Un camión de alimentos con las puertas abiertas y la carga medio podrida se detuvo ayer en la entrada de Santa Cruz. El conductor, con las manos temblorosas, mostró su carné de transporte: llevaba 12 días intentando cruzar la carretera a La Paz. «No pasamos ni agua», dijo. Esa escena, repetida en decenas de ciudades, precipitó la decisión del presidente Rodrigo Paz.
El estado de excepción decretado el 19 de junio de 2026 no es una medida aislada. Es la respuesta a 49 días consecutivos de bloqueos en 17 rutas nacionales, liderados por sindicatos campesinos y organizaciones afines a Evo Morales. Las protestas, que comenzaron el 2 de mayo, paralizaron el transporte de combustible, medicinas y alimentos. Según el Ministerio de Economía, las pérdidas superan los 320 millones de dólares.
El estado de excepción no es un golpe, sino una respuesta de emergencia
El decreto 4987, publicado en el Boletín Oficial el 19 de junio, activa el artículo 158 de la Constitución boliviana. Permite la intervención temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la Policía Nacional. No implica suspensión de derechos fundamentales, pero sí prohíbe expresamente los bloqueos de vías, el uso de armas de fuego, artefactos explosivos y la ocupación de instalaciones estratégicas.
El gobierno asegura que la medida es temporal y proporcional. «No se trata de criminalizar la protesta, sino de garantizar el derecho a la movilidad, a la salud y a la alimentación», declaró la ministra de Gobierno, Nadia Sánchez, en rueda de prensa en La Paz. La norma entró en vigor de inmediato y tendrá una duración inicial de 30 días, renovable solo con aval del Tribunal Constitucional.
El conflicto tiene raíces sociales y políticas profundas
Antecedentes del descontento
Las protestas nacieron de la negativa del gobierno a derogar el Decreto Supremo 4921, que modifica el régimen de precios de los combustibles y elimina subsidios directos a transportistas. Pero el malestar va más allá: incluye la oposición a la reforma agraria en curso, la disputa por la titularidad de tierras en el Chapare y la exigencia de una nueva ley de participación indígena. Los sectores movilizados exigen también la renuncia del ministro de Hacienda y la reapertura del diálogo con el Movimiento al Socialismo (MAS).
El acuerdo con la COB que no detuvo la crisis
El 12 de junio, el gobierno firmó un pacto con la Central Obrera Boliviana (COB). Incluía un aumento salarial del 12 % y la creación de una mesa técnica para revisar el decreto energético. Sin embargo, organizaciones como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la Boliviana de Trabajadores (CBTB) rechazaron el acuerdo. «Es una rendición parcial», afirmó su líder, Fernando Vaca, en un mitin en Cochabamba.
Las consecuencias reales ya están en las calles
En el hospital de El Alto, 43 niños fueron atendidos la semana pasada por desnutrición aguda. En el departamento de Beni, 17 farmacias cerraron por falta de insumos. En Potosí, el precio del arroz subió un 68 % en tres semanas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó una caída del 4,2 % en la producción industrial en mayo, la mayor desde 2020.
Los fallecidos suman 16 personas, según el Ministerio Público: 9 civiles, 4 policías y 3 manifestantes. Entre ellos, una niña de 8 años muerta por deshidratación en un bloqueo de la ruta 7. El Defensor del Pueblo ha abierto 22 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos en los operativos de desbloqueo.
El marco legal no justifica la impunidad, pero sí exige proporcionalidad
La Constitución Política del Estado, en su artículo 158, autoriza el estado de excepción ante «peligro grave para la seguridad pública o para el orden constitucional». Pero el Tribunal Constitucional Plurinacional ha advertido, en sentencia 0023/2025, que su aplicación debe cumplir tres condiciones: temporalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la Ley 027 de Derechos Humanos obliga al Estado a garantizar la protección de manifestantes pacíficos, incluso bajo estado de excepción.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el 18 de junio pidiendo «medidas urgentes para evitar la escalada de violencia» y recordando que «el derecho a la protesta es irrenunciable».
Claves del asunto
- El estado de excepción fue decretado tras 49 días de bloqueos que paralizaron el transporte nacional.
- Las protestas dejaron 16 muertos, desabastecimiento crítico y pérdidas económicas de 320 millones de dólares.
- La medida permite el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, pero no suspende derechos fundamentales.
- El acuerdo con la COB fue rechazado por sectores campesinos y afines al MAS, que exigen cambios estructurales.
- El marco legal exige proporcionalidad y control judicial, y la CIDH ha pedido garantías para los manifestantes.
