Jésica Rodríguez entró ayer en la Audiencia Nacional con la mirada fija, el paso rápido y las manos apretadas contra el bolso. A su paso, los flashes cortaron el aire del pasillo 3. Era su primera comparecencia ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo. No declaró ante los medios. Pero su silencio ya hablaba de un caso que sacude la confianza en la gestión de empresas públicas estratégicas.
Jésica Rodríguez está bajo investigación por contrataciones irregulares en empresas del sector transporte
El juez Ismael Moreno ha citado formalmente a Rodríguez como investigada por presuntas irregularidades en su contratación en dos sociedades públicas: Ineco, la ingeniería dependiente del Ministerio de Transportes, y Transetec, empresa vinculada al sector ferroviario. Según la investigación, Rodríguez percibió salarios mensuales durante varios meses sin prestar servicios efectivos en ninguno de los dos puestos.
La fiscalía sostiene que su incorporación no respondió a necesidades técnicas ni a procesos de selección transparentes. En Ineco, su superior directo era Joseba García, hermano del exconsejero de Transportes Koldo García, figura central del caso. En Transetec, su contratación estuvo vinculada a Ignacio Zaldívar, también citado como investigado.
La expresidenta de Adif habría facilitado su acceso a puestos públicos
Un elemento clave del sumario es el papel de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, la empresa pública gestora de la infraestructura ferroviaria. Fuentes judiciales indican que Pardo de Vera habría emitido instrucciones internas para favorecer la incorporación de Rodríguez tras su salida de Ineco, en un movimiento que los investigadores califican de “puerta giratoria institucional sin justificación funcional”.
Este vínculo refuerza las sospechas de que las contrataciones obedecieron a relaciones personales más que a criterios técnicos o de mérito. Rodríguez mantuvo una relación sentimental con José Luis Ábalos, exministro de Transportes entre 2018 y 2021, cargo desde el que supervisaba directamente tanto a Ineco como a Adif.
Antecedentes del caso Koldo
El caso Koldo se abrió en 2024 tras una denuncia interna sobre presuntas prácticas de nepotismo y contratación opaca en empresas del sector transporte. Su nombre proviene de Koldo García, exconsejero del Gobierno vasco y exdirector general de Transportes en el Ministerio de Fomento. El caso ha derivado en cinco investigaciones paralelas y ya ha llevado a juicio a tres altos cargos de Renfe, Adif y Ineco.
Marco normativo aplicable
Las contrataciones cuestionadas se enmarcan en la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público, que exige transparencia, publicidad y mérito en la selección de personal en entidades estatales. También incumplirían el Real Decreto Legislativo 5/2015, que regula el Estatuto de los Trabajadores en el sector público, al no acreditar prestación efectiva de servicios.
Las consecuencias reales para los ciudadanos y la administración
Cada contrato irregular representa un coste real para las arcas públicas. Según cálculos preliminares de la Intervención General del Estado, las nóminas percibidas por Rodríguez en ambos puestos ascendieron a más de 120.000 euros en 18 meses. Ese dinero podría haber financiado 24 puestos técnicos reales en mantenimiento ferroviario o formación para jóvenes ingenieros.
Más allá de lo económico, el caso erosiona la credibilidad de las empresas públicas estratégicas. En un momento en que el Gobierno impulsa el Plan de Recuperación y Resiliencia con 12.000 millones para infraestructuras, cada sombra sobre la gestión de Ineco, Adif o Renfe ralentiza la confianza de los auditores europeos y afecta la asignación de fondos.
El caso Koldo expone grietas en la supervisión de sociedades mercantiles estatales
A diferencia de los organismos públicos sujetos al control directo del Tribunal de Cuentas, sociedades como Ineco o Transetec operan bajo el régimen de derecho privado, aunque su capital sea 100 % estatal. Esa ambigüedad ha permitido prácticas opacas durante años. El Ministerio de Hacienda ya ha anunciado una reforma del Real Decreto 1107/2021, que regula el control financiero de estas entidades, para exigir informes trimestrales de contratación y publicación obligatoria de perfiles de puesto.
Claves del asunto
- El juez Ismael Moreno citó a Jésica Rodríguez como investigada por cobrar en Ineco y Transetec sin trabajar.
- Su contratación en Ineco fue supervisada por Joseba García, hermano de Koldo García, figura central del caso.
- Isabel Pardo de Vera, exmáxima responsable de Adif, habría facilitado su tránsito a otra empresa pública.
- Las nóminas irregulares suman más de 120.000 euros, según estimaciones de la Intervención General del Estado.
- El caso activa la Ley 40/2015 y exige reformas en el control de sociedades estatales con régimen privado.
