Un mapa proyectado en la sala de prensa de la Xunta iluminó las líneas rojas que separan competencias: sobre él, los límites de las nuevas zonas de aceleración renovables, ahora impuestas desde Madrid. Alfonso Rueda lo llamó «una redefinición unilateral». El presidente gallego anunció el recurso ante el Tribunal Constitucional el 22 de junio de 2026, tras una reunión del Consello que aprobó la acción por 12 votos a favor y cero en contra.
Galicia impugna una norma que cambia el mapa energético sin consenso
El decreto estatal, publicado en el BOE el 15 de mayo de 2026, convierte en obligatoria una cartografía que antes era meramente orientativa. Ahora, las zonas donde se pueden instalar parques eólicos, solares o de hidrógeno verde no las fija la Xunta, sino el Ministerio para la Transición Ecológica. Eso afecta directamente a más de 370 municipios gallegos, donde ya hay 214 proyectos renovables en tramitación.
El Gobierno gallego argumenta que la norma vulnera el artículo 149.1.23 de la Constitución, que reserva a las comunidades autónomas la competencia sobre ordenación del territorio y uso del suelo. Además, incumple el principio de lealtad constitucional: no hubo consulta previa ni acuerdo con Galicia, pese a que la Xunta lleva tres años trabajando su propio mapa de potencial renovable con técnicos de la Universidade de Santiago y la Agencia Gallega de la Energía.
La Xunta defiende su capacidad de decidir dónde se instalan los parques
El modelo gallego prioriza la sostenibilidad y la participación local
Desde 2023, Galicia ha desarrollado un sistema de evaluación territorial que combina datos de biodiversidad, paisaje, patrimonio arqueológico y densidad poblacional. El mapa autonómico identificó 1.842 km² como aptos para energía renovable, pero excluyó zonas de alto valor natural como el Parque Natural de las Islas Atlánticas o el Macizo de Ancares, donde el decreto estatal sí permite instalaciones.
Rueda subrayó que el Estado no puede imponer criterios técnicos sin considerar realidades locales. «Una torre eólica en un valle de la Ribeira Sacra no es lo mismo que en una llanura de Ourense», dijo. El decreto estatal, en cambio, aplica criterios uniformes: conexión a red eléctrica, ausencia de conflictos con infraestructuras y superficie mínima de 50 hectáreas.
El recurso no es solo jurídico: es una defensa del modelo de transición justa
Galicia ya genera el 42 % de su electricidad con renovables
Según datos de la Red Eléctrica de España, Galicia superó en 2025 el 42 % de cobertura eléctrica con fuentes limpias, liderando el ranking nacional junto a Castilla y León. Pero ese crecimiento se ha basado en acuerdos con ayuntamientos, planes de compensación económica y participación en cooperativas locales. El nuevo decreto estatal no exige esos mecanismos.
Más de 68 ayuntamientos gallegos han expresado su rechazo formal al decreto. En Vilalba, por ejemplo, el alcalde denunció que el mapa estatal incluye terrenos agrícolas protegidos por la Ley de Protección del Suelo No Urbanizable de Galicia. En Mondoñedo, vecinos presentaron 1.200 firmas contra la instalación de aerogeneradores en zonas de pastoreo tradicional.
El conflicto marca un punto de inflexión en la gobernanza energética
La impugnación llega en un momento crítico: el Plan Energético de Galicia 2030 está en fase final de aprobación y prevé invertir 1.400 millones de euros en transición justa. El recurso ante el Tribunal Constitucional no paraliza la aplicación del decreto, pero sí abre la puerta a una suspensión cautelar si el alto tribunal lo considera procedente.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha respondido que la norma «garantiza la aceleración necesaria para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo«. Sin embargo, fuentes del Consejo de Estado reconocen que el texto carece de una evaluación de impacto competencial previa, requisito exigido por la jurisprudencia constitucional desde la STC 111/2022.
Claves del asunto
- El Consello da Xunta aprobó el recurso el 22 de junio de 2026, tras considerar que el decreto estatal invade competencias autonómicas.
- La norma convierte en obligatoria una cartografía que antes era orientativa y elimina la capacidad de Galicia para definir zonas aptas según su realidad territorial.
- Más de 68 ayuntamientos gallegos se han opuesto formalmente al decreto por afectar a suelo agrícola, patrimonial y de alto valor natural.
- El recurso se basa en el artículo 149.1.23 de la Constitución y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre lealtad institucional y ordenación del territorio.
- Galicia ya genera el 42 % de su electricidad con renovables, pero su modelo se basa en participación local y transición justa, no en imposición administrativa.
