Un camión de transporte gallego cruza la AP-9 a la altura de Pontevedra bajo una lluvia fina. El conductor, con más de 25 años de experiencia, mira el cartel de ‘Gestión Xunta de Galicia’ y suspira: ‘Ahora sí que va en serio’. El Congreso de los Diputados aprobó el 25 de junio de 2026 la transferencia total de la autopista AP-9 a la Xunta de Galicia, incluyendo titularidad, explotación y mantenimiento.
La decisión, adoptada con los votos del PSOE, Sumar y BNG, dejó en minoría al PP y a Vox, que votaron en contra. No es solo un cambio administrativo: es la primera vez que una autopista de alta capacidad pasa íntegramente a una comunidad autónoma bajo una ley orgánica. El tráfico diario en la AP-9 supera los 85.000 vehículos, y su red de peajes genera ingresos anuales cercanos a los 120 millones de euros.
La AP-9 ya no depende del Ministerio de Transportes
La transferencia no es una mera delegación. La ley orgánica aprobada otorga a la Xunta de Galicia la condición de titular plena de la infraestructura, con competencia exclusiva sobre tarifas, conservación, seguridad vial y planificación de obras. Esto implica que el Ministerio de Transportes ya no podrá intervenir en decisiones técnicas ni presupuestarias, ni siquiera en caso de emergencia, salvo por acuerdo expreso.
El traspaso se enmarca en el artículo 148.1.10 de la Constitución, que permite a las comunidades asumir competencias sobre carreteras de su territorio. Pero la novedad radica en que la AP-9 no es una carretera convencional: forma parte de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y está integrada en la ruta Corredor Atlántico, lo que exige coordinación con Bruselas.
El PP y la Xunta de Galicia rechazan la nueva ley
El Partido Popular calificó la decisión de “ruptura institucional” y “desconocimiento del pacto previo”. En el Parlamento gallego, los populares acusaron al gobierno de Alfonso Rueda de “traición al consenso inicial”, ya que la propuesta original —aprobada en febrero de 2026 por el Parlamento de Galicia— solo contemplaba la gestión, no la titularidad.
Antecedentes del conflicto institucional
La iniciativa nació como una proposición no de ley en la Cámara gallega, con apoyo transversal. Pero tras el acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar en el Congreso, se amplió su alcance. La Xunta envió una carta formal al Ministerio de Transportes con 12 puntos de reclamación, entre ellos la exigencia de mantener el modelo de peaje actual, garantizar la inversión en mantenimiento y respetar los plazos de la concesión actual con la empresa Cespa.
El ministro Óscar Puente respondió que la ley es “irreversible” y que la transferencia se ejecutará en un plazo máximo de seis meses, con un plan de transición supervisado por la Dirección General de Carreteras.
Los conductores gallegos ya notan los primeros cambios
En los últimos días, los usuarios de la AP-9 han observado nuevas señales con el logotipo de la Xunta, y en las estaciones de peaje se han instalado terminales de pago con sistema de facturación autonómico. La Xunta ya anunció que estudia reducir un 15 % las tarifas para vehículos ligeros a partir de enero de 2027, financiado con fondos propios y con cargo a los ingresos de la autopista.
También se ha activado un protocolo de inspección conjunta entre la Dirección Xeral de Tráfico y la Consellería de Infraestruturas, con especial atención a los tramos más antiguos, como el de A Coruña a Santiago, donde el 38 % de los firmes supera los 25 años de antigüedad.
El marco legal y las consecuencias reales para los ciudadanos
La transferencia se sustenta en la Ley Orgánica 2/2026, publicada en el BOE el 26 de junio. Su artículo 7 establece que la Xunta asume “la responsabilidad directa sobre la seguridad, accesibilidad y sostenibilidad de la vía”, incluyendo la obligación de cumplir con la Directiva Europea 2010/40/UE sobre sistemas inteligentes de transporte.
Para los ciudadanos, esto significa: más control local sobre los tiempos de reparación de averías, mayor transparencia en el uso de los ingresos de peaje y posibilidad de integrar la AP-9 en futuros planes de movilidad sostenible gallegos, como el Corredor Ferroviario Atlántico o las rutas ciclistas interurbanas.
Claves del asunto
- La AP-9 es la primera autopista de alta capacidad transferida íntegramente a una comunidad autónoma en España.
- El traspaso incluye titularidad, gestión, recaudación y planificación de obras.
- El PP y Vox votaron en contra; el PSOE, Sumar y BNG impulsaron la ley orgánica.
- La Xunta de Galicia recibirá ingresos directos por peajes, estimados en 120 millones de euros anuales.
- La ley exige cumplir con estándares europeos de seguridad y sostenibilidad vial.
La decisión marca un punto de inflexión en la descentralización de infraestructuras. No es solo una autopista que cambia de dueño: es un nuevo modelo de gobernanza vial que empieza en Galicia y podría replicarse en otras comunidades con carreteras de interés autonómico y europeo.
