El 16 de julio de 2026, en una sala del edificio de la Audiencia Provincial de Madrid, un juez leyó una resolución que hizo temblar los cimientos del protocolo político español: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. No es la primera vez que un familiar directo de un jefe de Estado español enfrenta un proceso penal, pero sí la primera en que se activa el juicio por jurado —mecanismo reservado a delitos graves— contra una figura de su entorno inmediato.
La Audiencia Provincial de Madrid confirma el juicio por jurado
El tribunal no solo ratificó la acusación, sino que descartó tres de los cinco delitos que inicialmente se le imputaban. No hay indicios suficientes para juzgarla por corrupción en los negocios ni por apropiación indebida, según el fallo. Esa exclusión reduce el alcance del caso, pero no su impacto simbólico. El juez instructor había vinculado a Gómez con el uso irregular de fondos públicos destinados a la Fundación Cibervoluntarios, donde ejerció como presidenta honorífica entre 2022 y 2024. La fiscalía sostiene que se autorizaron gastos personales con recursos de la entidad, incluido el uso de un software institucional para fines privados.
Moncloa califica la causa de «política» y denuncia desinformación
Horas después de la resolución, el Palacio de la Moncloa emitió un comunicado contundente: «La investigación se originó en una denuncia falsa, amplificada por medios que difundieron noticias falsas sin verificación». El texto subraya que Gómez no percibió remuneración alguna en la fundación y que su participación fue estrictamente institucional y sin cargo ejecutivo. El gobierno insiste en que el caso forma parte de una estrategia de desgaste, y recuerda que la propia Fiscalía General del Estado archivó en 2025 una investigación previa por falta de indicios.
Antecedentes del caso
La causa se originó en una denuncia presentada en febrero de 2025 por una ONG competidora, que alegó irregularidades en la gestión de subvenciones públicas. El juzgado de instrucción número 27 de Madrid abrió diligencias y, tras 16 meses de investigación, envió el caso a la Audiencia Provincial. Durante ese tiempo, se practicaron más de 40 diligencias: análisis contables, peritajes informáticos y declaraciones de 12 testigos, entre ellos excolaboradores de la fundación y técnicos de la Agencia Estatal de Contratación Pública.
Cristina Álvarez, asistente de Gómez, sigue procesada por malversación
La resolución mantiene el procesamiento de Cristina Álvarez, asistente personal de Gómez, únicamente por el uso particular de un programa informático de la fundación. El tribunal considera que hubo una apropiación indebida de software valorado en 12.400 euros, aunque descarta su responsabilidad en los supuestos desvíos de fondos mayores. Álvarez no ocupaba cargo directivo, pero sí tenía acceso administrativo al sistema. Su caso se juzgará junto al de Gómez, aunque con distinto alcance probatorio.
Marco legal aplicable
El juicio por jurado se rige por la Ley Orgánica 5/1995, que lo reserva a delitos con pena superior a cinco años. La malversación, en su modalidad agravada, puede conllevar hasta 12 años de prisión. Sin embargo, el Código Penal español exige una prueba inequívoca de intención dolosa y de perjuicio efectivo al erario. El tribunal reconoce que no existe prueba contundente de que Gómez conociera o autorizara los gastos cuestionados, pero sí de que su figura institucional fue utilizada para legitimar decisiones operativas.
Las consecuencias reales para la confianza ciudadana
Un sondeo de CIS publicado en junio de 2026 revela que el 68 % de los españoles considera que el caso afecta negativamente la imagen de la institución presidencial. El 54 % cree que el juicio por jurado —más cercano al ciudadano— aumenta la transparencia; pero el 41 % teme que se politice aún más el proceso. En los barrios de Madrid y Barcelona, comerciantes y vecinos consultados por este medio coinciden: «No es lo mismo que juzguen a un funcionario que a la mujer del presidente. Aquí se juega la credibilidad de todos».
Claves del asunto
- La Audiencia Provincial de Madrid confirmó el juicio por jurado para Begoña Gómez, pero descartó tres de los cinco delitos imputados.
- El caso se centra en el uso de fondos de la Fundación Cibervoluntarios, entidad subvencionada con dinero público.
- Cristina Álvarez, su asistente, sigue procesada únicamente por malversación de software valorado en 12.400 euros.
- Moncloa califica la investigación de «causa política» y señala que partió de una denuncia falsa y noticias falsas.
- El juicio se enmarca en la Ley Orgánica 5/1995, que exige una pena mínima de cinco años para activar el jurado popular.
