El 24 de junio, a las 3:17 de la madrugada, el suelo de Carabobo y Aragua se partió en dos. En menos de 90 segundos, dos sacudidas —una de magnitud 7,2, otra de 7,5— arrasaron barrios enteros, derrumbaron hospitales y silenciaron escuelas. En el barrio El Trigal, en Valencia, una madre sostuvo a su hija de tres años bajo los escombros durante 37 horas. No hubo rescate a tiempo.
El doble sismo dejó una huella irreversible en el norte de Venezuela
El epicentro se localizó a 12 kilómetros al noreste de Maracay, en una zona de alta densidad poblacional y baja capacidad de respuesta estructural. Según el Instituto Venezolano de Investigaciones Sísmicas (IVIS), fue el segundo evento sísmico más potente registrado en el país desde 1967. No fue una catástrofe aislada: fue el colapso de un sistema ya fracturado.
Las cifras oficiales, actualizadas el 22 de julio por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, confirman 5.346 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda. Pero los números no cuentan lo que no se ve: los 23.122 desplazados en 107 campamentos transitorios, muchos sin agua potable ni atención pediátrica. En el campamento La Concordia, en Guacara, 412 niños duermen bajo lonas desgastadas por la lluvia constante.
El Gobierno activa protocolos de emergencia y enfrenta críticas por la gestión
El Ejecutivo venezolano decretó estado de emergencia nacional el 25 de junio y activó el Plan Nacional de Respuesta Sísmica (PNRS). Desde entonces, se han entregado 4.218 viviendas de emergencia —prefabricadas y con plazo de ocupación de 18 meses— y se han instalado 89 puestos médicos móviles. Sin embargo, organizaciones como Acción contra el Hambre y Médicos Sin Fronteras denuncian retrasos en la distribución de medicamentos y la ausencia de equipos de rescate especializados en zonas rurales de Yaracuy y Cojedes.
El desafío de la identificación de víctimas
Más de 1.200 cuerpos no identificados han sido enterrados en fosas comunes en los cementerios de Maracay y Valencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que el número real de desaparecidos podría alcanzar los 50.000, debido a la destrucción de registros civiles, la migración forzada de familias y la falta de acceso a zonas montañosas. El Gobierno exige muestras de ADN familiar para la identificación, pero solo el 38 % de los afectados ha podido acceder a los centros autorizados en Caracas y Barquisimeto.
Las viviendas colapsaron por falta de normativa y control técnico
El 72 % de las estructuras destruidas fueron construidas entre 1985 y 2005, sin cumplir el Reglamento Venezolano de Construcciones Sismo-Resistentes (RVCSR). Un informe del Colegio de Ingenieros de Venezuela, publicado en abril de 2026, señalaba que el 61 % de los edificios públicos en Aragua no habían sido sometidos a inspección técnica desde 2012. En el caso de la Torre San Rafael, en Valencia —donde murieron 143 personas—, el informe pericial reveló que se usaron varillas de acero de baja resistencia y hormigón con 42 % menos densidad de la exigida.
El marco legal aplicable y sus vacíos
La Ley de Protección Civil y Administración de Riesgos (2015) establece que las autoridades locales deben actualizar los mapas de peligros sísmicos cada cinco años. No se ha actualizado desde 2018. Además, la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio obliga a la evaluación de riesgo en licencias de construcción, pero su cumplimiento es esporádico. El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda reconoció, en una rueda de prensa del 15 de julio, que solo el 29 % de los nuevos proyectos urbanos en zonas de alta sismicidad cuentan con certificación técnica vigente.
La respuesta internacional se retrasa y se politiza
La ayuda humanitaria ha llegado con lentitud. Estados Unidos aprobó 120 millones de dólares el 30 de junio, pero su despliegue depende de la autorización del Consejo Nacional de Seguridad venezolano. La Unión Europea activó el mecanismo EU Civil Protection Mechanism, pero solo 14 de los 27 Estados miembros han enviado equipos. Mientras tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reporta que el 67 % de los albergues carece de sistemas de saneamiento básico y que el riesgo de brotes de cólera ha aumentado un 220 % en las últimas tres semanas.
Claves del asunto
- El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrió el 24 de junio en el norte de Venezuela.
- Hay 5.346 muertos, 16.740 heridos, 17.907 sin vivienda y hasta 50.000 desaparecidos, según la ONU.
- Más de 23.000 personas viven en 107 campamentos transitorios, muchos sin agua ni atención médica.
- El Gobierno exige muestras de ADN para identificar víctimas, pero menos del 40 % ha podido acceder a los centros autorizados.
- El 72 % de los edificios colapsados no cumplía el Reglamento Venezolano de Construcciones Sismo-Resistentes.
- Solo el 29 % de los nuevos proyectos urbanos en zonas sísmicas cuentan con certificación técnica vigente.
