Un silencio tenso se rompió a las 12:47 horas en la sede del PP en Madrid. Miguel Tellado, con micrófono en mano y sin notas, miró a cámara y dijo: ‘Al frente del Gobierno de España está una organización criminal’. La frase, pronunciada este sábado 4 de julio de 2026, no fue un desliz. Fue un punto de inflexión en la campaña política previa a las elecciones generales.
La Audiencia Nacional ya ha imputado a cuatro miembros del Gobierno actual, incluido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo cuenta con 12 cargos públicos imputados o investigados, frente a los 8 diputados del PSOE con causas abiertas. Esa cifra supera, por primera vez en la historia reciente, el número de escaños del partido en el Congreso.
El Gobierno tiene más imputados que diputados del PSOE
La acusación de Tellado no surge en el vacío. Desde 2024, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto siete investigaciones contra altos cargos del Ejecutivo. Tres de ellas derivan de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, una vinculada a la gestión de fondos europeos en Sanidad y otra al expediente de concesión de una planta de biometano en Castilla-La Mancha. Ninguna ha concluido con sentencia, pero sí con medidas cautelares: dos inhabilitaciones temporales, una prohibición de salir del territorio nacional y el embargo de cuentas bancarias en tres casos.
El PP sostiene que estos procesos no son aislados, sino síntomas de un sistema de control débil. En su informe anual de 2025, la Inspección General de Servicios señaló deficiencias en la evaluación de riesgos éticos en 14 departamentos ministeriales. El Ministerio del Interior aparece en el puesto 3 de la lista negra, con 22 recomendaciones no implementadas.
Tellado exige la dimisión de Marlaska y González
La presión sobre el ministro del Interior se intensificó tras la resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, que le citó a declarar como investigado por presunta prevaricación en la adjudicación de un contrato de vigilancia aérea. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está imputada en la causa ‘Operación Albatros’ por omisión de control en el uso de fondos del Plan de Recuperación.
Tellado no se limitó a exigir sus dimisiones. Subrayó que ambos permanecen en sus cargos pese a que la Ley Orgánica 6/1985 establece que ‘los altos cargos del Estado deben ejercer sus funciones con plena independencia y probidad’. Y recordó que el artículo 102 de la misma ley prevé la suspensión automática cuando hay imputación por delitos graves.
El PP reclama elecciones generales inmediatas
El secretario general del PP vinculó la crisis de legitimidad con la estabilidad institucional. ‘No se puede gobernar con jueces como coprotagonistas’, afirmó. Su propuesta: convocar elecciones antes de octubre, aprovechando el calendario electoral que permite la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para elecciones anticipadas con 60 días de preaviso.
El argumento tiene respaldo jurídico: el artículo 115 de la Constitución permite la disolución anticipada del Congreso si el Gobierno pierde la confianza parlamentaria. Aunque el PSOE mantiene mayoría relativa, el PP alega que los pactos con EH Bildu —partido con sentencias firmes por colaboración con ETA— erosionan la base ética del mandato. En contraste, defiende sus acuerdos con Vox, subrayando que ninguno de sus diputados está imputado.
Antecedentes legales y marco constitucional
La Constitución Española no prohíbe expresamente que un ministro sea investigado, pero el Código Ético para Altos Cargos, aprobado en 2023, exige transparencia y autoexclusión en casos de conflicto de interés. Hasta la fecha, solo tres ministros han pedido licencia temporal por causas judiciales. Ninguno de los imputados actuales lo ha hecho.
La Ley de Incompatibilidades tampoco contempla la suspensión automática, pero sí prevé sanciones administrativas si se demuestra que la imputación afecta al ejercicio de la función. El Consejo de Ética Pública ha emitido dos informes desfavorables sobre la continuidad de cargos bajo investigación, sin que el Gobierno los haya aplicado.
Claves del asunto
- Miguel Tellado calificó al Gobierno de ‘organización criminal’ tras confirmarse 12 imputaciones entre altos cargos y ministros.
- La Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción 6 lideran las investigaciones, con énfasis en contratos públicos y fondos europeos.
- Fernando Grande-Marlaska y Mercedes González están imputados, pero siguen en sus cargos pese a la Ley Orgánica 6/1985.
- El PP exige elecciones generales antes de octubre, amparado en el artículo 115 de la Constitución y la LOREG.
- Ninguno de los 18 diputados de Vox está imputado, mientras que 8 de los 121 del PSOE sí lo están.
