El martes 13 de junio de 2026, bajo un cielo gris de verano anticipado, un grupo de vecinos de Torrero observaba desde la acera de la calle Sancho Ramírez cómo técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza clavaban la primera estaca simbólica en un solar vacío. No era una obra cualquiera: era el inicio de 32 viviendas de alquiler asequible, con servicios compartidos y diseño inclusivo, destinadas a familias con ingresos limitados y jóvenes que llevan más de cinco años buscando un hogar estable en la capital aragonesa.
El proyecto, adjudicado a IMESAPI, S.A., representa una inversión pública directa de 5.744.071,79 euros (IVA incluido). De esa cifra, 5,5 millones corresponden a la fase de ejecución de obras, mientras que 232.000 euros cubren la redacción del proyecto técnico, la dirección de obra y la coordinación de seguridad. La empresa aplicó una baja del 5,12%, superando a otras siete ofertas presentadas en el concurso público.
El alquiler asequible ya tiene dirección física en Torrero
La ubicación no es casual. Torrero es uno de los barrios con mayor presión demográfica y menor oferta de vivienda protegida en Zaragoza. Según el último informe del Observatorio de la Vivienda del Ayuntamiento, el 68% de los hogares jóvenes del distrito pagan más del 40% de sus ingresos en alquiler. El 32% ha tenido que recurrir a pisos compartidos o a viviendas sin contrato registrado. Esta actuación forma parte del Plan Estratégico de Vivienda 2023–2030, que prevé construir 1.200 viviendas de alquiler asequible en la ciudad antes de 2030.
La promoción incluirá espacios comunes pensados para la convivencia: salas de estudio, talleres de economía circular, zonas verdes accesibles y una lavandería compartida. Todas las viviendas cumplirán con el certificado energético A, incorporarán sistemas de captación de agua de lluvia y contarán con instalaciones adaptadas para personas mayores y con discapacidad.
Las mejoras que van más allá del presupuesto
IMESAPI, S.A. no solo ofreció el precio más competitivo. Su propuesta incluyó compromisos adicionales exigidos por la convocatoria: la reducción del plazo de ejecución en un 12%, la incorporación de un técnico social en la fase de acompañamiento a futuros inquilinos y la creación de un taller formativo para vecinos del barrio sobre mantenimiento sostenible de viviendas.
Estas medidas responden a una exigencia creciente del Decreto 123/2022 del Gobierno de Aragón, que obliga a integrar la participación ciudadana y la sostenibilidad social en todas las actuaciones de vivienda pública. Además, el proyecto se alinea con la Ley 11/2023 de Vivienda y Rehabilitación Urbana, que establece que al menos el 30% de las nuevas promociones públicas deben destinarse a alquiler asequible con rentas vinculadas al IPREM.
Antecedentes: Torrero, un barrio en transición
Hasta hace una década, Torrero era un enclave industrial con altos índices de desempleo y viviendas obsoletas. La llegada del tranvía y la remodelación de la Avenida de Cataluña impulsaron su revalorización. Pero el efecto colateral fue el aumento del alquiler: un piso de 60 m² pasó de costar 450 euros en 2018 a 820 euros en 2025. El Ayuntamiento reconoce que esta dinámica generó una “fuga silenciosa” de familias con menores ingresos.
Marco normativo: entre la ley estatal y la autonomía aragonesa
La financiación del proyecto proviene de tres fuentes: el Fondo Estatal de Vivienda 2023–2027, el Programa de Vivienda de Aragón y una aportación municipal del 15%. El cumplimiento de los plazos está supervisado por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, mientras que la calidad técnica se audita periódicamente por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.
Vecinos, técnicos y futuros inquilinos ya están en la obra
Desde el primer día, el Ayuntamiento ha activado un canal de participación: reuniones mensuales con la Asociación de Vecinos de Torrero y una plataforma digital para seguimiento en tiempo real de las fases constructivas. “No es solo construir viviendas, es reconstruir confianza”, afirmó la concejala de Vivienda, María José Navarro, durante la presentación oficial.
La primera fase de adjudicación de plazas comenzará tres meses antes de la entrega de llaves, prevista para marzo de 2027. Los criterios de asignación priorizarán a familias con menores de edad, personas mayores de 65 años y trabajadores con contratos temporales o a tiempo parcial.
Claves del asunto
- El proyecto supone una inversión de 5.744.071,79 euros, con 5,5 millones destinados a obras.
- Se construirán 32 viviendas de alquiler asequible, todas con certificado energético A y adaptaciones para la diversidad funcional.
- La adjudicataria, IMESAPI, S.A., aplicó una baja del 5,12% y asumió compromisos sociales adicionales.
- El desarrollo se rige por la Ley 11/2023 de Vivienda y el Decreto 123/2022 de Aragón, que exigen participación ciudadana y rentas vinculadas al IPREM.
- La entrega de llaves está prevista para marzo de 2027, con proceso de adjudicación de plazas iniciado tres meses antes.
