Un correo interno de Red.es, fechado el 17 de marzo de 2021, advertía: «Barrabés no ha presentado el Libro Blanco exigido. Si se exige a los demás, se rompe la igualdad». Nadie lo detuvo. Cuatro días después, el contrato de 4.2 millones de euros fue adjudicado.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que Red.es omitió deliberadamente un requisito esencial en la licitación pública: la entrega del Libro Blanco de Transformación Digital, documento obligatorio para todos los licitadores. Aun así, la entidad pública validó la oferta de Juan Carlos Barrabés, empresario con múltiples contratos públicos bajo escrutinio.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a la Fiscalía Europea y que ya ha derivado en diligencias sobre al menos tres adjudicaciones a empresas vinculadas a Barrabés. Una de ellas incluye una carta de aval firmada por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
Red.es adjudicó el contrato sin cumplimiento del requisito obligatorio
El informe de la UCO revela que el Libro Blanco no era un mero anexo: era un criterio de exclusión explícito en las bases de la licitación. Su ausencia debió haber descalificado automáticamente la oferta de Barrabés. En cambio, el equipo técnico de Red.es —bajo la dirección de Luis Prieto Cuerdo, entonces director de Economía Digital— elaboró informes que silenciaron la falta.
Correos internos muestran cómo se acordó «no hacer referencia al Libro Blanco en la valoración final» para evitar cuestionamientos. Uno de los mensajes, enviado desde una cuenta institucional, señala: «Si lo mencionamos, habrá recurso. Mejor no tocarlo».
Prieto Cuerdo está actualmente investigado por la UCO por su papel en tres contratos adjudicados a empresas de Barrabés entre 2020 y 2022. Ninguno de los tres incluía el documento exigido. En total, el importe acumulado supera los 11,7 millones de euros.
La Fiscalía Europea amplía el alcance de la investigación
La Fiscalía Europea (OLAF) no actúa aisladamente. Su intervención se activó tras detectar indicios de «manipulación de criterios de adjudicación y falta de transparencia en procedimientos de contratación pública». El caso de Red.es forma parte de un paquete de expedientes que incluye contratos de Correos, Seguridad Social y Ministerio de Industria, todos con empresas del grupo Barrabés.
Una carta de aval firmada por Begoña Gómez, fechada en octubre de 2020, respaldaba la capacidad técnica de una de esas empresas para un proyecto de digitalización educativa. El documento no tenía valor jurídico vinculante, pero sí peso institucional. Fue citado en al menos dos informes técnicos de Red.es como «aval de confianza».
El Ministerio de Asuntos Económicos y Digital ha confirmado que Luis Prieto Cuerdo fue cesado en 2023, tras la apertura formal de la investigación. No se ha hecho pública la causa del cese, pero fuentes cercanas al organismo señalan que su salida coincidió con la entrega del primer atestado a la Fiscalía.
El marco legal vulnerado es claro y sancionable
La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece en su artículo 143 que «la falta de presentación de un documento exigido como condición de participación determina la exclusión automática». Además, el artículo 210 prevé sanciones administrativas para funcionarios que «actúen con dolo o negligencia grave en la evaluación de ofertas».
El Tribunal de Cuentas ya ha requerido documentación sobre los tres contratos. En su último informe anual, señaló que «la ausencia de controles cruzados en Red.es facilitó la repetición de irregularidades idénticas en distintas licitaciones».
Antecedentes: Barrabés y el ecosistema de contratos públicos
Juan Carlos Barrabés no es un nombre nuevo en los expedientes de control. Desde 2018, sus empresas han obtenido al menos 17 contratos públicos, 12 de ellos con entidades dependientes del Ministerio de Asuntos Económicos. Siete superan el millón de euros. Tres fueron adjudicados sin publicación previa de los informes técnicos de valoración.
En 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió una resolución crítica sobre la falta de «publicidad efectiva y no discriminatoria» en una licitación de Red.es gestionada por su equipo. No se aplicaron sanciones, pero sí se exigió un plan corrector.
Claves del asunto
- El contrato de 4.2 millones de euros fue adjudicado a pesar de la ausencia del Libro Blanco, requisito excluyente según la Ley de Contratos.
- Luis Prieto Cuerdo, exdirector de Economía Digital de Red.es, firmó los tres informes técnicos bajo investigación.
- Correos internos prueban la decisión deliberada de ocultar la falta del documento a los demás licitadores.
- La Fiscalía Europea investiga el caso por posible fraude a fondos públicos de la UE.
- Una carta de Begoña Gómez fue usada como aval institucional en al menos dos expedientes vinculados.
Las consecuencias reales para los ciudadanos
Cada euro mal gastado en contratación pública reduce la inversión en servicios esenciales. En este caso, los 4,2 millones adjudicados a Barrabés formaban parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado al 70 % con fondos europeos. Su uso irregular no solo pone en riesgo la devolución de esos fondos, sino que retrasa proyectos reales de digitalización escolar y administrativa.
Más de 300 ayuntamientos esperaban la entrega de plataformas adjudicadas en ese contrato. Hasta hoy, el 62 % de los módulos prometidos no han sido implementados. Usuarios finales —maestros, gestores locales, ciudadanos— siguen trabajando con sistemas obsoletos.
La confianza en la contratación pública se erosiona cuando los controles fallan. Y cuando los fallos se repiten, como en los tres contratos investigados, no se trata de errores aislados: se trata de un modelo de supervisión debilitado que requiere reforma estructural, no solo sanciones individuales.
