Un trabajador de una pyme de Valladolid no acudió a su puesto el 12 de junio. No presentó justificante médico, pero su jefe no pudo sustituirlo: el único operario con su especialidad estaba de baja desde hacía tres días. Esa escena se repite, en distintas versiones, 1,7 millones de veces cada día en España.
La patronal ha elevado la voz con urgencia. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha exigido al Gobierno medidas inmediatas para frenar lo que califica de «pandemia silenciosa»: el absentismo laboral. No se trata solo de ausencias injustificadas, sino de una crisis estructural que afecta a la productividad, la sostenibilidad de las pymes y las cuentas públicas.
La CEOE exige que la Seguridad Social asuma los primeros 15 días de baja
Garamendi ha retomado una reivindicación histórica: que la Seguridad Social asuma la cotización y la prestación correspondiente a los primeros 15 días de incapacidad temporal (IT). Actualmente, ese coste recae íntegramente sobre las empresas. Según datos de la patronal, casi el 69 % de los procesos por IT duran menos de dos semanas, lo que convierte a ese periodo en el epicentro del impacto económico para los empleadores.
La medida no es solo financiera. Es operativa. Las pymes, que representan el 99,8 % del tejido empresarial, no cuentan con departamentos de recursos humanos especializados ni con planes de sustitución. Una baja imprevista puede paralizar una línea de producción o dejar sin cobertura a un cliente clave.
El absentismo ya es un problema social estructural
El término «absentismo» ya no se refiere solo a ausencias sin justificación. Incluye bajas médicas, procesos de IT, permisos no remunerados y hasta ausencias por agotamiento psicológico. La CEOE estima que su coste supera los 120.000 millones de euros anuales, una cifra que engloba gastos directos (salarios, cotizaciones, sustituciones), pérdidas de productividad y costes administrativos.
El impacto es diario: 1,4 millones de trabajadores están de baja médica cada jornada, según el informe de la patronal. Esa cifra no incluye a quienes faltan sin informe médico, pero sí con justificante de salud mental o por estrés laboral —un segmento que ha crecido un 42 % desde 2022, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Antecedentes del aumento de bajas
El sistema de incapacidad temporal ha sufrido una presión creciente desde la pandemia. La digitalización acelerada, la sobrecarga de tareas en entornos híbridos y la escasez de profesionales sanitarios han generado una cadena de efectos: listas de espera más largas, diagnósticos menos rigurosos y, en algunos casos, una mayor tolerancia a la baja como mecanismo de descanso.
Además, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales han visto reducida su capacidad de seguimiento por recortes presupuestarios y falta de personal. En 2025, el número de inspectores médicos por cada 100.000 trabajadores cayó a 0,8 —la mitad de la media de la UE.
Las pymes están al borde de la insostenibilidad
En una fábrica de componentes eléctricos en Guipúzcoa, tres de sus 22 empleados están de baja simultáneamente. Dos por lumbalgia, uno por ansiedad. La empresa ha tenido que retrasar dos pedidos y contratar a un operario temporal con un 40 % de recargo salarial. «No es un gasto, es una amenaza a la continuidad», asegura su gerente, que pide anonimato.
Este escenario no es aislado. El 73 % de las pymes consultadas por la CEOE admiten que no pueden cubrir bajas superiores a 72 horas sin afectar su rentabilidad. Y cada trabajador les cuesta, en promedio, 721 euros anuales solo por ausencias no justificadas.
El Gobierno debe actuar dentro del marco legal vigente
La propuesta de la CEOE no requiere reforma constitucional, sino una modificación del Real Decreto 28/2022, que regula las prestaciones por IT. El artículo 122 de la Ley General de la Seguridad Social ya prevé la posibilidad de que la Administración asuma la prestación desde el primer día en casos excepcionales —como emergencias sanitarias o crisis estructurales comprobadas.
La patronal argumenta que el actual nivel de absentismo cumple esos requisitos: es generalizado, tiene impacto macroeconómico y afecta a la estabilidad del sistema de protección social. Además, la medida sería temporal, con una duración máxima de 24 meses, según su propuesta.
Claves del asunto
- La CEOE exige que la Seguridad Social pague los primeros 15 días de baja por incapacidad temporal, actualmente a cargo de las empresas.
- El absentismo cuesta más de 120.000 millones de euros al año, y afecta a 1,7 millones de trabajadores diarios.
- El 69 % de los procesos por IT duran menos de 15 días, lo que convierte a ese periodo en el más costoso para las pymes.
- Las empresas destinan, en promedio, 721 euros anuales por trabajador a cubrir ausencias no justificadas.
- La propuesta se enmarca en el Real Decreto 28/2022 y podría activarse como medida excepcional dentro del marco legal vigente.
