Una puerta entreabierta en una vivienda de la calle Costa Verde de Petrer. El cartel de ‘subasta judicial’ aún pegado al marco. Dentro, el eco de pisos vacíos y familias que llevan tres años buscando alquiler sin éxito.
La Agencia Tributaria ha lanzado una subasta inusual: 901 euros por el 50 % de una vivienda en Petrer (Alicante). No es un anuncio viral ni una broma. Es el reflejo de una crisis que ya no se mide en porcentajes, sino en puertas cerradas, contratos rotos y listas de espera de más de 400 personas para un solo piso en alquiler social.
La vivienda se ha convertido en el primer problema de los españoles
Según el último Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado en enero de 2026, la vivienda supera al empleo y a la sanidad como principal preocupación ciudadana. En Alicante, el precio medio del alquiler subió un 13,3 % en doce meses. Un estudio de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alicante revela que el 68 % de los jóvenes de entre 25 y 34 años vive aún con sus padres —no por elección, sino por imposibilidad económica.
El inmueble en subasta no es un caso aislado. Forma parte de un paquete de 27 viviendas embargadas por la Agencia Tributaria en la provincia durante el primer semestre de 2026. El 82 % de ellas corresponde a deudas fiscales menores de 15.000 euros.
El 50 % de una casa por menos de mil euros no es un regalo, es una señal de alarma
La subasta no ofrece la propiedad total. Solo el 50 % de la titularidad, con todas las limitaciones legales que eso implica: necesidad de acuerdo con el copropietario, imposibilidad de hipotecar o vender sin consentimiento, y responsabilidad solidaria en gastos comunitarios. El precio mínimo —901 euros— no incluye tasación, impuestos ni gastos de gestoría, que suman al menos 12.000 euros adicionales.
Este tipo de subastas se ha multiplicado un 41 % en la Comunidad Valenciana desde 2024. La mayoría son viviendas de protección oficial que, tras embargos por impagos de IBI o IRPF, terminan en el Portal de Subastas del BOE, sin garantías de habitabilidad ni inspección previa.
Antecedentes: ¿cómo se llegó a subastar una vivienda por menos de mil euros?
El inmueble de Petrer fue adquirido en 2015 por una familia con préstamo hipotecario y ayudas de la Generalitat. En 2022, tras una baja médica prolongada del cabeza de familia, se acumularon deudas con la Agencia Tributaria por IRPF no presentado y cuotas de autónomos no abonadas. El embargo se ejecutó en 2025. La vivienda no fue adjudicada en subasta anterior por falta de pujas. Ahora, con el 50 % en venta, se abre una puerta estrecha —pero también peligrosa— para inversores y particulares.
La ley de segunda oportunidad no llega a tiempo para miles de familias
El Real Decreto-ley 1/2023, conocido como la ley de segunda oportunidad, permite la exoneración de deudas para particulares insolventes. Pero su aplicación en casos como el de Petrer es lenta: el procedimiento dura entre 14 y 22 meses. Mientras tanto, los embargos avanzan. En Alicante, solo el 12 % de las solicitudes presentadas ante los juzgados de lo mercantil en 2025 obtuvieron resolución favorable antes de la subasta.
La Ley de Vivienda de 2023, vigente desde 2024, obliga a los ayuntamientos a destinar al menos el 30 % de suelo urbanizable a vivienda protegida. Pero en Petrer, el 91 % del suelo calificado como ‘vivienda’ sigue sin edificar. No hay planes aprobados ni licencias concedidas desde 2023.
Claves del asunto
- La Agencia Tributaria subasta el 50 % de una vivienda en Petrer por 901 euros, reflejo de una cadena de impagos y falta de mecanismos de protección temprana.
- El precio medio del alquiler en Alicante subió un 13,3 % en 2025, según el INE, y el esfuerzo hipotecario supera el 42 % de los ingresos medios familiares.
- El Barómetro CIS de enero de 2026 sitúa la vivienda como la principal preocupación de los españoles, por encima del empleo y la sanidad.
- Solo el 12 % de las solicitudes de segunda oportunidad en Alicante se resolvieron favorablemente antes de la subasta judicial en 2025.
Los afectados no son solo deudores: son vecinos, padres, jubilados y jóvenes sin alternativa
Detrás del número 901 hay una familia que dejó de pagar el IBI en 2022 tras la pérdida de ingresos. Hay un joven arquitecto que pujó en tres subastas desde 2024 y aún no ha conseguido su primer piso. Hay una asociación de vecinos de Petrer que denuncia que, de las 17 viviendas embargadas en su barrio, 12 están vacías desde 2023 y dos ya sufrieron saqueos.
La Ley de Vivienda prevé sanciones a propietarios que mantengan inmuebles vacíos más de dos años. Pero su aplicación depende de los ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Petrer no ha abierto expediente sancionador alguno en 2026.
El esfuerzo familiar ya no se mide en horas de trabajo, sino en kilómetros recorridos para alquilar, en llamadas a inmobiliarias sin respuesta y en subastas donde el precio mínimo no es una oportunidad, sino un espejismo.
