El viernes 26 de junio de 2026, bajo el sol de Santiago de Compostela, los parlamentarios del PP se reunieron con urgencia. No era una sesión ordinaria: era una alerta roja. En la mesa, un documento que podría redefinir la financiación autonómica, la gestión de infraestructuras y la relación entre Madrid y Galicia. La AP-9, esa autopista que une A Coruña con Vigo y atraviesa el corazón de la comunidad, ya no es solo una vía: es un símbolo de soberanía, de deuda y de desconfianza institucional.
La AP-9 ya no es solo una carretera: es un conflicto institucional
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la proposición de ley orgánica que transfiere a la Xunta de Galicia tanto la gestión como la titularidad plena de la AP-9. El acuerdo fue posible gracias al triángulo PSOE-BNG-Sumar, que rechazó las enmiendas del PP. Pero lo que en Madrid se celebró como un paso hacia la autonomía real, en Galicia generó una carta oficial de protesta. La Xunta exigió regresar a la propuesta inicial, aprobada meses atrás en el Parlamento gallego, que contemplaba solo la gestión, no la propiedad.
El cambio no es técnico: es político y financiero. Al asumir la titularidad, la Xunta se convierte en propietaria de una infraestructura valorada en 4.000 millones de euros, según cálculos del PP. Esa cifra no es una estimación genérica: es el coste estimado de la deuda pendiente, mantenimiento futuro y responsabilidades legales que el Estado dejaría de asumir.
El PP alerta: 4.000 millones de euros en riesgo para Galicia
Pedro Puy, portavoz del PP en el Parlamento gallego, lo dejó claro en la reunión de Santiago: su partido votó para mantener “el texto completo con todas las garantías financieras para Galicia”. Para el PP, el nuevo modelo no garantiza que el Estado siga cubriendo los costes de conservación, seguridad o modernización. Y sin esas garantías, la Xunta podría verse obligada a asumir gastos que hoy corren por cuenta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Esa incertidumbre ya tiene nombre: riesgo fiscal autonómico. Galicia no es la única comunidad con autopistas cedidas, pero sí la primera en recibir la titularidad sin un marco financiero vinculante. El PP insiste en que el traspaso tal como se ha aprobado carece de mecanismos de compensación, y que la Xunta podría terminar pagando por una infraestructura que no construyó y cuyo uso no controla del todo.
La Xunta exige volver a la propuesta original del Parlamento gallego
La tensión no es solo entre partidos: es entre instituciones. La Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda, envió una carta formal al Ministerio de Transportes exigiendo regresar al texto inicial. Ese texto, aprobado en el Parlamento gallego, no incluía la cesión de la titularidad. Solo la gestión operativa. La Xunta argumenta que ese modelo garantizaba estabilidad jurídica y previsibilidad presupuestaria.
El cambio de rumbo llegó con el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar. Para ellos, la titularidad es el paso lógico tras décadas de gestión delegada. Pero para la Xunta, es un salto al vacío. No hay un convenio de financiación firmado. No hay un plan de inversión a diez años. No hay un protocolo de revisión de tarifas ni de responsabilidad en caso de siniestros estructurales.
Antecedentes: una autopista con historia de litigios
La AP-9 nació como una autovía de alta capacidad en los años 90, financiada con fondos estatales y europeos. En 2003, se convirtió en autopista de peaje. En 2016, el Gobierno central la despeajó, pero mantuvo la titularidad. Desde entonces, su gestión ha estado a cargo de la Xunta mediante convenios anuales. El debate actual no es nuevo: ya surgió en 2022, pero se archivó por falta de consenso. Ahora, con mayoría progresista en el Congreso, ha vuelto con fuerza —y con consecuencias reales.
Las consecuencias reales para los gallegos
Los efectos no serán abstractos. Si la Xunta asume la titularidad sin financiación garantizada, podrían recortarse inversiones en otras carreteras secundarias. O subir los impuestos locales para compensar el déficit. También hay riesgo para los usuarios: sin claridad sobre tarifas futuras, podría reactivarse el debate sobre peajes ocultos o tasas de uso. Además, los convenios de mantenimiento con empresas privadas podrían renegociarse con menos margen de maniobra.
El marco legal aplicable es la Ley Orgánica 3/1995, que regula las transferencias de competencias, y el Estatuto de Autonomía de Galicia, que reconoce la competencia en carreteras de titularidad autonómica. Pero la AP-9 no es una carretera cualquiera: es una vía de interés general del Estado, y su traspaso requiere una ley orgánica específica —la que ahora está en juego.
Claves del asunto
- La cesión de la AP-9 incluye titularidad y gestión, no solo operación.
- El PP estima un impacto fiscal de 4.000 millones de euros para Galicia.
- La Xunta de Galicia exige regresar al texto aprobado en el Parlamento gallego.
- No existe un convenio financiero vinculante que garantice los costes futuros.
- La ley orgánica aún debe superar el Senado y la posible revisión del Tribunal Constitucional.
