El 22 de junio de 2026, en una sala del Tribunal Supremo en Madrid, el exministro de Transportes José Luis Ábalos escuchó la lectura de la sentencia firme: 4 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación absoluta durante 12 años y una multa de 120.000 euros. Fuera, bajo una lluvia fina, decenas de manifestantes coreaban consignas mientras los periodistas aguardaban la reacción del Gobierno. «Es una decepción enorme», declaró Yolanda Díaz minutos después, pero la frase no caló como la de Feijóo: «No hay Gobierno que resista esto sin rendir cuentas».
Feijóo exige la dimisión inmediata de Pedro Sánchez
El líder del PP irrumpió en la tarde política con una comparecencia sin precedentes: convocó a todos sus portavoces parlamentarios, activó su gabinete jurídico y presentó una moción de censura exprés en el Senado. No la registró formalmente, pero sí la anunció como «acto de responsabilidad institucional». Su argumento fue contundente: Ábalos no fue un ministro aislado, sino nombrado por Sánchez en 2018, reforzado tras la moción de censura de 2019 y protegido durante toda la investigación del caso Mascarillas. Feijóo recordó que el exministro gestionó, desde el Ministerio de Transportes, el Fondo de Reserva para Emergencias Sanitarias, cuyos fondos fueron desviados a empresas vinculadas a su entorno.
La sentencia confirma una red de adjudicaciones opacas
El fallo del Tribunal Supremo no se limitó a sancionar a Ábalos. Ratificó los hallazgos de la Audiencia Nacional: entre marzo y julio de 2020, el exministro favoreció a tres empresas —Mascarillas S.L., Protección Integral S.A. y Sanidad Global 2020— mediante contratos directos por valor de 28,7 millones de euros, sin licitación ni control de precios. Dos de esas firmas tenían socios con vínculos familiares con altos cargos del PSOE. El juez destacó que Ábalos conocía «la ausencia de garantías técnicas y la sobrevaloración sistemática» de los productos, y actuó «con ánimo de lucro y desprecio por el interés general».
Antecedentes del caso Mascarillas
El caso se abrió en 2021 tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar irregularidades en la compra masiva de EPI durante la primera ola de la pandemia. La investigación reveló que el Ministerio de Transportes asumió competencias ajenas a su ámbito —como la adquisición de material sanitario— bajo el pretexto de la urgencia. El CGPJ ya había abierto expedientes disciplinarios contra tres inspectores de la Intervención General del Estado que avalaron los pagos. Uno de ellos, José María Peinado, enfrenta ahora una sanción que podría llegar a la destitución.
El PSOE se divide entre lealtad y realismo político
Dentro del Gobierno, el silencio fue rotundo. Sánchez no compareció. Solo el ministro de Justicia, Félix Bolaños, emitió un comunicado genérico sobre «respeto a la independencia judicial». Pero en el seno del PSOE, las tensiones afloraron: diputados de base enviaron mensajes internos pidiendo «una reflexión profunda». Fuentes del grupo parlamentario confirmaron que al menos 17 diputados socialistas han pedido reuniones urgentes con la dirección para abordar «las consecuencias políticas inmediatas». La secretaria de Organización, Adriana Lastra, evitó mencionar a Ábalos en su intervención en el Congreso y centró su discurso en la reforma laboral.
Marco legal y consecuencias para los ciudadanos
La sentencia se sustenta en los artículos 432 y 433 del Código Penal, que tipifican los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Pero su impacto va más allá: el Tribunal Supremo estableció que los fondos desviados correspondían al Fondo de Reserva para Emergencias Sanitarias, creado con cargo al Presupuesto General del Estado y supervisado por el Parlamento. Eso convierte el caso en un precedente para futuras demandas de responsabilidad política. Ciudadanos afectados por retrasos en la entrega de mascarillas en residencias de mayores ya han iniciado reclamaciones colectivas ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.
Claves del asunto
- Ábalos recibió 4 años y 6 meses de cárcel por prevaricación y malversación en la compra de mascarillas durante la pandemia.
- El PP ha activado una estrategia coordinada: moción de censura exprés, comparecencias parlamentarias y denuncias ante el CGPJ.
- El caso Mascarillas implicó 28,7 millones de euros en contratos directos sin licitación ni control técnico.
- El CGPJ investiga a José María Peinado, inspector que avaló los pagos, y podría sancionarlo con destitución.
- Ciudadanos afectados por la falta de EPI en residencias ya presentan demandas colectivas ante juzgados contenciosos.
