Bruselas, 23 de julio de 2026. En una sala del Berlaymont con las cortinas cerradas y los móviles confiscados, los embajadores de la Unión Europea aprobaron a las 12:47 horas el 21º paquete de sanciones contra Rusia. Fuera, un camión de la Guardia Civil esperaba para trasladar documentos clasificados. Dentro, la tensión era palpable: Grecia, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bulgaria y Austria habían presionado durante tres días para suavizar el texto final.
El paquete entra en vigor el 12 de agosto, y aunque amplía la lista negra con 218 personas y entidades, incluye una excepción que ya genera críticas en Kiev: las navieras europeas podrán seguir transportando gas natural licuado ruso a terceros países, siempre que los contratos se hayan firmado antes del 24 de febrero de 2022.
La UE mantiene el tope de 44 dólares al petróleo ruso
El mecanismo de precio máximo al crudo ruso se extiende por un año más. Desde su entrada en vigor en diciembre de 2022, ha limitado los ingresos del Kremlin en más de 40.000 millones de euros, según cálculos de la Comisión Europea. Pero el tope no se aplica al gas licuado, y esa brecha se ha convertido en una vía de escape para Moscú.
En los últimos tres meses, el volumen de LNG ruso exportado vía buques europeos ha crecido un 17 %, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Países como España y Países Bajos han registrado picos en los puertos de Bilbao y Rotterdam.
Las presiones nacionales debilitaron el paquete
Antecedentes del bloqueo diplomático
Desde febrero de 2024, Grecia y Bulgaria han advertido que sancionar el transporte de LNG ruso afectaría su seguridad energética. Italia y Francia, por su parte, han argumentado que los contratos preinvasión son “vinculantes bajo derecho internacional”. Alemania, con su dependencia histórica de los hidrocarburos rusos, ha negociado cláusulas de transición hasta 2027.
El texto final incluye una revisión obligatoria en enero de 2027. Pero ya hay voces en el Parlamento Europeo que lo califican de “rendición estratégica”. La eurodiputada Ska Keller, de Los Verdes, lo definió como “un paquete con agujeros de malla gruesa”.
Nuevas restricciones financieras y cripto
El paquete prohíbe a entidades financieras de la UE prestar servicios a 12 bancos rusos incluidos en la lista negra, entre ellos VTB Bank y Sovcombank. También se extiende la prohibición de servicios de custodia a exchanges de criptomonedas vinculados al Kremlin, como Garantex y Bybit Russia.
Además, se bloquean las exportaciones de tecnología de doble uso a 37 refinerías rusas, incluida la planta de Kirishi, clave para el suministro de combustible a las fuerzas armadas. La Comisión estima que esta medida reducirá la capacidad de refinación rusa en un 8,3 % antes de fin de año.
Kiev denuncia una “puerta trasera energética”
Contexto de la guerra en Ucrania
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania emitió un comunicado horas después de la aprobación: “Cada metro cúbico de gas ruso transportado por buques europeos financia tanques que bombardean Kharkiv”. En los últimos 30 días, los ataques con drones rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas han aumentado un 34 %, según el Observatorio de Guerra de Kyiv.
Mientras tanto, en Bruselas, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, insistió en que “el paquete es el más duro hasta la fecha”, aunque reconoció que “la unidad no significa uniformidad”.
Claves del asunto
- El 21º paquete de sanciones incluye 218 nuevas inclusiones en la lista negra de personas y entidades rusas.
- Se mantiene el tope de 44 dólares por barril al petróleo ruso durante el próximo año.
- Las navieras europeas pueden seguir transportando gas natural licuado ruso bajo contratos anteriores a la invasión.
- Se prohíbe la prestación de servicios financieros a 12 bancos rusos, entre ellos VTB Bank.
- La revisión obligatoria del paquete está fijada para enero de 2027.
El marco legal aplicable es el Reglamento (UE) 2022/328, modificado por el Reglamento (UE) 2026/1197, que rige las medidas restrictivas contra Rusia. La Comisión Europea actúa bajo el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite sanciones unilaterales en materia de política exterior. Los Estados miembros tienen 30 días para incorporar las medidas a su ordenamiento interno. En España, el Real Decreto-Ley 12/2022 regula la ejecución de sanciones de la UE en materia financiera y energética.
