El 23 de junio de 2026, en una oficina del edificio de la Xunta en Santiago de Compostela, María M. Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, sellaba una carta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente. El sobre contenía una exigencia clara: regresar a la propuesta inicial de transferencia de la AP-9, antes de que el Congreso debatiera su versión modificada.
La vía de peaje que une A Coruña con Vigo no es solo asfalto y túneles. Es un símbolo de autonomía, un activo económico de 1.200 millones de euros en ingresos anuales y un punto de fricción entre partidos gallegos y el Gobierno central. Ahora, esa tensión ha estallado en pleno trámite parlamentario.
La Xunta rechaza el pacto entre PSOE, BNG y Sumar
La conselleira María M. Allegue no firma una mera nota técnica. Su carta es una réplica política al acuerdo alcanzado a finales de mayo entre PSOE, BNG y Sumar, que modificó sustancialmente el texto original de la proposición de ley orgánica. Ese nuevo pacto excluyó cláusulas clave exigidas por Galicia, como la garantía de mantenimiento de los estándares de seguridad y la vinculación del canon de peaje a la inversión real en la autovía.
El Parlamento de Galicia aprobó, hace seis días, una proposición no de ley impulsada por el PPdeG, con el rechazo del BNG y el PSdeG. El texto no tiene rango legal, pero sí peso político: reafirma el compromiso de la Xunta con la transferencia solo si se respeta el acuerdo inicial, firmado en 2024 tras años de negociación.
El Congreso avanza con un texto que Galicia no reconoce
La Comisión de Transportes del Congreso dio luz verde la semana pasada al informe de la ponencia de la proposición de ley. El visto bueno llegó con los votos en contra de PP y Vox, lo que evidencia la fractura. El debate final se celebrará el jueves 25 de junio en el pleno del Congreso.
Si se aprueba, la gestión de la AP-9 pasará de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes a la Xunta. Pero la conselleira Allegue advierte: sin el texto original, la transferencia carece de legitimidad institucional en Galicia.
Antecedentes del conflicto
La AP-9 forma parte de la Red de Carreteras de Titularidad Estatal, pero su explotación ha estado históricamente vinculada a Galicia. En 2022, el Gobierno central y la Xunta firmaron un protocolo para su traspaso gradual. En 2024, se acordó una fórmula de gestión compartida con garantías de inversión mínima anual: 180 millones de euros. El pacto de mayo de 2026 eliminó esa cifra fija y la sustituyó por una fórmula de reparto basada en ingresos recaudados.
Marco legal y competencias
La transferencia se sustenta en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre carreteras interurbanas, pero permite su cesión a las comunidades autónomas mediante ley orgánica. La proposición en trámite es la primera de este tipo en la historia de Galicia. Su aprobación requerirá mayoría absoluta en el Congreso, lo que complica su aprobación sin el apoyo del PP.
La AP-9 no es solo una carretera: es empleo, seguridad y soberanía territorial
Más de 12.000 trabajadores dependen directa o indirectamente de la AP-9: desde personal de mantenimiento y control de peaje hasta empresas de señalización, limpieza y emergencias. La Xunta estima que su gestión directa permitiría reducir un 12 % los tiempos de respuesta en incidencias, gracias a la descentralización de los centros de control.
Además, el 78 % de los usuarios de la AP-9 son gallegos. La conselleira Allegue subraya que “una carretera que atraviesa el corazón de Galicia no puede regirse por criterios que no contemplen su realidad geográfica, demográfica y económica”.
El Gobierno central mantiene su posición
Fuentes del Ministerio de Transportes aseguran que el texto actual “garantiza la continuidad de la inversión y refuerza la coordinación con las infraestructuras ferroviarias y portuarias gallegas”. Sin embargo, no han respondido públicamente a la carta de la Xunta ni han anunciado reunión bilateral para resolver el desacuerdo.
Claves del asunto
- La Xunta exige volver al texto original de la proposición de ley orgánica, aprobado en 2024 y respaldado por unanimidad en el Parlamento gallego.
- El pacto entre PSOE, BNG y Sumar modificó 7 de los 12 puntos clave, incluyendo la inversión mínima anual y los mecanismos de control de calidad.
- La transferencia depende de una ley orgánica, cuyo trámite final se produce el 25 de junio en el Congreso.
- El PPdeG y Vox votaron en contra del informe en la Comisión de Transportes, lo que pone en duda su aprobación sin negociación adicional.
- La AP-9 genera ingresos anuales superiores a 1.200 millones de euros, y su gestión directa por Galicia implicaría la creación de 450 puestos de trabajo estables.
La tensión no es técnica. Es política, territorial y simbólica. Y su resolución no se decidirá solo en el Congreso, sino también en los ayuntamientos, las asociaciones de transportistas y las oficinas de la Xunta que ya preparan los primeros planes de mantenimiento anticipado —por si la ley sale adelante.
