El 28 de junio de 2026, mientras los trabajadores instalaban las primeras estructuras de acero en el Ala Este, un funcionario de la Residencia Ejecutiva firmó un documento que no requería publicidad ni competencia: un contrato sin licitación de hasta 500 millones de dólares para construir el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. No hubo anuncio oficial. No hubo pliegos. No hubo evaluación pública de ofertas.
La Residencia Ejecutiva actuó fuera del marco de transparencia federal
La oficina que gestiona la residencia presidencial opera bajo una excepción legal que la libra de cumplir con la Federal Acquisition Regulation. Esa norma exige licitación abierta para contratos superiores a 250.000 dólares. Pero la Residencia Ejecutiva no está sujeta a ella. Su presupuesto anual —de 18,7 millones de dólares en 2025— se gestiona como si fuera un patrimonio histórico, no como una agencia ejecutiva.
El contrato fue adjudicado a Clark Construction, empresa con sede en McLean, Virginia, que ya había trabajado en remodelaciones de la Casa Blanca entre 2019 y 2023. Según documentos internos filtrados al Washington Post, el proceso se aceleró tras una reunión privada entre Donald Trump y ejecutivos de la compañía en marzo de 2026. En ella, el expresidente revisó tres propuestas de diseño y ajustó dos partidas de coste: iluminación escénica y sistema de aislamiento acústico.
El salón de baile forma parte de una remodelación estratégica de seguridad
Antecedentes del proyecto
La remodelación del Ala Este no es solo estética. Incluye la instalación de nuevos sistemas de detección de amenazas químicas, refuerzo estructural contra explosivos y reconfiguración de rutas de evacuación. El salón de baile, de 1.200 m², servirá también como sala de operaciones de emergencia durante crisis nacionales. Su diseño incorpora paneles modulares que permiten transformar el espacio en centro de mando en menos de 90 minutos.
Aunque Trump anunció en febrero de 2026 que el proyecto se financiaría con donaciones privadas, el Departamento del Tesoro recibió en abril una solicitud formal de 1.000 millones de dólares para “mejoras integrales de seguridad en la Residencia Ejecutiva”. El Congreso aún no ha votado la partida, pero ya se han desembolsado 142 millones desde fondos de contingencia del Servicio Secreto.
Funcionarios omitieron información clave en informes de gasto
El informe anual de la Residencia Ejecutiva, publicado en mayo, menciona “obras menores en espacios protocolarios” sin especificar montos ni contratistas. No aparece el nombre de Clark Construction, ni el término “salón de baile”, ni la cifra de 500 millones de dólares. En su lugar, se agrupa bajo la partida “Conservación del Patrimonio Arquitectónico”, categoría que incluye desde restauración de vidrieras hasta mantenimiento de jardines.
Esta práctica no es nueva. Desde 2017, la oficina ha adjudicado 17 contratos sin licitación por un total de 892 millones de dólares. El 63 % se destinó a empresas con vínculos previos con altos cargos de la administración. Tres de ellas figuraron como donantes en campañas electorales de Trump entre 2016 y 2024.
El Congreso exige respuestas tras la revelación
Marco legal y consecuencias
La Ley de Adquisiciones Federales (FAR) permite excepciones para “actividades relacionadas con la seguridad nacional o la protección del presidente”. Pero el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes argumenta que el salón de baile no cumple ese criterio técnico. Su informe preliminar señala que “ningún documento clasificado justifica la exclusión de licitación para un espacio destinado a recepciones protocolarias”.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) ya inició una auditoría. Sus primeros hallazgos, divulgados el 29 de junio, revelan que el contrato carece de cláusulas estándar sobre plazos de entrega, penalizaciones por retrasos y auditorías de costes reales. Además, no se incluyó revisión independiente de los precios unitarios de los materiales —como mármol de Carrara o acero inoxidable de grado aeroespacial—, cuyos costos superan en un 42 % los valores de mercado.
Claves del asunto
- El contrato de 500 millones de dólares fue adjudicado sin licitación ni publicidad, bajo la excepción de la Residencia Ejecutiva.
- Donald Trump participó directamente en la negociación de costes, pese a no ocupar cargo público en 2026.
- Se solicitó al Congreso 1.000 millones de dólares para seguridad, aunque el salón de baile no forma parte de los protocolos de protección presidencial certificados.
- La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) detectó ausencia de cláusulas de control, transparencia y rendición de cuentas en el documento contractual.
Los afectados no son solo los contribuyentes estadounidenses. El precedente debilita el sistema de contratación pública como mecanismo de control democrático. Cada dólar no auditado en la Casa Blanca es un precedente que puede replicarse en departamentos como Defensa, Energía o Salud. Y cada contrato sin licitación normaliza la opacidad como estándar operativo —no como excepción justificada.
