La mañana del 26 de junio, en una oficina de Zaragoza, una joven de 28 años envió su baja laboral por boda. No sabía que su permiso no solo era legal, sino que 15 días naturales le correspondían íntegros y con sueldo completo. Tampoco sabía que su compañera de trabajo, que había registrado su unión civil dos meses antes, tenía exactamente el mismo derecho.
Este escenario se repite cada semana en miles de empresas españolas. Tres de cada cuatro trabajadores ignoran que el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores les garantiza un descanso retribuido por matrimonio o pareja de hecho, sin diferencias ni excepciones. No es un beneficio negociado: es un derecho irrenunciable, con plena cobertura de la Seguridad Social.
El permiso por matrimonio es un derecho laboral consolidado
No es un regalo ni una concesión empresarial. Es una obligación legal para toda empresa con trabajadores asalariados. Desde el 1 de enero de 2026, la aplicación de este permiso se ha reforzado con la actualización de los protocolos de inspección de trabajo, que incluyen revisiones sistemáticas en convenios colectivos y nóminas.
El permiso se computa en días naturales, no laborables. Esto significa que incluye fines de semana y festivos. Si una boda se celebra el viernes 12 de julio, el permiso abarca hasta el lunes 29, sin que el trabajador pierda un solo euro de su salario.
Parejas de hecho tienen los mismos derechos que los matrimonios
La igualdad no es una excepción: es la regla. El Estatuto de los Trabajadores no distingue entre vínculos civiles o religiosos. Tampoco exige certificados notariales ni plazos mínimos de convivencia. Basta con la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de la comunidad autónoma correspondiente —o, en su defecto, un documento acreditativo válido ante la empresa—.
En comunidades como Cataluña o Andalucía, más del 68 % de las parejas que formalizan su unión optan por el registro civil, no por el matrimonio. Y todas ellas acceden al mismo permiso: 15 días naturales retribuidos al 100 %, con cotización íntegra a la Seguridad Social.
¿Qué pasa si la empresa se niega?
No puede. La negativa constituye una infracción grave según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Las multas oscilan entre 7.501 y 225.018 euros, dependiendo de la gravedad y la reiteración. Además, el trabajador puede reclamar judicialmente la reincorporación inmediata y el pago de los salarios dejados de percibir.
El permiso se suma a vacaciones y festivos, sin límite de acumulación
Muchos creen que deben elegir entre usar el permiso por boda o sus vacaciones. No es así. El Estatuto de los Trabajadores establece que estos 15 días son independientes del periodo vacacional anual de 22 días laborables. Tampoco se descuentan los 14 festivos oficiales que rigen en la mayoría de provincias.
En la práctica, un trabajador puede tomar sus 15 días por boda en julio, sus 22 días de vacaciones en agosto y seguir disfrutando de los festivos de septiembre —como el Día de la Hispanidad— sin que la empresa pueda oponerse.
¿Y si la boda se pospone o cancela?
El permiso se mantiene si la fecha cambia dentro del mismo año natural. Si se reprograma para 2027, el derecho caduca. Pero si se celebra en diciembre de 2026 y se solicita en enero de 2026, la empresa debe concederlo siempre que se acredite la fecha prevista y se notifique con al menos cinco días de antelación.
Claves del asunto
- El permiso por matrimonio o pareja de hecho es de 15 días naturales retribuidos al 100 %.
- Está regulado por el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, norma de rango legal.
- No se pierde ni se reduce si se formaliza una unión civil en lugar de un matrimonio.
- La negativa empresarial es sancionable con multas que superan los 7.500 euros.
- Se suma íntegramente a las vacaciones anuales y a los festivos oficiales.
La normativa no es nueva, pero su aplicación sí ha ganado visibilidad tras la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Laboral 2025, que obliga a las empresas a incluir estos derechos en los manuales internos de acogida. En 2026, la Inspección de Trabajo ha abierto 142 expedientes por denuncias relacionadas con este permiso —un 40 % más que en 2025. La mayoría provienen de trabajadores jóvenes, especialmente de sectores como hostelería, comercio y servicios, donde la cultura de la informalidad aún persiste. Para ellos, saber que el ‘sí, quiero’ también es un derecho laboral cambia no solo la boda: cambia la forma de ejercer su empleo.
