La exedil del PP entró en la sala del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 con una carpeta de papel manila y los puños apretados. No habló con los periodistas, pero su declaración ante la magistrada duró 47 minutos. Esa misma tarde, el auto judicial confirmó lo que muchos ya temían: la investigación contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, avanza sin pausa.
La jueza rechaza el recurso del alcalde y mantiene la investigación
La magistrada ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la defensa del alcalde. En su auto del lunes, ratificó la resolución del 15 de abril que dio luz verde a las diligencias previas. No hubo concesiones: ni nulidad, ni archivo, ni paralización. La instrucción sigue su curso con la declaración de la querellante ya incorporada al expediente.
El caso no es una denuncia aislada. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, los procedimientos por acoso sexual en cargos electos locales aumentaron un 32 % en 2025 respecto al año anterior. En la Comunidad de Madrid, siete alcaldes y concejales están bajo investigación por hechos similares.
El acoso laboral se entrelaza con el poder político
La exedil denunció que el presunto acoso no fue puntual, sino sistemático: reuniones fuera del horario institucional, mensajes con contenido íntimo, presión para retirar críticas públicas al equipo de gobierno y la retirada de responsabilidades tras su negativa a mantener una relación personal. Todo ocurrió entre octubre de 2025 y febrero de 2026, mientras ella formaba parte de la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento.
Esto no es un conflicto privado. Es un caso que pone en tensión el marco legal de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuyo artículo 172 ter del Código Penal tipifica el acoso sexual como delito cuando se ejerce sobre una persona en situación de dependencia laboral o jerárquica. La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer ya ha abierto una actuación de oficio.
Antecedentes: una gestión bajo escrutinio
Manuel Bautista lleva tres años al frente del Ayuntamiento de Móstoles. Su gobierno ha sido señalado por la Sindicatura de Cuentas por irregularidades en la contratación de asesorías externas y por la Comisión de Investigación del Parlamento regional por la falta de transparencia en los expedientes de suelo. En marzo de 2026, el Defensor del Pueblo recibió 12 quejas formales de empleados municipales sobre clima laboral tóxico.
La investigación se amplía con nuevas testigos
Tras la ratificación de la querellante, la jueza ha acordado la citación de tres funcionarios del área de Recursos Humanos y de la secretaria del Pleno. Ninguno ha sido imputado, pero sus declaraciones podrían aportar pruebas sobre la cadena de mando y la normalización de conductas abusivas. Uno de ellos, según fuentes judiciales, ya aportó un correo interno del 12 de enero en el que se advertía de “tensiones personales que afectan al rendimiento del equipo”.
El caso también activa el protocolo de prevención del acoso laboral del Ayuntamiento de Móstoles, aprobado en 2024 pero nunca aplicado. Hasta la fecha, no se ha abierto ninguna actuación interna ni se ha convocado el comité de igualdad previsto en el artículo 48 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Marco normativo: entre la protección y la impunidad estructural
La Ley 3/2022 para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres obliga a los entes locales a contar con protocolos accesibles y con canales seguros de denuncia. Pero el informe anual de la Inspección de Trabajo 2025 revela que solo el 28 % de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes han auditado su cumplimiento. En Móstoles, con 210.000 habitantes, no existe registro de dicha auditoría.
Claves del asunto
- La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha rechazado el recurso del alcalde y mantiene abierta la investigación por acoso sexual y laboral.
- La querellante, exedil del PP, denunció conductas sistemáticas entre octubre de 2025 y febrero de 2026, incluyendo presión jerárquica y mensajes íntimos.
- El caso se sustenta en el artículo 172 ter del Código Penal, que castiga el acoso sexual en contextos de dependencia laboral o institucional.
- La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer ha abierto actuación de oficio, y se han citado a tres testigos clave del Ayuntamiento.
- El Ayuntamiento de Móstoles no ha aplicado su propio protocolo de acoso laboral ni ha auditado su cumplimiento, pese a la obligación legal desde 2024.
Los afectados exigen respuestas, no silencios
Más de 40 trabajadores municipales han firmado un manifiesto interno exigiendo garantías de protección y la activación inmediata del comité de igualdad. “No queremos que esto se convierta en otro caso archivado por falta de pruebas”, dice una funcionaria del área de Servicios Sociales, que pide anonimato. “Queremos que se investigue cómo se normalizó el miedo.”
Mientras tanto, el Ayuntamiento sigue sin emitir comunicado oficial. La web municipal no ha actualizado su sección de transparencia con información sobre el caso. Y en el Pleno del 28 de junio, el alcalde Manuel Bautista defendió su gestión con un discurso centrado en la “estabilidad institucional” y la “confianza ciudadana”.
La sentencia no llegará antes de otoño. Pero lo que ya es irreversible es el precedente: una denuncia desde dentro del poder local ha superado la primera barrera judicial. Y eso, en Móstoles y en decenas de municipios, ya no se puede deshacer.
