El 13 de junio de 2026, a las 12.00 horas, Alfonso Fernández Mañueco entró en la Sala de Mapas del Palacio de la Asunción con una carpeta azul bajo el brazo y una sonrisa contenida. Tras semanas de negociaciones intensas, el presidente de la Junta de Castilla y León anunció oficialmente el nuevo Gobierno regional: once personas, diez consejerías y dos vicepresidencias, fruto del acuerdo entre PP y Vox. No hubo aplausos ni cámaras en directo, pero sí una sala llena de periodistas que sabían que aquella era la primera coalición formal entre ambas formaciones en una comunidad autónoma con mayoría absoluta en las Cortes.
El nuevo Gobierno refleja una alianza estratégica sin precedentes en Castilla y León
La composición del Ejecutivo no es solo un reparto de carteras. Es un mapa político que redefine el equilibrio institucional en una región que aporta el 6,2 % del PIB nacional y alberga a más de 2,3 millones de habitantes. De los once cargos, ocho provienen del PP, dos de Vox y uno de perfil técnico independiente, designado por consenso. Esta fórmula evita la rotación por partidos y refuerza la estabilidad operativa, según fuentes cercanas al Palacio de la Asunción.
La primera vicepresidencia recae en Carlos Pollán, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León. Su nombramiento marca un hito: es la primera vez que un miembro de esta formación ocupa un cargo ejecutivo de rango tan alto en una comunidad con gobierno propio. La segunda vicepresidencia corresponde a una figura del PP con experiencia en política territorial: María José Sánchez Rodríguez, exalcaldesa de Salamanca y exconsejera de Fomento.
La coalición se construye sobre tres pilares legales y administrativos
El marco normativo de la coalición
El acuerdo entre PP y Vox no tiene rango de ley, pero sí se sustenta en un documento de 32 páginas firmado el 3 de junio en las Cortes de Castilla y León. Allí se establecen líneas rojas comunes: no modificación de la Ley de Bienestar Animal, prioridad a la inversión en infraestructuras rurales y compromiso con la Ley de Compaginación de Jubilación y Trabajo. El texto también incorpora una cláusula de revisión trimestral, vinculada al cumplimiento de los objetivos de empleo y reducción de la soledad no deseada en personas mayores.
El impacto en los servicios públicos
Los ciudadanos ya notan los primeros efectos. En las oficinas de la Dirección General de Trabajo, desde el 10 de junio se aplica un nuevo protocolo para el adelanto de salarios en sectores con alta estacionalidad, como la agricultura y la ganadería familiar. En las comarcas de Zamora y León, los ayuntamientos recibieron instrucciones para priorizar la instalación de aire acondicionado en centros de mayores, tras la ola de calor que dejó 17 fallecidos entre personas de más de 75 años en mayo. Además, la Consejería de Economía ya ha activado el fondo de apoyo a supermercados que usan IA para gestión de inventario, una medida incluida en el anexo económico del acuerdo.
La reacción de los colectivos afectados
La Unidad Familiar y la Asociación de Trabajadores de 63 años o más emitieron comunicados conjuntos el mismo día del anuncio. Criticaron la ausencia de una consejería específica para personas mayores, pese a que Castilla y León tiene la tasa más alta de envejecimiento de España: el 24,7 % de su población supera los 65 años. También cuestionaron la falta de referencias concretas a la Ley de Bienestar Animal, cuya aplicación efectiva depende de la dotación presupuestaria que aún no se ha publicado.
Claves del asunto
- El Gobierno de Castilla y León 2026 es el primero en la historia de la comunidad con participación formal de Vox en la ejecutiva.
- La coalición incluye dos vicepresidencias, una de ellas ocupada por Carlos Pollán, lo que refuerza el peso institucional de la formación.
- El acuerdo se sustenta en un documento de 32 páginas con cláusula de revisión trimestral y compromisos vinculantes en empleo, soledad y bienestar animal.
- Se activaron medidas inmediatas: protocolo de adelanto de salarios para agricultores, fondos para IA en supermercados y prioridad en aire acondicionado para centros de mayores.
La nueva estructura no es solo un cambio de caras. Es una reconfiguración del poder regional que pone a prueba la capacidad de gobernabilidad compartida en una comunidad con 174 ayuntamientos, 104 comarcas y una economía profundamente arraigada en lo rural. Para los vecinos de Villalpando, de La Bañeza o de Béjar, el verdadero examen empieza ahora: cuando llegue la factura de la luz, cuando se abra el plazo de vacaciones o cuando un electricista como Carlos tenga que renovar su licencia profesional bajo nuevas normas de formación continua.
