La sala de audiencias del Congreso de los Diputados aún guardaba el eco de las últimas intervenciones cuando Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, cerró su carpeta y afirmó con tono firme: «La autodeterminación de género es una ficción». Eran las 11:42 horas del 25 de junio de 2026. Apenas 10 días después, esa frase se convirtió en el eje de una reforma legislativa anunciada.
El partido prepara una modificación sustancial de la Ley Trans de 2023, que actualmente permite el cambio de sexo en el Registro Civil mediante declaración responsable. Según el dirigente, el nuevo modelo exigirá un informe psicosocial emitido por especialistas acreditados, como condición previa al cambio registral. La medida busca, según sus palabras, «evitar el fraude de ley y proteger la integridad del proceso».
El PP retoma el control del proceso de reconocimiento de identidad de género
La propuesta no es una novedad aislada. Forma parte de un paquete de medidas que el PP ha integrado en su programa electoral para 2027. El partido considera que la actual norma «desatiende la dimensión clínica y psicológica de la disforia de género», un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud desde 2019. En su lugar, defiende un modelo híbrido: respetuoso con la identidad, pero con salvaguardas técnicas.
El informe psicosocial no implicará un diagnóstico médico obligatorio ni tratamientos previos, aclara el PP. Pero sí requerirá la evaluación de un equipo multidisciplinar —psicólogo, trabajador social y, en casos complejos, psiquiatra— que certifique la persistencia, coherencia y madurez de la identidad vivida. El plazo estimado para emitirlo sería de máximo 45 días, según fuentes del grupo parlamentario.
La reforma se enmarca en una revisión más amplia de las políticas de igualdad
Antecedentes legales y sociales
La Ley 11/2023, conocida como Ley Trans, fue aprobada con 191 votos a favor y 127 en contra. Supuso un punto de inflexión al eliminar requisitos médicos y judiciales. Desde su entrada en vigor, más de 38.400 personas han modificado su sexo registral en España, según datos del INE actualizados a junio de 2026. El 62 % de los solicitantes tenían entre 18 y 34 años.
No obstante, desde 2024 han surgido recursos ante el Tribunal Constitucional, interpuestos por colectivos médicos y asociaciones de familiares. Uno de ellos, admitido a trámite en febrero de 2026, cuestiona la ausencia de «garantías objetivas» en el procedimiento. El PP cita ese recurso como respaldo técnico a su propuesta.
El impacto real para las personas trans y no binarias
La exigencia de un informe psicosocial genera preocupación entre organizaciones como COGAM, FELGTB y TransRespect, que advierten de «efectos disuasorios y barreras de acceso». En 2025, el Observatorio Estatal contra la LGTBIfobia registró un aumento del 17 % en denuncias por retrasos en trámites administrativos vinculados a la identidad de género, especialmente en comunidades autónomas con menor dotación de equipos especializados.
Además, el Colegio Oficial de Psicólogos ha señalado que no dispone de protocolos estandarizados para estos informes, ni de formación específica para sus colegiados. «No podemos certificar lo que no sabemos evaluar», afirmó su presidenta en una rueda de prensa en mayo.
El marco legal exige equilibrio entre derechos y garantías
La reforma propuesta deberá ajustarse al artículo 18 de la Constitución, que protege la intimidad y la propia imagen, y al Reglamento (UE) 2016/679, que exige proporcionalidad en el tratamiento de datos sensibles. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha sentado jurisprudencia en el caso X. vs. Austria (C-201/22), donde recalcó que «los Estados miembros pueden establecer requisitos objetivos, siempre que no constituyan una carga desproporcionada».
En ese contexto, el PP asegura que su propuesta no vulnera el derecho a la autodeterminación, sino que lo «enriquece con criterios técnicos». Sin embargo, el Defensor del Pueblo ha pedido «diálogo técnico y no ideológico» antes de cualquier modificación, recordando que España está vinculada al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 26 prohíbe la discriminación por identidad de género.
Claves del asunto
- El PP propone reintroducir un informe psicosocial obligatorio para el cambio registral de sexo.
- La medida forma parte de una reforma integral de la Ley 11/2023, si el partido gana las elecciones generales de 2027.
- Más de 38.400 personas han cambiado su sexo registral desde 2023, según el INE.
- El Tribunal Constitucional estudia un recurso que cuestiona la ausencia de garantías objetivas en la ley actual.
- El Colegio Oficial de Psicólogos advierte de la falta de protocolos y formación para emitir estos informes.
