El sol de la tarde del domingo 12 de julio de 2026 caía sobre el monolito de Ermua mientras Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, pronunciaba con voz firme: «Este pacto encapuchado entre Pedro Sánchez y Bildu es la mayor de las traiciones». Alrededor, cientos de ciudadanos guardaban silencio. A su lado, Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado, miraba fija al monumento que lleva el nombre de su hermano. Hacía 29 años que ETA lo secuestró, lo mantuvo 48 horas en una casa de la provincia de Álava y lo asesinó a tiros en un descampado de Erandio.
El homenaje que se convirtió en denuncia política
El acto en Ermua no fue solo un recuerdo. Fue un escenario de confrontación simbólica. La presencia de líderes de UPN, PP, Ciudadanos y representantes de víctimas marcó un frente común contra lo que califican como «normalización del terrorismo». La presidenta de UPN, Ana Belén Álvarez, subrayó que «resistir no es solo recordar: es exigir justicia para los 376 asesinatos de ETA aún sin esclarecer».
El discurso de Gamarra no se limitó a la condena moral. Apuntó directamente a decisiones gubernamentales recientes: el acercamiento de presos etarras, la inclusión de representantes de Bildu en mesas de diálogo institucional y la reciente modificación del Reglamento del Congreso que facilitó la participación de la formación en comisiones parlamentarias clave.
El legado de Miguel Ángel Blanco sigue vivo
Miguel Ángel Blanco tenía 29 años cuando fue asesinado el 12 de julio de 1997. Su muerte desató la Marcha de la Dignidad, una movilización masiva que reunió a más de dos millones de personas en toda España. Su familia, especialmente su madre María del Mar Blanco, se convirtió en símbolo de la resistencia civil al chantaje terrorista.
El peso de la memoria institucional
El expresidente José María Aznar, presente en el acto, recordó que ETA usó el secuestro de Blanco como «una herramienta de presión para exigir la dispersión de presos». Destacó la «firmeza ejemplar de la familia» y advirtió que «blanquear a quienes no condenan a ETA o pactan con ellos es socavar el fundamento ético de la democracia».
En ese mismo escenario, el Ministerio del Interior ha mantenido desde 2023 un protocolo de coordinación con el Gobierno Vasco para la gestión de procesos de reinserción. Pero, según datos del Centro de Estudios sobre el Terrorismo y la Violencia Política (CETVP), solo el 12 % de los presos de ETA cumplen los requisitos legales para acceder a permisos penitenciarios, pese a que el 68 % ha recibido al menos un acercamiento desde 2022.
El marco legal que regula el diálogo y la memoria
La Ley 27/2022, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo, establece que «ningún acuerdo institucional podrá implicar la legitimación de organizaciones terroristas ni la dilución de su responsabilidad penal». Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha emitido tres sentencias desde 2024 que reafirman la libertad de participación política de formaciones que condenen expresamente la violencia, incluso si su origen histórico está vinculado a entornos abertzales.
El Consejo de Estado, en su dictamen 2025/047, advirtió que «el diálogo institucional debe distinguirse claramente de la negociación política con actores que no han asumido plenamente la responsabilidad histórica». Esa distinción es precisamente el eje de la crítica del PP y otros partidos.
Las consecuencias para las víctimas y sus familias
Para María del Mar Blanco, la hermana de Miguel Ángel, cada nuevo acuerdo genera «una nueva herida abierta». En una entrevista reciente con Radio Nacional, afirmó: «No pedimos venganza. Pedimos que no se olvide que su muerte no fue un accidente: fue un crimen premeditado, con nombre y apellidos».
Según el Observatorio de Víctimas del Terrorismo, el 73 % de los familiares consultados en 2026 considera que «las políticas de memoria se han debilitado en los últimos años». Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró un aumento del 18 % en consultas psicológicas por duelo traumático vinculado al terrorismo entre 2024 y 2026.
Claves del asunto
- El PP denuncia un «pacto encapuchado» entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Bildu, vinculándolo con decisiones sobre presos de ETA.
- Se exigen esclarecimientos sobre los 376 asesinatos de ETA aún sin resolver, según datos oficiales del Ministerio de Justicia.
- La Ley 27/2022 prohíbe la legitimación de organizaciones terroristas en acuerdos institucionales.
- El Tribunal Constitucional ha validado la participación de Bildu en instituciones, siempre que condenen expresamente la violencia.
- El Observatorio de Víctimas del Terrorismo alerta de un aumento del 18 % en duelo traumático entre familiares desde 2024.
