En una sala del Capitolio en Washington, bajo luces frías y con los micrófonos encendidos, Donald Trump sostiene un documento de 27 páginas. Al fondo, una bandera estadounidense y otra saudí ondean juntas. No es un tratado de paz, pero sí un giro estratégico que altera el equilibrio nuclear del Golfo Pérsico.
El acuerdo, presentado el 22 de julio de 2026, autoriza a Arabia Saudí a desarrollar un programa civil de energía nuclear con capacidad de enriquecimiento de uranio, una tecnología que, sin controles rigurosos, puede derivar en armas atómicas. Estados Unidos asumirá el control directo del enriquecimiento durante los primeros 10 años, mientras la empresa Westinghouse Electric se posiciona como principal contratista.
El acuerdo nuclear saudí no incluye las salvaguardias más estrictas
El texto no incorpora el Estándar Oro, ni el Protocolo Adicional de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). Estos mecanismos permiten inspecciones sorpresa, acceso a instalaciones no declaradas y monitoreo continuo de materiales nucleares. Su ausencia no es un detalle técnico: es una brecha de seguridad que expertos de la Carnegie Endowment y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) califican como «preocupante y sin precedentes para un país sin experiencia nuclear civil».
La decisión se toma en pleno auge de las tensiones entre EEUU e Irán, tras los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz y las amenazas de Trump de destruir «puentes y centrales eléctricas» en Teherán. En ese contexto, el reino saudí —aliado histórico de Washington y rival regional de Irán— busca acelerar su autonomía energética y militar.
Arabia Saudí avanza hacia la soberanía nuclear sin marco regulatorio consolidado
Antecedentes: de la dependencia energética a la ambición atómica
Desde 2016, Riad anunció su intención de construir 16 reactores nucleares para 2040, reduciendo su dependencia del petróleo. Pero hasta ahora, su programa carecía de infraestructura regulatoria sólida: no tiene una autoridad nuclear independiente, carece de leyes nacionales que rijan la seguridad radiológica y su cuerpo técnico cuenta con menos de 300 especialistas certificados, según datos de la AIEA.
El acuerdo con EEUU no exige la creación de esa autoridad ni la aprobación previa de una ley marco. En cambio, delega la supervisión técnica en Westinghouse, una empresa con interés comercial directo. Esto contraviene las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige separación clara entre promoción y regulación nuclear.
Las consecuencias regionales ya se anticipan en Teherán y Riad
Irán ha calificado el pacto como «una amenaza existencial» y ha advertido que responderá con «medidas proporcionales». En Riad, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman lo ha celebrado como «un paso histórico hacia la soberanía tecnológica». Pero en el Consejo de Seguridad de la ONU, cinco países miembros ya han solicitado una reunión de emergencia para analizar el impacto en la no proliferación.
Para los países del Golfo, el efecto dominó es inminente: Emiratos Árabes Unidos ya ha reactivado su programa de enriquecimiento de uranio bajo licencia, y Egipto ha acelerado las negociaciones con Rusia para construir su primera planta nuclear. El escenario ya no es de contención, sino de carrera.
El marco legal internacional queda debilitado ante intereses geopolíticos
El Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) permite a los Estados miembros desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, pero exige que acepten controles de la AIEA. El acuerdo saudí-estadounidense no viola explícitamente el TNP, pero sí socava su espíritu: al omitir el Protocolo Adicional, limita la capacidad de la AIEA para verificar que no haya actividades ocultas.
Además, la Ley de Cooperación Atómica de EEUU (1954) —que regula estos acuerdos— exige que los socios cumplan con estándares de seguridad y no proliferación «equivalentes a los de Estados Unidos». Arabia Saudí no los cumple aún, y el acuerdo no establece un cronograma vinculante para alcanzarlos.
Claves del asunto
- El acuerdo permite a Arabia Saudí enriquecer uranio, una capacidad sensible que requiere controles estrictos.
- EEUU supervisará el enriquecimiento solo durante 10 años, sin exigir la creación de una autoridad nuclear independiente en Riad.
- No se incorporan el Estándar Oro ni el Protocolo Adicional, mecanismos clave para prevenir la militarización del programa.
- La empresa Westinghouse Electric se convierte en la principal beneficiada, con un rol regulatorio y comercial simultáneo.
- El pacto se firma en pleno conflicto con Irán, lo que intensifica las tensiones regionales y acelera la carrera nuclear en el Golfo.
