Un olor a resina quemada y humo denso envolvía el aire cerca de la carretera A-342 cuando los primeros vecinos de Los Gallardos salieron corriendo con bolsas de ropa y niños en brazos. A las 14:07 horas del 10 de julio de 2026, el fuego ya había consumido 3.500 hectáreas y cobrado 12 vidas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo calificó desde el Puesto de Mando Avanzado como una «tragedia mayúscula», mientras técnicos seguían buscando a 23 personas no localizadas.
El fuego que atrapó a dos grupos en una ratonera
El incendio no se comportó como uno típico de zonas forestales. Comenzó en la cuneta de una carretera, según los primeros informes técnicos, posiblemente por un fallo en un poste de conexión privada de electricidad. En menos de 20 minutos, el fuego saltó de lo urbano a lo forestal. Los vientos alcanzaron 50 km/h, empujando las llamas por una orografía abrupta y fragmentada. Esa combinación hizo que dos grupos de vecinos, que huían por caminos secundarios sin coordinación, quedaran atrapados. Las autoridades lo describieron como una «ratonera»: sin vías de escape claras, sin cobertura móvil y con poca señalización.
No se activó ES-Alert por riesgo de confusión
A pesar de la magnitud del siniestro, no se emitió ningún mensaje a través del sistema ES-Alert, el mecanismo oficial de alerta temprana en España. Juanma Moreno explicó que los técnicos del Plan Infoca y Protección Civil recomendaron no usarlo. «Aquí había casos en los que había que confinar y otros en los que tenían que salir de casa; podía generar mucha más confusión que acierto«, dijo. Además, la dispersión de viviendas, la falta de cobertura en zonas montañosas y la necesidad de emitir hasta tres mensajes distintos —uno por cada tipo de acción— hicieron inviable su uso. El sistema, diseñado para alertas homogéneas, no estaba preparado para una emergencia tan heterogénea.
La orografía y la dispersión urbana agravaron la catástrofe
Los Gallardos no es un núcleo urbano compacto. Es una zona de viviendas diseminadas, muchas de ellas construidas sin licencia y sin acceso a redes de agua contra incendios. El terreno, con pendientes superiores al 60 % en algunos tramos, impidió el despliegue rápido de medios aéreos y terrestres. Los equipos de extinción tardaron más de 90 minutos en alcanzar los puntos más críticos. Según fuentes de la Dirección General de Protección Civil, el 40 % de las viviendas afectadas no figuraba en los registros oficiales, lo que retrasó la identificación de personas en riesgo.
Antecedentes: una zona con historial de vulnerabilidad
Desde 2020, el Ayuntamiento de Níjar, al que pertenece Los Gallardos, recibió tres informes de la Junta de Andalucía sobre riesgo de incendio por acumulación de biomasa y falta de cortafuegos. Ninguno se ejecutó por falta de presupuesto municipal. En 2023, un estudio del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) advirtió que la zona era de «alta susceptibilidad» ante incendios por sequía prolongada y suelos arenosos que favorecen la propagación del fuego.
Claves del asunto
- El incendio causó 12 muertos y dejó 23 personas no localizadas, según el último balance oficial.
- El fuego se originó en la cuneta de la A-342, con indicios de origen eléctrico en una conexión privada.
- Los vientos de 50 km/h y la orografía abrupta permitieron una propagación de urbano a forestal en menos de 20 minutos.
- No se activó el sistema ES-Alert por recomendación técnica: la heterogeneidad del riesgo hacía inviable un mensaje único.
- Al menos el 40 % de las viviendas afectadas no estaban registradas en los catastros municipales ni en los planes de emergencia.
La tragedia ocurre en un contexto de récord de temperaturas en Andalucía: julio de 2026 es el más cálido desde 1961, con 14 días consecutivos por encima de los 42 °C en la provincia de Almería. El Plan Infoca está operativo desde el 1 de junio, pero los recursos humanos y materiales se han visto tensionados por la simultaneidad de otros 7 incendios activos en la región. El marco legal aplicable incluye la Ley 3/2022 de Protección Civil, la Directiva 2013/113/UE sobre alertas tempranas y el Decreto 145/2021 de la Junta de Andalucía, que obliga a actualizar los planes de autoprotección en zonas de alto riesgo. Hasta la fecha, ningún propietario de conexión eléctrica privada ha sido citado formalmente por la Fiscalía de Medio Ambiente.
