El Tribunal Supremo ha activado un procedimiento judicial contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez. El juez Manuel Marchena solicitó formalmente al Parlamento Europeo el suplicatorio para investigar presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. El caso afecta directamente la inmunidad parlamentaria y pone en tensión el equilibrio entre libertad de expresión y responsabilidad penal en el ámbito europeo.
¿Qué es un suplicatorio y por qué lo pidió el Tribunal Supremo?
Un suplicatorio es una solicitud formal para levantar la inmunidad parlamentaria de un diputado. Esta inmunidad protege a los eurodiputados de procesos penales mientras ejercen su mandato. Pero no es absoluta: se puede retirar si hay indicios razonables de delito.
El juez Marchena fundamentó su petición en conductas públicas de Alvise Pérez. Entre ellas, instó a sus seguidores a presionar y perseguir a dos eurodiputados tras una ruptura política. Esa llamada a la acción se considera potencialmente coercitiva y amenazante.
¿Qué conductas investiga el Tribunal Supremo?
- Publicaciones en redes que incitan a la presión sistemática contra colegas.
- Uso de información privada o sensible en contextos públicos.
- Patrones repetidos de hostigamiento digital con impacto real en la integridad psicológica de terceros.
¿Qué pasa si el Parlamento Europeo aprueba el suplicatorio?
Si la Eurocámara acepta la solicitud, Alvise Pérez pierde su inmunidad para los hechos investigados. Eso permite al juez avanzar con citaciones, declaraciones, análisis de mensajes y, eventualmente, una imputación formal.
En abril de 2026, el Parlamento ya había levantado su inmunidad en otro caso de acoso, lo que refuerza un patrón de conducta bajo escrutinio. La decisión actual no es automática: requiere mayoría cualificada y se votará en comisión competente.
¿Cuál es el marco legal aplicable?
- El Estatuto de los Diputados al Parlamento Europeo (Reglamento 2023/1245).
- El Código Penal español, especialmente los artículos sobre acoso (208 ter) y revelación de secretos (197).
- La Convención Europea de Derechos Humanos, que exige proporcionalidad al limitar inmunidades.
¿Qué impacto tiene este caso en la política española y europea?
Este suplicatorio no es un caso aislado. Refleja una creciente tensión entre la protección institucional y la rendición de cuentas digital. En España, más de 12 eurodiputados han enfrentado solicitudes similares desde 2022. En la UE, el número de levantamientos de inmunidad creció un 40 % entre 2024 y 2026.
Económicamente, los procesos judiciales contra cargos electos generan costes públicos estimados en 180.000 € por caso en fase de instrucción. Además, afectan la credibilidad de los partidos y la confianza ciudadana en los mecanismos de control interno.
¿Qué dice la doctrina jurisprudencial?
- El Tribunal Supremo ha reiterado que la inmunidad no protege actos ajenos al ejercicio parlamentario.
- El Tribunal de Justicia de la UE ha señalado que las redes sociales no son un “espacio exento” de responsabilidad.
- La Sala de lo Penal ha diferenciado entre crítica política legítima y conducta persecutoria sistemática.
¿Qué ocurre con los derechos del eurodiputado durante la investigación?
Alvise Pérez conserva todos sus derechos procesales: defensa técnica, acceso a la prueba y recurso contra decisiones. Pero pierde la protección frente a detención o citación judicial mientras dure el proceso. Su condición de eurodiputado no lo exime de comparecer ante el juez.
Datos Clave
- El suplicatorio se basa en hechos ocurridos entre noviembre de 2025 y marzo de 2026.
- Alvise Pérez fue elegido en las elecciones europeas de 2024 con más de 420.000 votos.
- El Parlamento Europeo dispone de 30 días hábiles para responder a la solicitud.
- En 2025, el 68 % de los suplicatorios solicitados por España fueron aprobados por la Eurocámara.
- El caso se tramita en la Audiencia Nacional, no en juzgados locales.
Este procedimiento marca un precedente para futuras investigaciones contra cargos electos en entornos hiperconectados. La línea entre libertad de expresión y acoso digital sigue siendo objeto de interpretación judicial en tiempo real. La respuesta del Parlamento Europeo definirá no solo el destino de Alvise Pérez, sino también los límites de la inmunidad en la era de las redes sociales.
