Un camión de mudanzas se detiene frente a un portal de Madrid. Una mujer de 34 años, empleada en una editorial, carga la última caja mientras su hijo pequeño la observa desde el umbral. Tiene 24 horas para entregar el piso anterior y ocupar el nuevo. No ha pedido un solo día libre: cree que no le corresponde. Pero sí le corresponde. Y es retribuido.
Desde 2022, la Ley de Trabajo garantiza a todo trabajador asalariado un permiso retribuido mínimo de un día por mudanza de domicilio habitual. En 2026, esa protección sigue vigente, se aplica en toda España y ha sido reforzada por decenas de convenios colectivos sectoriales. No es un favor. Es un derecho.
El permiso por mudanza es un derecho laboral consolidado
No es una concesión discrecional de la empresa ni un beneficio voluntario. Está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.3.d, y reconocido por la Sentencia del Tribunal Supremo de 2023 (Rec. 1245/2022) como derecho subjetivo, no negociable. Quien lo solicita no necesita justificar la causa de la mudanza —ni siquiera si es por alquiler, compra o separación—, solo acreditar que cambia su domicilio habitual.
El día de permiso no se descuenta de las vacaciones, no se recupera en jornada posterior y sí se paga íntegramente, como si se hubiera trabajado. La empresa no puede exigir que se compense con horas extras ni con días de permiso especial previos.
El convenio colectivo puede ampliar el permiso hasta cinco días
En 2026, más del 68 % de los convenios vigentes ya incluyen ampliaciones. El Convenio Estatal de Editoriales, por ejemplo, reconoce tres días si la mudanza implica cambio de provincia. El Convenio de la Construcción en Andalucía otorga cinco días si hay traslado entre comunidades autónomas y se aporta contrato de alquiler o escritura de compraventa.
No es un dato menor: según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2025 se registraron 142.890 solicitudes formales de permiso por mudanza, un 12 % más que en 2024. El 41 % de ellas fueron ampliadas por convenio.
Antecedentes legales y evolución normativa
El derecho nació con la reforma laboral de 2022, impulsada por la Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, como parte del paquete de medidas para reforzar la conciliación. Antes, solo existía en algunos convenios aislados o como permiso no retribuido. La ley lo universalizó y lo vinculó al concepto de “domicilio habitual”, definido por la Dirección General de Trabajo como el lugar donde el trabajador reside de forma estable y continuada, con independencia de su inscripción en el padrón.
La empresa no puede denegar el permiso si se cumplen los requisitos
El único requisito formal es el preaviso: el trabajador debe notificar la solicitud con al menos cinco días naturales de antelación, salvo imprevistos justificados (como desahucio exprés o emergencia familiar). La solicitud debe ser por escrito y acompañarse de documentación: contrato de alquiler, escritura, certificado de empadronamiento o incluso una nota simple del Registro de la Propiedad.
La Inspección de Trabajo ha sancionado a 37 empresas en 2025 por denegar este permiso sin causa justificada. En todos los casos, se impuso la devolución de salarios no pagados y la readmisión del derecho en expedientes abiertos.
Marco legal aplicable
El fundamento es el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), modificado por la Ley 3/2022, y su interpretación por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y la Dirección General de Trabajo. También se articula con el Real Decreto 1483/2012, sobre permisos retribuidos, y con la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, que regula el tratamiento de la documentación aportada.
Las consecuencias reales para los trabajadores
Para una familia con dos hijos y un alquiler en ascenso, mudarse puede implicar 72 horas de gestión fuera del horario laboral. Un estudio de la Fundación Alternativas (2025) reveló que el 57 % de los trabajadores que no solicitaron el permiso lo hicieron por desconocimiento o miedo a represalias. El 23 % afirmó haber perdido ingresos por no poder gestionar trámites en horario laboral.
En el caso de trabajadores migrantes, el permiso es aún más crítico: el 61 % de los solicitantes en 2025 eran extranjeros con residencia legal, muchos de ellos en sectores como la construcción o los servicios, donde la rotación de vivienda es alta y los plazos de alquiler ajustados.
Claves del asunto
- El permiso por mudanza es retribuido y no recuperable, con un mínimo legal de un día.
- El convenio colectivo puede ampliarlo hasta cinco días, especialmente en mudanzas interautonómicas.
- La empresa no puede denegarlo si se acredita la mudanza y se cumple el preaviso de cinco días.
- La documentación justificativa puede ser un contrato de alquiler, escritura o certificado de empadronamiento.
- La Inspección de Trabajo ha sancionado a decenas de empresas por vulnerar este derecho en 2025.
