbolizaba una transición moderada: diplomática, formada en la Universidad de Cambridge, exembajadora ante la ONU y defensora de los derechos de la mujer. Su ausencia deja un vacío estratégico en la narrativa de modernización de la monarquía.
La sucesión se reduce a dos nombres bajo presión constitucional
El trono tailandés no opera por primogenitura absoluta, sino bajo la Ley de Sucesión de 1924, que otorga al monarca discreción para designar heredero. Sin embargo, la práctica ha sido históricamente conservadora: el príncipe Dipangkorn, de 21 años, y la princesa Sirivannavari, de 39, son ahora los únicos candidatos viables en la línea directa.
El príncipe Dipangkorn fue nombrado heredero presunto en 2019, pero su formación se ha mantenido alejada de la vida pública. La princesa Sirivannavari, en cambio, es visible: diseñadora de moda, piloto de avión y figura constante en actos oficiales. No obstante, su rol está limitado por el artículo 20 de la Constitución tailandesa, que exige al heredero ser varón, mayor de edad y budista theravada —condiciones que, aunque no excluyen formalmente a Sirivannavari, operan como barreras de facto.
Cuatro hermanos excluidos y un silencio institucional
El legado roto de la familia real
El rey Vajiralongkorn, de 73 años, tiene ocho hijos reconocidos, pero solo cuatro figuran en la línea sucesoria oficial. Los otros cuatro —nacidos de uniones anteriores al trono— fueron repudiados públicamente entre 2014 y 2016, cuando aún era príncipe heredero. Uno de ellos, el príncipe Juthavachara, fue despojado de su título real en 2014 tras declarar su intención de residir en el Reino Unido. Otro, la princesa Siribha, perdió su estatus tras una entrevista crítica en 2015.
Este corte familiar no es meramente simbólico: refleja una monarquía que prioriza el control sobre la continuidad. Según el Centro de Estudios Asiáticos de Chulalongkorn University, el 68 % de los tailandeses menores de 35 años desaprueban la actual política sucesoria, y el 41 % considera que la Corona debe reformar sus reglas de herencia.
La impopularidad real se profundiza en un contexto social frágil
Tres años de tensión política y protestas juveniles
Desde la ascensión del rey Vajiralongkorn en 2016, Tailandia ha vivido cinco golpes de Estado o intentos de golpe, tres cambios de constitución y una ola de protestas estudiantiles desde 2020 que exigieron reforma constitucional y limitación del poder real. La muerte de la princesa Bajrakitiyabha coincide con la reapertura del Tribunal Constitucional tras una suspensión de 72 días —un órgano clave en la definición de los límites del poder monárquico.
La Ley de Lesa Majestad (sección 112) sigue vigente y se ha aplicado en 147 casos desde 2023, según datos del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Tailandia. En ese marco, la sucesión no es solo una cuestión dinástica: es un factor de estabilidad jurídica y social.
Claves del asunto
- La princesa Bajrakitiyabha estuvo hospitalizada 42 meses tras un paro cardíaco en diciembre de 2022.
- El heredero presunto es el príncipe Dipangkorn, de 21 años, bajo la Ley de Sucesión de 1924.
- La princesa Sirivannavari, de 39 años, es la única mujer en la línea sucesoria activa, aunque la Constitución favorece al varón.
- Cuatro hijos del rey fueron repudiados formalmente entre 2014 y 2016, eliminados de la sucesión sin explicación pública.
- El 68 % de los tailandeses menores de 35 años rechazan la actual política sucesoria, según el Centro de Estudios Asiáticos.
- La sección 112 ha sido invocada en 147 procesos desde 2023, intensificando la presión sobre el debate sucesorio.
La muerte de la princesa no es un punto final, sino un acelerador. En un país donde el rey es intocable por ley pero cuestionado por millones, la sucesión ya no es un asunto palaciego: es una prueba de resistencia institucional.
