Tel Aviv, 24 de junio de 2026. El Tribunal del Distrito de Tel Aviv escuchó en silencio mientras Benjamin Netanyahu, de traje oscuro y voz firme, cerraba su testimonio de 18 meses con una frase que resonó en los pasillos del edificio: «No buscaron un delito, buscaron a un hombre». Fuera, manifestantes sostenían pancartas con la palabra «Justicia» en hebreo y árabe. Dentro, el primer ministro israelí negó categóricamente los tres cargos: fraude, soborno y abuso de confianza, y acusó a la Fiscalía de actuar como un aparato represivo.
Netanyahu calificó la investigación como propia de un Estado policial
Durante más de dos horas, el mandatario desplegó un discurso que mezcló argumentos jurídicos, referencias históricas y denuncias políticas. Su comparación con la Stasi, la policía secreta de la antigua Alemania Oriental, no fue una metáfora aislada. La usó como eje estructural de su defensa: «No han encontrado nada porque no ocurrió nada». El juez Oded Shaham, quien preside el tribunal, interrumpió en dos ocasiones para recordarle que el juicio no era un acto político, sino un proceso penal con pruebas documentales, mensajes de WhatsApp, grabaciones y testimonios de excolaboradores.
El caso más grave gira en torno a supuestos acuerdos con Shaul Elovich, propietario del portal digital Walla News, a cambio de cobertura mediática favorable. Según la Fiscalía, Netanyahu y su familia recibieron beneficios valorados en más de 1,2 millones de shekels (unos 300.000 euros) entre 2012 y 2016. El exministro de Comunicación Yoaz Hendel, testigo clave, declaró que el primer ministro presionó para que Walla publicara artículos que desacreditaran a sus rivales políticos.
El juicio es el primero contra un primer ministro en ejercicio en Israel
Este proceso marca un hito institucional. Nunca antes un jefe de gobierno israelí había sido juzgado mientras ocupaba el cargo. La ley israelí no exige su renuncia, pero sí limita sus funciones si se dicta una sentencia condenatoria. El Tribunal del Distrito de Tel Aviv tiene plazo hasta diciembre de 2027 para emitir veredicto. Si se confirma la culpabilidad, Netanyahu podría enfrentar hasta 10 años de prisión, aunque la Fiscalía ha pedido penas más bajas por su condición de funcionario público.
El marco legal se sustenta en la Ley de Ética Pública de 1992, reformada en 2021 para fortalecer la transparencia en los cargos electivos. También aplica la Ley de Corrupción de Funcionarios, que castiga el intercambio de favores por beneficios personales. Sin embargo, la defensa argumenta que las acciones de Netanyahu se enmarcaron en «actividades legítimas de comunicación institucional», no en actos de corrupción.
El apoyo político y diplomático sigue intacto
A pesar del juicio, Netanyahu conserva el respaldo de su coalición de gobierno y de figuras internacionales clave. El expresidente estadounidense Donald Trump lo ha calificado públicamente como «un aliado incuestionable», y el presidente israelí Isaac Herzog, aunque institucionalmente neutral, recibió una solicitud formal de indulto. No obstante, la Constitución israelí otorga al presidente poderes muy limitados en materia de indultos para casos penales en curso.
En el Parlamento, la oposición ha exigido una reforma urgente del sistema de nombramiento de fiscales, tras denuncias de presiones internas y falta de rotación en cargos clave. Un informe de la Comisión de Ética del Knesset, publicado en mayo, reveló que el 68 % de los fiscales superiores en casos de alto perfil no fueron renovados tras su primer mandato, lo que alimenta sospechas sobre la independencia real del cuerpo.
Las consecuencias trascienden el tribunal
Más del 30 % de la población israelí en edad de jubilarse sigue trabajando, según datos del Bureau Central de Estadísticas. En ese contexto, el juicio de Netanyahu no es solo un caso penal: es un espejo de la tensión entre autoridad y rendición de cuentas. Ciudadanos de Tel Aviv, Haifa y Beersheba han organizado foros comunitarios para debatir el futuro de la justicia. En Sderot, una maestra de primaria dijo: «Mis alumnos preguntan si un líder puede mentir y seguir siendo líder. No tengo una respuesta fácil».
Claves del asunto
- Benjamin Netanyahu enfrenta tres cargos penales: fraude, soborno y abuso de confianza.
- El caso más grave involucra supuestos favores a Shaul Elovich y el portal Walla News, con beneficios valorados en 300.000 euros.
- La Fiscalía israelí está bajo escrutinio por su independencia tras denuncias de presión política y falta de rotación.
- El veredicto está previsto para diciembre de 2027, y una condena podría llevar a hasta 10 años de prisión.
- El presidente Isaac Herzog recibió una solicitud formal de indulto, aunque su capacidad legal para concederlo es mínima.
Antecedentes del caso
El proceso comenzó en 2020, tras una investigación de la Policía Nacional israelí que duró tres años. Las acusaciones se basan en mensajes de WhatsApp entre Netanyahu y su secretario personal, grabaciones de conversaciones con Elovich y declaraciones de excolaboradores como Nir Hefetz, quien admitió haber manipulado información para beneficiar al primer ministro. El juicio se ha desarrollado en medio de una profunda polarización social: el 52 % de los israelíes lo considera «justo», según una encuesta de Midgam Research de junio de 2026, mientras que el 44 % lo ve como «una caza de brujas».
