El aire acondicionado de la sala de prensa de la Embajada de España en Ankara apenas contenía el calor de la mañana del 8 de julio. Mientras los periodistas esperaban la llegada de Pedro Sánchez, un funcionario de la OTAN repartía folletos con la cifra: 13%. No era un dato de inversión en defensa, sino del déficit estructural que financiará los próximos presupuestos generales.
El presidente del Gobierno llegó con un discurso pulido y una hoja de ruta clara: reafirmar a España como «un aliado con principios». Pero detrás de esa frase resonante, el Ministerio de Hacienda ya había certificado que 13 de cada 100 euros del gasto público se financiarán con deuda. Una cifra que supera el 10% recomendado por la Comisión Europea y que marca un nuevo récord en la senda de déficit electoralista.
España asume compromisos militares mientras amplía su carga financiera
En Ankara, Sánchez subrayó el cumplimiento del compromiso de destinar el 2% del PIB a defensa para 2028, una meta que requiere un aumento anual de 1.200 millones de euros. Ese esfuerzo, sin embargo, no se compensa con ajustes fiscales: el Gobierno prevé un déficit del 3,1% del PIB en 2026, según el último informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El gasto militar no es el único que crece. El capítulo de transferencias a comunidades autónomas subirá un 5,4%, y el de pensiones, un 4,2%. Pero los ingresos tributarios solo avanzarán un 2,8%. Esa brecha se tapa con deuda. Y esa deuda, advierten economistas del Banco de España, se traduce en 1.800 millones de euros anuales en intereses adicionales para las próximas décadas.
La OTAN aplaude, pero los mercados observan con cautela
Durante la cumbre, los aliados elogiaron la “coherencia estratégica” de España. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó su “rol clave en el Vecindario Sur”. Pero en los despachos de los fondos de inversión de Fráncfort y Londres, la lectura fue distinta: la prima de riesgo española subió 12 puntos básicos en las horas posteriores al discurso de Sánchez.
El mensaje de “unidad” y “cohesión” no logró disipar las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. El Fondo Monetario Internacional ya había advertido en su informe de abril que “el aumento del déficit en España, sin reformas estructurales paralelas, eleva la vulnerabilidad ante shocks externos”.
Contexto de presión presupuestaria
El déficit del 3,1% no surge en vacío. Viene tras dos años consecutivos de gasto extraordinario: 14.200 millones en ayudas por la guerra en Ucrania, 8.700 millones en subsidios energéticos y 5.300 millones en ampliación del Ingreso Mínimo Vital. Todo ello sin una reforma tributaria profunda ni una modernización efectiva de la administración pública.
Antecedentes legales y fiscales
El marco normativo sigue la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, que fija el límite estructural de déficit en el 0,4% del PIB. Pero la excepción por “circunstancias económicas excepcionales” —invocada desde 2020— sigue vigente. El Tribunal de Cuentas ha señalado, en su informe de 2025, que “esa excepción se está convirtiendo en regla”.
Los ciudadanos pagan el precio de la ambición geopolítica
En una cafetería de Badajoz, María, empleada técnica sanitaria con 22 años de servicio, revisa su nómina: el aumento salarial del 3,5% se diluye ante una inflación del 4,1% y un recargo del 0,8% en su recibo de luz. “Nos dicen que España es un aliado fuerte —dice—, pero mi sueldo no llega a fin de mes como antes.”
No está sola. El Instituto Nacional de Estadística confirma que el 62% de los hogares con ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales han reducido gastos en alimentación y transporte desde principios de 2026. Mientras, el servicio de deuda pública ha emitido 28.400 millones en bonos a 10 años en lo que va de año —el mayor volumen desde 2012.
El déficit no es abstracto: es una deuda que se hereda
La deuda pública española alcanzó los 1.42 billones de euros en junio de 2026. Eso equivale a 30.100 euros por habitante. Y cada nuevo euro de déficit añade 1.200 euros al coste total de la deuda en los próximos 30 años, según cálculos del Consejo Económico y Social.
El Gobierno insiste en que la inversión en defensa y cohesión social “genera valor a largo plazo”. Pero los expertos en finanzas públicas recuerdan que el valor no se crea con deuda, sino con productividad. Y la productividad laboral en España creció apenas un 0,3% en 2025 —la mitad de la media de la zona euro.
Claves del asunto
- El 13% del presupuesto 2026 se financiará con déficit, superando los umbrales europeos de estabilidad.
- España se compromete al 2% del PIB en defensa para 2028, pero sin recortes compensatorios en otros capítulos.
- El Fondo Monetario Internacional y el Banco de España advierten del riesgo de sostenibilidad fiscal.
- Cada euro de déficit añade 1.200 euros al coste total de la deuda en tres décadas, según el Consejo Económico y Social.
- El Instituto Nacional de Estadística registra una caída del poder adquisitivo en el 62% de los hogares de bajos ingresos.
