En una sala del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, con los pantallas del Summit DigitalES proyectando gráficos de latencia y redundancia, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, anunció una medida sin precedentes: antes de fin de año, un real decreto obligará a todas las operadoras a mantener cuatro horas de cobertura móvil para el 75% de la población durante un corte eléctrico generalizado.
El dato no es teórico: en abril de 2026, un apagón afectó a más de 2,3 millones de hogares en Andalucía y Extremadura. Durante 92 minutos, las redes móviles colapsaron en zonas rurales y periféricas. Las llamadas de emergencia se retrasaron hasta 17 minutos en 14 municipios. Ese episodio, sumado a la erupción de La Palma y a la dana de octubre de 2024, aceleró la norma.
El Gobierno impone plazos y categorías técnicas a las telecos
El real decreto clasifica las instalaciones en tres niveles. Las de primer nivel, ubicadas en hospitales, centros de emergencias y sedes de Protección Civil, deberán operar 24 horas sin electricidad. Las de nivel intermedio, como antenas en núcleos urbanos de más de 50.000 habitantes, garantizarán 12 horas. El resto —la mayoría— tendrá que cubrir cuatro horas para el 75% de la población.
No se trata de una cobertura geográfica total, sino funcional: el 75% se calcula con algoritmos que priorizan densidad poblacional, rutas de evacuación y zonas críticas. Así, una antena en un polígono industrial de Zaragoza tendrá más exigencias que otra en un paraje de la Sierra de Gredos, aunque ambas estén en la misma provincia.
Las operadoras deben instalar baterías y planes de redundancia obligatorios
Cada operador —Movistar, Vodafone, Orange y MásMóvil — tendrá que presentar, antes de marzo de 2027, un plan de resiliencia aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Incluye baterías de litio de nueva generación, sistemas de generación híbrida (solar + batería) y protocolos de activación automática ante fallos en la red eléctrica.
El Ministerio estima que la inversión total oscilará entre 51 y 73 millones de euros, repartidos entre las cuatro compañías según su cuota de mercado y número de antenas. Movistar, con el 38% del mercado, asumirá cerca del 40% del coste. Ninguna operadora podrá alegar “imposibilidad técnica”: la norma exige soluciones probadas y certificadas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).
La norma nace de fallos reales y se aplica con marco legal vigente
El decreto no parte de cero. Se articula bajo la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Resiliencia Nacional y el Reglamento (UE) 2022/2554 sobre ciberseguridad de redes y servicios esenciales. Además, incorpora los estándares de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para infraestructuras críticas.
En 2025, la CNMC ya sancionó a dos operadoras por no cumplir con los planes mínimos de continuidad tras el apagón de abril. Ahora, la fiscalización será permanente: cada seis meses, las telecos deberán entregar informes de prueba de resistencia a cortes eléctricos simulados, auditados por entidades independientes acreditadas por el Ministerio de Asuntos Económicos.
Antecedentes que forzaron la norma
- La pandemia de Covid-19 reveló que el 32% de los centros de salud rurales perdían conectividad al caer la luz.
- La erupción del volcán de La Palma en 2021 dejó sin cobertura a 18.000 personas durante 36 horas consecutivas.
- La dana de octubre de 2024, que afectó a 1,2 millones de usuarios en Valencia y Murcia, provocó fallos en el 41% de las antenas de la zona.
El nuevo derecho digital ya tiene calendario y responsables
El decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Las operadoras tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para certificar el 100% de sus instalaciones de primer nivel, y hasta el 31 de diciembre de 2028 para el resto. El INCIBE supervisará las pruebas técnicas; la CNMC, el cumplimiento económico y contractual; y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la gestión de datos sensibles durante las emergencias.
Claves del asunto
- El real decreto obliga a 4 horas de cobertura móvil para el 75% de la población en apagones eléctricos.
- Las antenas se clasifican en tres niveles: 24 horas, 12 horas y 4 horas, según su ubicación y función.
- El coste estimado de adaptación es de entre 51 y 73 millones de euros, financiado íntegramente por las operadoras.
- La norma se aplica bajo la Ley General de Telecomunicaciones, el Reglamento UE 2022/2554 y la Ley de Resiliencia Nacional.
- Las primeras auditorías técnicas comenzarán en septiembre de 2026, con resultados públicos a partir de enero de 2027.
