El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz ha entrado en su fase decisiva. La Unidad Central Operativa (UCO) investiga si se creó un puesto ad hoc en 2017 para adjudicárselo. El caso involucra a exaltos cargos del PSOE y al asesor de Moncloa Luis Carrero, también contratado ese año. La fiscalía y siete acusaciones populares exigen claridad jurídica y transparencia administrativa.
¿Qué implica una contratación ad hoc en una diputación provincial?
Una contratación ad hoc es aquella diseñada específicamente para una persona, sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estas prácticas vulneran la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia: crear puestos sin perfil funcional real o sin concurso público válido constituye infracción grave. En este caso, la UCO alega que el cargo de David Sánchez carecía de descripción funcional objetiva y no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia.
El rol de los órganos de control
La Intervención General de la Administración del Estado y la Auditoría de Cuentas de Extremadura deben supervisar contratos superiores a 18.000 euros. El contrato de Sánchez superó esa cifra. Su ausencia de fiscalización previa es un fallo sistémico.
¿Puede un familiar directo de un jefe de Gobierno ser contratado en una institución pública?
Sí, pero bajo estrictas condiciones. La Ley 19/2013 de Transparencia exige publicidad plena, evaluación objetiva y ausencia de conflicto de intereses. No basta con que el familiar no tenga cargo político: debe descartarse cualquier influencia en la decisión de contratación.
En este caso, el hecho de que Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño y entonces presidente de la Diputación, haya impulsado la contratación, sumado al posterior nombramiento de Luis Carrero en Moncloa, activa alertas de cooptación institucional.
La doctrina del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas ha sancionado en 2025 a tres diputaciones por contrataciones familiares sin justificación técnica. En todos los casos, se exigió la devolución de fondos y se calificó la conducta como falta de lealtad institucional.
¿Qué consecuencias legales y económicas tiene este caso?
Si se confirma la irregularidad, las consecuencias son triples: anulación del contrato, responsabilidad patrimonial del ente y posibles sanciones penales por prevaricación. Económicamente, la Diputación de Badajoz podría enfrentar una reclamación de hasta 120.000 euros por salarios percibidos sin base legal.
Además, el caso afecta la credibilidad de los procesos de selección en entidades locales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 62 % de los ciudadanos considera que las contrataciones públicas en España carecen de transparencia real.
El impacto en la confianza ciudadana
Cada caso de este tipo reduce un 7,3 % la confianza en las instituciones locales, según el Barómetro del CIS de abril de 2026. Esa desafección se traduce en menor participación en procesos electorales y menor cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales.
¿Qué dice la Fiscalía General del Estado sobre los cargos de confianza?
La Fiscalía ha emitido una instrucción interna en marzo de 2026: los cargos de confianza deben justificarse mediante memoria técnica firmada por el secretario general y aprobación expresa del pleno. Ninguno de esos requisitos se cumplió en la contratación de David Sánchez.
La propia Fiscalía Anticorrupción ha abierto una línea paralela de investigación sobre la posible existencia de una trama de enchufes en entidades provinciales del PSOE.
Datos Clave
- La contratación se realizó en 2017, sin concurso público ni perfil funcional publicado.
- El cargo no aparece en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación.
- Luis Carrero, asesor de Moncloa hasta 2023, fue contratado en el mismo proceso.
- La UCO ha identificado 11 acusados, incluidos exaltos cargos del PSOE y funcionarios de carrera.
- El Ministerio Fiscal pide la nulidad del acto y la responsabilidad personal de los firmantes.
El caso trasciende lo individual. Refleja tensiones estructurales entre meritocracia administrativa, lealtad partidaria y control democrático. En un contexto de déficit de técnicos en administraciones locales —España necesita 42.000 albañiles, 18.000 electricistas y 9.000 funcionarios especializados—, cada contratación irregular desvía recursos críticos y erosiona la legitimidad del Estado de Derecho.
