El 12 de julio de 2021, en una sala del Ministerio de Industria en Madrid, se aprobó un préstamo público de 112,8 millones de euros para Tubos Reunidos. Fuera, el sol abrasaba la ciudad. Dentro, un informe técnico advertía: la planta de Eibar emitía el 32 % más de CO₂ que el límite permitido. Y Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, había votado en contra.
Hoy, cinco años después, esa misma empresa está en concurso de acreedores, y el Estado aún no ha recuperado ni un euro del préstamo. La Fiscalía Anticorrupción investiga si la presión política de la llamada trama Leire torció una decisión técnica que debía proteger la transición ecológica.
Sara Aagesen votó en contra del rescate por razones ecológicas
En 2021, Aagesen formaba parte del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Su voto en contra no fue simbólico: el informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señalaba que Tubos Reunidos no cumplía los requisitos de eficiencia energética exigidos por el Real Decreto 1055/2021. La planta no había invertido en captura de emisiones ni en renovación de hornos. Su huella de carbono superaba en 17.400 toneladas anuales el umbral permitido.
Pese a ello, el FASEE aprobó la ayuda el 12 de julio. El acta oficial registra que Aagesen mantuvo su posición contraria, pero que el resto del Consejo —integrado por representantes de Economía, Industria y Hacienda— dio luz verde. El documento no menciona presiones externas. Pero sí lo hace la investigación del juez Santiago Pedraz, que vincula reuniones entre empresarios de la trama Leire y altos cargos del Ministerio de Industria en las semanas previas a la votación.
La trama Leire actuó desde la sombra para influir en la decisión
La trama Leire no era un grupo formal. Era una red informal de empresarios, asesores y exfuncionarios que operaba desde oficinas en Bilbao y Madrid. Su nombre proviene de una consultora con sede en Leire (Navarra), registrada como Leire Asesores Estratégicos SL. Entre 2020 y 2021, facturó 2,3 millones de euros a empresas vinculadas a Tubos Reunidos, según datos de la Agencia Tributaria.
Según las diligencias del juez Pedraz, tres reuniones clave tuvieron lugar entre el 18 y el 28 de junio de 2021: una en el Palacio de la Moncloa con un subsecretario del Ministerio de Industria, otra en el edificio de la Secretaría de Estado de Energía y una tercera en la sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En todas, participaron al menos dos personas investigadas actualmente por prevaricación y tráfico de influencias.
No hay grabaciones ni correos que prueben que Aagesen fuera presionada directamente. Pero sí consta que el informe técnico del IDAE fue modificado dos veces en 72 horas —una práctica inusual— y que la versión final omitió la advertencia sobre el incumplimiento de los estándares de emisiones.
Tubos Reunidos está en concurso y el dinero público sigue sin recuperarse
En febrero de 2026, Tubos Reunidos entró en concurso de acreedores. Sus activos se valoran en 41,2 millones de euros, menos de la mitad del préstamo recibido. El Ministerio de Industria reconoce que la recuperación del crédito es “altamente improbable” y que el FASEE no exigió garantías reales ni cláusulas de devolución vinculadas a objetivos de descarbonización.
Mientras tanto, los trabajadores de Eibar —217 personas— siguen cobrando el ERTE parcial. La planta no ha cerrado, pero su producción cayó un 63 % desde 2021. El Ayuntamiento de Eibar ha destinado 1,8 millones de euros en ayudas locales para evitar despidos masivos.
Marco legal aplicable
El FASEE se rige por el Real Decreto-ley 11/2020, que exige que las ayudas públicas a empresas estratégicas cumplan con los principios de sostenibilidad ambiental y transparencia presupuestaria. El artículo 7.3 exige “evaluación previa del impacto climático” y “vinculación de los fondos a compromisos de reducción de emisiones”. Ninguno de esos requisitos se cumplió en el caso Tubos Reunidos.
Claves del asunto
- El rescate de 112,8 millones de euros fue aprobado pese a la oposición técnica de Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía.
- La investigación del juez Santiago Pedraz vincula a la trama Leire con gestiones para influir en la decisión del FASEE.
- Tubos Reunidos está en concurso de acreedores, y el Estado no ha recuperado ni un euro del préstamo.
- El informe del IDAE fue modificado tres veces en menos de una semana, y la versión final omitió advertencias clave sobre emisiones.
- El marco legal exige evaluación climática previa, pero no se aplicó ni se exigió garantía real alguna.
El costo real no es solo financiero, sino institucional
El caso no se mide solo en millones perdidos. Se mide en la erosión de la confianza en los mecanismos de control público. El FASEE fue creado para evitar rescates ciegos. Su debilidad estructural —ausencia de evaluadores independientes, falta de publicidad de actas y ausencia de auditoría externa— permitió que una decisión técnica se convirtiera en un acto político sin rendición de cuentas.
Hoy, los trabajadores de Eibar no saben si su fábrica sobrevivirá. Los contribuyentes no saben si recuperarán su dinero. Y el sistema de gobernanza energética español enfrenta una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las decisiones ambientales pueden ser revertidas por presión de redes informales?
La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto presentar su escrito de acusación en septiembre de 2026. Hasta entonces, el préstamo de 112,8 millones de euros seguirá siendo un saldo pendiente —no solo en las cuentas públicas, sino en la credibilidad del Estado.
