Madrid, 25 de julio de 2026. En una sala del Consejo de Seguridad de Nueva York, los embajadores revisan por sexta vez los informes de evaluación. El aire es tenso. António Guterres no buscará un tercer mandato. Y el reloj ya marca la cuenta atrás: la votación final se prevé para octubre.
La carrera por sucederlo no es solo diplomática: es una prueba de fuego para la credibilidad del sistema multilateral. Seis candidatos oficiales han superado la fase de nominación nacional y ahora enfrentan un escrutinio sin precedentes: entrevistas públicas, respuestas escritas a 27 preguntas técnicas y evaluaciones cruzadas por 15 Estados miembros permanentes y no permanentes.
Seis perfiles con trayectorias globales pero agendas locales
Cada candidato lleva consigo no solo su currículum, sino las expectativas de regiones enteras. Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex alta comisionada de Derechos Humanos, representa la apuesta por la justicia transicional y la reparación a víctimas de conflictos. Su propuesta incluye un mecanismo de alerta temprana vinculado a datos satelitales y redes comunitarias.
Rebeca Grynspan, costarricense y secretaria general iberoamericana, apuesta por una ONU descentralizada: 40% de su personal técnico operaría desde sedes regionales en Nairobi, Bogotá y Yakarta. Su plan prevé reducir un 30% los tiempos de respuesta ante emergencias humanitarias.
Rafael Mariano Grossi, argentino y director general del OIEA, lidera la propuesta más técnica: un sistema unificado de verificación nuclear y climática, con sensores compartidos entre agencias especializadas. Ya ha firmado acuerdos piloto con 12 países.
El Consejo de Seguridad define el ritmo y los límites
El proceso no es automático. El Consejo de Seguridad debe emitir una recomendación unánime o por mayoría calificada. Pero tres vetos —de Estados Unidos, Rusia o China— bastan para descartar a un candidato. En 2026, ese umbral se ha vuelto más alto: por primera vez, los cinco miembros permanentes acordaron exigir transparencia en los informes de financiación de campañas.
La presión aumenta. Macky Sall, expresidente de Senegal, ha denunciado públicamente que su evaluación fue retrasada 22 días sin justificación. María Fernanda Espinosa, ex presidenta de la Asamblea General, ha pedido que se publiquen los criterios de puntuación usados por los evaluadores.
Antecedentes del proceso abierto
Hasta 2016, la elección del secretario general era una operación discreta, casi secreta. La presión de la sociedad civil y la crisis de confianza tras los informes sobre negligencia en Sudán del Sur y Birmania impulsó una reforma. Desde entonces, el proceso incluye audiencias públicas, listas de preguntas estandarizadas y un portal digital con perfiles verificables.
En 2022, la Asamblea General aprobó la Resolución 77/273, que obliga a los Estados miembros a revelar cualquier vinculación financiera o institucional entre sus candidatos y corporaciones con contratos con la ONU. Esa norma ya ha generado tres desistimientos previos a la fase final.
Las propuestas coinciden en tres ejes estructurales
A pesar de sus diferencias, los seis candidatos coinciden en tres prioridades: reforzar la diplomacia preventiva, acelerar la reforma del Consejo de Seguridad y vincular los Objetivos de Desarrollo Sostenible con mecanismos de rendición de cuentas locales. Carolyn Rodrigues-Birkett, ex ministra de Relaciones Exteriores de Guyana, propone que cada país miembro designe un “observador climático nacional” con acceso directo al secretario general.
La reforma del Consejo de Seguridad es el punto más frágil. Todos los candidatos apoyan la ampliación a 15 miembros no permanentes, pero solo Grossi y Sall respaldan la incorporación de África como bloque permanente con derecho de veto condicionado.
Marco normativo aplicable
El proceso se rige por el Artículo 97 de la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 77/273 de la Asamblea General y las Directrices Operativas del Comité de Selección Independiente (2025). Estas exigen que al menos el 50% de los candidatos sean mujeres y que se garantice representación equilibrada por región, género y experiencia técnica.
En España, la Ley 26/2023 de Cooperación Internacional exige que el Gobierno informe al Congreso cada tres meses sobre el avance del proceso y los criterios de apoyo a candidatos.
Claves del asunto
- Seis candidatos oficiales compiten tras superar la fase de nominación nacional y evaluación técnica.
- El Consejo de Seguridad debe emitir una recomendación unánime o por mayoría calificada: tres vetos descartan automáticamente a un aspirante.
- Por primera vez, se exige transparencia en financiación de campañas y se publican los informes de evaluación por candidato.
- Todas las propuestas priorizan la diplomacia preventiva, la reforma del Consejo de Seguridad y la vinculación de los ODS con rendición de cuentas local.
