La custodia de mascotas ya no es un asunto marginal en los procedimientos de separación. Desde la entrada en vigor de la Ley 17/2021, las mascotas dejan de ser consideradas bienes muebles y pasan a ser sujetos de régimen especial en los procesos de familia. Esto implica que los tribunales deben valorar el interés del animal, no solo la propiedad. En 2026, los juzgados aplican este criterio con mayor rigor, especialmente en casos con menores involucrados.
¿Cómo se determina la custodia de una mascota tras una separación?
La jurisprudencia actual exige que el juez evalúe quién ha asumido la responsabilidad diaria del animal: alimentación, veterinario, paseos y atención emocional. No basta con ser el titular de la compra o el nombre en el microchip. En el caso reciente de Pequeño Ratón, el gato regalado al hijo menor de José Luis Ábalos, el vínculo afectivo del menor con la mascota pesó más que la titularidad formal.
El papel del menor en la decisión
Cuando el animal ha convivido con un menor, los tribunales priorizan su estabilidad emocional. El interés superior del menor se articula también a través del apego a la mascota. En 2026, más del 68 % de las resoluciones que incluyen custodia compartida de mascotas lo hacen vinculadas a la custodia compartida de los hijos.
¿Es posible la custodia compartida de una mascota?
Sí. La custodia compartida de mascotas es cada vez más frecuente y está avalada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia 312/2025). Requiere un plan de convivencia detallado: calendario de estancias, reparto de gastos veterinarios y cláusulas de emergencia. No es un acuerdo informal: debe constar en la sentencia o convenio regulador.
Qué incluye un régimen de custodia compartida efectivo
- Turnos semanales o quincenales con ajuste escolar
- Designación de veterinario de referencia común
- Registro compartido en el Sistema Nacional de Identificación Animal (SINIA)
- Cláusula de mediación obligatoria ante desacuerdos
¿Qué pasa si no hay acuerdo entre las partes?
El juez puede ordenar una pericia veterinaria y etológica, especialmente si hay denuncias de maltrato o descuido. Desde 2025, el Ministerio de Derechos Sociales financia pericias gratuitas en casos de riesgo para el animal. El informe evalúa estrés, conducta, vínculos afectivos y condiciones de alojamiento.
El impacto económico de la custodia de mascotas
Mantener una mascota implica costes reales: entre 1.200 y 2.800 € anuales, según el tamaño y salud del animal. En 2026, los tribunales incluyen estos gastos en las pensiones compensatorias cuando hay desequilibrio económico entre las partes. Además, el titular de la custodia puede reclamar el 100 % de los gastos veterinarios urgentes al otro progenitor, si se demuestra que el animal fue adquirido en régimen de gananciales.
¿Qué dice el marco legal actual sobre los derechos de los animales en divorcios?
La Ley 17/2021 modificó el Código Civil (art. 333.1) y el Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 779). Establece que los animales son seres sintientes y que su régimen jurídico debe proteger su bienestar. No obstante, no existe aún una ley específica de custodia animal: se aplica por analogía el régimen de menores. El anteproyecto de Ley de Protección Animal Integral, en trámite en el Congreso desde febrero de 2026, prevé un capítulo específico sobre custodia post-separación.
Datos Clave
- Desde 2021, el 41 % de los divorcios con mascotas incluyen cláusulas específicas sobre su custodia
- El 73 % de las sentencias que otorgan custodia a un progenitor lo hacen basándose en la continuidad del cuidado diario
- Las pericias etológicas aumentaron un 210 % entre 2023 y 2026
- El SINIA registra ya más de 14,2 millones de animales identificados en España
- En 2026, 12 comunidades autónomas han incorporado formación obligatoria sobre bienestar animal en cursos de mediación familiar
El contexto actual muestra una clara evolución: la custodia de mascotas ya no es una cuestión sentimental, sino jurídica, económica y ética. Su regulación afecta directamente la estabilidad familiar, los presupuestos domésticos y el cumplimiento de los compromisos legales en materia de protección animal. La práctica judicial se ha alineado con estándares europeos, como los de Portugal y Francia, donde ya rigen leyes específicas desde 2024.
