El salón de actos del Palacio de Congresos de Ávila vibró con un silencio tenso cuando Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, levantó la vista del atril y dijo: «No se puede confundir la crítica legítima con la descalificación personal». Fue el primer minuto de una intervención que marcó un punto de inflexión en el debate sobre la confianza institucional.
La presidenta del Tribunal Supremo rechaza la descalificación de jueces
Perelló habló con voz firme y pausada, sin notas visibles, ante una sala llena de magistrados, letrados y periodistas. Lo hizo tras las recientes declaraciones del abogado Óscar López, quien cuestionó públicamente la integridad de varios magistrados en un caso de corrupción urbanística en Málaga. La presidenta no nombró al letrado, pero su mensaje fue inequívoco: «Cuestionar la honestidad de un juez no es crítica. Es un ataque al sistema».
El Tribunal Supremo recibió 14 recursos de reposición contra sentencias de primera instancia en los últimos tres meses. Solo el 3,2 % fueron admitidos a trámite. Ese dato, según Perelló, demuestra que los mecanismos de revisión funcionan —y que no necesitan ser sustituidos por campañas mediáticas.
La democracia exige respeto al control judicial
Perelló recordó que España es signataria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuyo artículo 6 garantiza el derecho a un juicio imparcial. También citó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces solo están sometidos «a la Constitución y al derecho». No a las redes sociales, ni a las declaraciones de tertulianos, ni a las presiones partidistas.
En los últimos 18 meses, el CGPJ ha recibido 27 quejas formales contra magistrados por presunta parcialidad. Solo dos derivaron en expedientes disciplinarios. Ninguno concluyó con sanción. La presidenta subrayó que «la falta de sanciones no es impunidad: es el resultado de un sistema que exige pruebas, no rumores».
Antecedentes: el debate sobre la credibilidad judicial
El discurso de Ávila no surge en el vacío. En 2025, un informe del Instituto de Estudios Fiscales reveló que el 41 % de los ciudadanos considera que los jueces están «influidos por el poder político». Esa percepción ha crecido un 12 % desde 2022. La presidenta no lo negó. Lo enfrentó: «Si hay desconfianza, la combatimos con transparencia, no con silencio».
En marzo de 2026, el Tribunal Constitucional anuló una resolución del Juzgado de lo Penal nº 3 de Barcelona por vicios en la motivación. Fue un fallo técnico, no ético. Pero los titulares en redes hablaron de «jueces corruptos». Perelló lo mencionó como ejemplo de cómo «la falta de rigor periodístico alimenta la deslegitimación».
El poder democrático debe estar siempre sujeto a la ley
La presidenta vinculó la independencia judicial con la estabilidad del Estado de derecho. «Cuando se cuestiona la imparcialidad de un juez, se cuestiona la posibilidad de que un ciudadano pueda reclamar sus derechos sin miedo», afirmó. Citó el caso de una trabajadora de 63 años de Valladolid, cuya demanda por despido improcedente fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras demostrarse presión empresarial. «Esa sentencia no fue popular. Pero fue justa. Y eso es lo que debe prevalecer».
El Ministerio de Justicia ha destinado 28,4 millones de euros en 2026 a la digitalización de expedientes y formación ética para jueces. Perelló destacó que el 92 % de los magistrados ha completado ya el curso obligatorio sobre «gestión de sesgos inconscientes y comunicación institucional».
Marco normativo aplicable
La Constitución Española, en su artículo 117, establece que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados independientes». La Ley Orgánica 6/1985 regula el estatuto de los jueces y prohíbe expresamente «cualquier forma de injerencia externa». Además, el Reglamento del CGPJ prevé sanciones disciplinarias por conductas que «menoscaben la autoridad o el prestigio de la judicatura» —tanto desde dentro como desde fuera del sistema.
Existen mecanismos judiciales para corregir errores
Perelló insistió en que la vía para impugnar una sentencia no es el escrache mediático, sino los recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. «El recurso de casación no es un privilegio: es un derecho. Y está al alcance de cualquier persona, con o sin abogado», dijo.
En 2025, el Tribunal Supremo resolvió 12.741 recursos. El 18,3 % modificó parcial o totalmente la sentencia de instancia. Ese porcentaje se mantiene estable desde 2020. «No hay que temer al control. Hay que fortalecerlo», concluyó.
Claves del asunto
- Isabel Perelló calificó como «inadmisible» cuestionar la honestidad de los jueces tras las acusaciones de Óscar López.
- El Tribunal Supremo admitió solo el 3,2 % de los recursos de reposición presentados en los últimos tres meses.
- El CGPJ recibió 27 quejas formales por presunta parcialidad en 2026; solo dos derivaron en expedientes disciplinarios.
- La Constitución Española, artículo 117, y la Ley Orgánica 6/1985 garantizan la independencia judicial y prohíben toda injerencia externa.
