La sala 3 del Senado quedó en silencio cuando Teresa Peramato, con voz firme y mirada directa, negó responder sobre las visitas de Leire Díez a la Fiscalía General. El aire se tensó. Un murmullo recorrió las primeras filas. Eran las 11:42 horas del 19 de junio de 2026. La fiscal general no cedió: «La reserva sumarial es inviolable. No puedo ni debo desvelar lo que la ley protege».
La Fiscalía no es un despacho político
Peramato no se limitó a esgrimir el secreto de sumario. Reafirmó ante los senadores que la Fiscalía no depende del poder Ejecutivo, ni del Gobierno, ni de ningún partido. Lo dijo tres veces, con pausa. Cada sílaba cargada de advertencia institucional. Su mensaje fue claro: la autonomía no es una garantía teórica, sino una línea roja que no se negocia.
El contexto no era neutro. Desde hacía semanas, medios y grupos parlamentarios habían difundido documentos que vinculaban a Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, con al menos siete entradas no registradas en la sede de la Fiscalía General entre enero y mayo de 2026. Junto a ella, el abogado Jacobo Teijelo, también investigado por la Audiencia Nacional, aparece en tres de esas visitas.
Las investigaciones abiertas afectan a núcleos cercanos al Gobierno
Antecedentes del caso
La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar en marzo de 2026 tras una denuncia anónima y un informe interno de la Inspección Fiscal. El expediente, aún bajo secreto, analiza si hubo intentos de influencia en causas relacionadas con financiación ilegal del PSOE, contratos públicos en Andalucía y una investigación sobre presunta trama de blanqueo en el entorno de Pedro Sánchez.
Según fuentes judiciales consultadas bajo reserva, Díez y Teijelo no tenían competencia ni autorización para acceder a los despachos de fiscales que intervenían en esos procesos. Tampoco figuraban como letrados en ninguna de las causas. Su presencia, según el informe preliminar, «no se corresponde con ninguna función institucional reconocida».
Peramato advirtió sobre los riesgos de la politización judicial
La fiscal general no se limitó a defender su institución. Alertó sobre un peligro mayor: «Cuando el control parlamentario se convierte en fiscalización permanente de decisiones técnicas, se erosionan las garantías procesales». Citó expresamente el artículo 124 de la Constitución, que establece la independencia de los órganos judiciales, y recordó que la Fiscalía actúa «con sujeción exclusiva a la ley y al derecho».
Su intervención generó reacciones inmediatas. El PP calificó su actitud de «omisión deliberada». Vox exigió su dimisión. Pero también hubo respaldo: el grupo de Sumar y varios senadores independientes subrayaron que «negarse a violar el secreto sumarial no es opacidad, es cumplimiento».
La autonomía fiscal está blindada, pero no es inmune a la presión
El marco legal es inequívoco. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíben expresamente cualquier injerencia externa. Las visitas no autorizadas, si se confirman como intentos de presión, podrían constituir delitos de coacciones a autoridad o prevaricación, según el Código Penal.
Pero el impacto real va más allá de lo jurídico. Afecta a la confianza ciudadana. Una encuesta de Sigma Dos, publicada el 18 de junio, revela que el 62 % de los españoles considera que la Fiscalía «está más expuesta a influencias políticas que hace cinco años». Esa percepción, aunque no coincida con los hechos probados, es un dato objetivo con consecuencias reales.
Claves del asunto
- Teresa Peramato rechazó responder sobre las visitas de Leire Díez alegando reserva sumarial, no opacidad institucional.
- Díez y Teijelo están investigados por la Audiencia Nacional por presunta influencia en causas judiciales vinculadas al PSOE.
- La Fiscalía General actúa bajo el amparo del artículo 124 de la Constitución y la LOPJ, que garantizan su independencia.
- El 62 % de los ciudadanos percibe una mayor politización de la Fiscalía, según Sigma Dos.
La tensión no se disipó con su salida de la sala. Quedó suspendida, como un eco. Porque cuando una fiscal general debe defender la independencia no con argumentos técnicos, sino con la negativa a hablar, algo ha cambiado en el equilibrio entre poderes. Y ese cambio no se mide en sentencias, sino en minutos de silencio en el Senado.
