La historia de Mikel Zabalza, un joven navarro que fue detenido y murió en 1985 tras una operación de la Guardia Civil, ha resurgido en el ámbito político español. Este caso, que ha dejado una huella profunda en la memoria colectiva, ha sido objeto de debate en el Congreso, donde partidos como el PNV y Bildu han solicitado la desclasificación de toda la documentación relacionada. La versión oficial de su muerte, que sostiene que se ahogó tras intentar escapar, ha sido cuestionada por familiares y testigos que afirman que Zabalza fue víctima de torturas durante su detención.
La detención de Zabalza ocurrió en un contexto de intensa actividad terrorista en España, cuando ETA estaba en su apogeo. La Guardia Civil argumentó que Zabalza podía proporcionar información valiosa sobre la organización terrorista, aunque nunca se ha confirmado su vinculación con ella. Tras su arresto, Zabalza fue llevado al cuartel de Intxaurrondo, donde quedó incomunicado. Durante su detención, otros arrestados denunciaron torturas, pero estas denuncias no prosperaron en los tribunales.
La desaparición de Zabalza fue seguida por una búsqueda desesperada por parte de su familia. Su madre, al no encontrar respuestas en el cuartel, fue informada de que debía preguntar en «objetos perdidos». La versión oficial sostiene que Zabalza se lanzó al río Bidasoa mientras estaba bajo custodia, pero su cuerpo fue encontrado 20 días después, esposado y en condiciones que contradicen la narrativa oficial. La falta de erosiones en su cuerpo y la ausencia de signos de haber estado en el agua durante tanto tiempo han alimentado las sospechas de que su muerte fue el resultado de torturas.
A lo largo de los años, varios testimonios han corroborado la teoría de que Zabalza fue asesinado. Testigos han hablado de los «ruidos guturales» que escucharon durante su detención, y algunos han descrito el uso de métodos de tortura como el «método de la bañera», que consiste en sumergir a un detenido hasta casi asfixiarlo. A pesar de las evidencias y los testimonios, el caso fue archivado en 1988 por falta de pruebas concluyentes, y hasta la fecha, no se han depurado responsabilidades penales.
En años recientes, los gobiernos vasco y navarro han reconocido a Mikel Zabalza como víctima de abusos policiales, pero el camino hacia la justicia sigue siendo complicado. La actual administración ha condicionado la desclasificación de documentos a la aprobación de una nueva Ley de Información Clasificada, que aún está pendiente de tramitación en el Congreso. Esta situación ha generado frustración entre los familiares de Zabalza y los partidos que buscan esclarecer los hechos.
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha cuestionado al presidente Pedro Sánchez sobre cuándo se permitirá el acceso a los informes relacionados con el caso. Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha manifestado su disposición a desclasificar la documentación, siempre que lo solicite un tribunal y no afecte a la seguridad nacional. Sin embargo, la falta de avances en la nueva ley ha llevado a la oposición a criticar al Gobierno por su inacción.
La historia de Mikel Zabalza es un recordatorio de los oscuros capítulos de la historia reciente de España, donde la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo una tarea pendiente. La desclasificación de documentos podría arrojar luz sobre lo sucedido y permitir que la familia y la sociedad en general encuentren respuestas a las preguntas que han quedado sin resolver durante décadas. La presión política y social para esclarecer este caso es más fuerte que nunca, y la esperanza de que se haga justicia sigue viva entre quienes buscan recordar y honrar la memoria de Mikel Zabalza.
