A las siete de la mañana, cuando el sol no ha terminado de asomar sobre las azoteas de Marbella, un grupo de jóvenes espera en la parada de autobús de Elviria. Llevan mochilas con libros y ropa de trabajo. Tienen entre 22 y 28 años. Todos viven en Mijas, a 27 kilómetros. No es una elección: es la única forma de pagar un alquiler bajo los 700 euros al mes.
La Costa del Sol ya no es solo un destino turístico. Es un mercado inmobiliario con reglas propias, donde los salarios medios de 1.842 euros mensuales chocan contra alquileres que superan los 1.400 euros en zonas como Puerto Banús o San Pedro Alcántara. El índice de esfuerzo para acceder a una vivienda ha subido un 63 % desde 2021, según el Instituto Nacional de Estadística.
La Costa del Sol se ha convertido en un laboratorio de exclusión residencial
En los últimos cinco años, el número de viviendas de uso turístico en la provincia de Málaga ha crecido un 112 %, según datos del Registro de Actividades Turísticas de Andalucía. Mientras tanto, el parque de vivienda protegida apenas ha aumentado un 4,7 %. Esa brecha no es estadística: es una puerta cerrada para maestros, camareros, técnicos de mantenimiento y auxiliares de enfermería que, pese a trabajar en la zona, ya no pueden vivir allí.
En Benalmádena, el 38 % de los hogares locales vive en alquiler, pero solo el 12 % tiene contratos registrados. El resto opera en la informalidad: pagos en efectivo, cláusulas verbales y miedo a denunciar abusos. Un informe de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) revela que el 71 % de los desahucios en la comarca se producen por impago derivado de subidas abusivas de alquiler —hasta un 40 % en un solo año— o por la conversión repentina de la vivienda en alojamiento turístico.
El turismo no es el enemigo, pero sí su regulación ausente
El auge del turismo ha generado 127.000 empleos directos en la provincia, según la Cámara de Comercio de Málaga. Pero esos puestos suelen ser temporales, con contratos de media jornada y salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Un camarero en temporada alta gana, de media, 1.320 euros mensuales, mientras que el alquiler de un piso de una habitación en centro urbano ronda los 1.150 euros.
La Ley de Vivienda de 2023, aplicada en Andalucía desde 2024, establece límites al alquiler en zonas tensionadas. Pero la Costa del Sol no está incluida oficialmente en esa categoría, pese a que supera los umbrales técnicos: más del 30 % de los hogares gasta más del 40 % de sus ingresos en vivienda, y la tasa de vacancia real es del 2,1 %, muy por debajo del umbral del 5 % que exige la norma para declarar tensión.
Antecedentes legales y administrativos
En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló una ordenanza municipal de Torremolinos que limitaba los alquileres turísticos, al considerarla invasiva de competencias estatales. Desde entonces, los ayuntamientos han perdido capacidad de reacción. La Ley Estatal de Vivienda dejó en manos de las comunidades autónomas la delimitación de zonas tensionadas, pero la Junta de Andalucía aún no ha publicado el mapa oficial. Mientras tanto, los propietarios siguen registrando viviendas como turísticas sin control efectivo.
Los vecinos están reescribiendo el mapa residencial
En Fuengirola, un grupo de 42 familias ha ocupado un edificio abandonado en la calle Alcalde García Gutiérrez. No es una protesta simbólica: es una respuesta práctica. Han instalado contadores de luz, limpiado las escaleras y creado una asamblea vecinal. Su demanda es clara: que el Instituto Andaluz de la Vivienda (IAV) declare la zona de tensión y active el Plan de Vivienda 2025–2027, que prevé 12.000 nuevas viviendas protegidas en Andalucía —pero solo el 8 % está destinado a la provincia de Málaga.
En Estepona, el colectivo Vivienda para Quien Trabaja ha documentado 147 casos de trabajadores que viven en sótanos sin ventilación, habitaciones compartidas con hasta cinco personas o pisos sin calefacción ni agua caliente. Todos tienen contrato laboral vigente. Ninguno tiene acceso a una vivienda digna.
La vivienda ya no es un derecho: es una condición de permanencia
La Ley Orgánica 1/2015, que reconoce el derecho a la vivienda digna, sigue vigente. Pero su aplicación depende de recursos presupuestarios y voluntad política. En 2025, la Comunidad Autónoma de Andalucía destinó 187 millones de euros al Plan de Vivienda. Eso representa menos del 0,4 % del presupuesto total. En comparación, el sector turístico recibió 2.100 millones en ayudas públicas directas e indirectas.
Claves del asunto:
- El alquiler medio en la Costa del Sol supera los 1.400 euros, mientras el salario medio ronda los 1.842 euros
- El 38 % de los hogares en Benalmádena alquila, pero solo el 12 % tiene contratos registrados
- La provincia de Málaga tiene menos del 8 % de las viviendas protegidas previstas en el Plan Andaluz 2025–2027
- La Costa del Sol no está declarada zona tensionada, pese a superar todos los indicadores legales
- Desde 2021, el número de viviendas turísticas ha crecido un 112 %, y el de viviendas protegidas, solo un 4,7 %
