La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, habla con la mirada fija en la cámara, mientras el reloj del salón de actos marca las 9:22 de la mañana. Detrás de ella, el logo de su grupo se proyecta en silencio. En ese instante, lanza una frase que ya circula por los pasillos del Congreso: «No convertiremos los errores ajenos en nuestra oportunidad».
La declaración llega en un momento crítico: tras la fiscalía señalar como «llamativos» los ingresos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, y con el PSOE bajo presión por pagos a QuirónPrevención, los partidos de la oposición intensifican sus críticas. Pero EH Bildu no se alinea con el discurso de PP y Vox, que exigen una moción de censura o adelanto electoral.
Bildu prioriza la estabilidad institucional sobre la coyuntura política
Aizpurua insiste en que su grupo no negociará con partidos que niegan derechos fundamentales, ni aceptará que la corrupción ajena sirva como «excusa táctica» para abrir el Gobierno a fuerzas cuyos programas contradicen sus principios. Su mensaje es claro: la legislatura debe agotarse, y las elecciones generales se celebrarán en 2027, tal como establece la Constitución.
El portavoz de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, refuerza esa línea en declaraciones posteriores: «No hay atajos democráticos. Si el PSOE pierde apoyo, que lo haga ante los ciudadanos, no en acuerdos que deslegitimen el sistema».
La corrupción no es moneda de cambio para Bildu
Antecedentes del debate ético-político
En los últimos meses, varios casos han puesto en tensión la credibilidad del Gobierno. La fiscalía ha abierto una investigación preliminar sobre los ingresos de las hijas de Zapatero, cuyos contratos con empresas privadas —como QuirónPrevención— generan dudas sobre la transparencia en la gestión de cargos públicos. Además, el Ministerio de Sanidad ha reconocido pagos superiores a 1,2 millones de euros a esa entidad entre 2023 y 2025, sin que se hayan publicado los informes de evaluación de resultados.
Estos hechos coinciden con el anuncio de Pedro Sánchez de convocar elecciones en febrero o marzo de 2027, si el PNV no respalda los Presupuestos Generales del Estado. Esa posibilidad ha alimentado especulaciones sobre una «puerta giratoria» entre partidos, donde la corrupción se convierte en moneda de cambio.
Bildu defiende un marco ético propio
El marco legal y los límites de la responsabilidad política
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno exige que los cargos públicos declaren sus actividades económicas y las de sus familiares directos. Sin embargo, no establece sanciones automáticas por ingresos elevados, sino por ocultación o conflicto de intereses. En este caso, la fiscalía aún no ha imputado a nadie, pero sí ha calificado la situación como «de especial relevancia».
Bildu no niega la gravedad de los hechos, pero subraya que su rechazo a pactar con PP y Vox responde a un análisis estructural: ambos partidos han votado en contra de la Ley de Bienestar Animal, se han opuesto a la reforma de la Ley de Violencia de Género, y han cuestionado la Ley de Memoria Democrática. Para Aizpurua, «no se trata de ignorar la corrupción, sino de no legitimar otras formas de ilegitimidad».
Claves del asunto
- EH Bildu mantiene su compromiso con elecciones generales en 2027, sin adelantos ni pactos de emergencia.
- La fiscalía califica como «llamativos» los ingresos de las hijas de Zapatero, vinculados a contratos con QuirónPrevención.
- El Ministerio de Sanidad ha destinado más de 1,2 millones de euros a esa empresa sin informes públicos de evaluación.
- Bildu rechaza usar la corrupción como «puerta de entrada» para PP y Vox, por sus posiciones contrarias a derechos sociales y democráticos.
La decisión de Bildu no es solo táctica: es una declaración de principios en un escenario donde la ética política se mide no solo por lo que se denuncia, sino por lo que se rechaza negociar. Mientras el Congreso sigue debatiendo los Presupuestos, Aizpurua ya ha dejado claro que su grupo no cambiará su brújula por la brisa de la coyuntura.
