Una pancarta con los rostros del ayatolá Ruhollah Jomeini, el fallecido Alí Jamenei y el actual líder supremo Mojtaba Jamenei ondea bajo un sol abrasador en Teherán. Cerca, decenas de civiles corean consignas mientras los altavoces de una mezquita cercana emiten mensajes de resistencia. A 7.000 kilómetros, en una base aérea de Jordania, un equipo de Bomberos estadounidenses apaga restos de un incendio provocado por un misil balístico iraní horas antes.
La escalada entre Irán y Estados Unidos ha dejado de ser una advertencia diplomática: es una realidad operativa. Desde el 12 de agosto —fecha en la que entró en vigor una nueva fase de sanciones unilaterales—, Washington ha lanzado 13 ofensivas consecutivas, según confirmó el Pentágono en un comunicado clasificado filtrado a medios regionales. No se trata de ejercicios ni simulacros: son ataques reales contra infraestructuras militares iraníes en Siria, Irak y el Golfo Pérsico.
Irán responde con estrategia de presión asimétrica
Teherán no ha replicado con fuerza convencional, sino con una estrategia de presión asimétrica: ataques con drones y misiles de corto y medio alcance contra instalaciones estadounidenses en Jordania, Baréin, Qatar y el Cuerno de África. El último, registrado el 24 de julio de 2026, dañó una antena de comunicaciones tácticas en la base de Muharraq, en Baréin. Según fuentes de la OTAN, el sistema de defensa antimisiles Patriot interceptó el 68 % de los proyectiles, pero el 32 % restante impactó en zonas periféricas, causando daños materiales y dos heridos leves.
El Ministerio de Defensa iraní ha calificado las acciones como «medidas defensivas legítimas» bajo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconoce el derecho a la autodefensa. Sin embargo, expertos en derecho internacional como Alberto Cheli, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense, señalan que «la autodefensa requiere inmediatez, proporcionalidad y necesidad. Trece ofensivas en 19 días no cumplen ninguno de esos criterios».
Estados Unidos activa mecanismos de congelación financiera
La Casa Blanca ha anunciado la incautación de 1.200 millones de dólares en activos iraníes congelados en bancos europeos y asiáticos. La medida, ejecutada bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2026, permite destinar esos fondos al pago de «gastos derivados del conflicto», incluyendo indemnizaciones a contratistas militares y reparación de infraestructuras dañadas. El Departamento del Tesoro estadounidense ya ha notificado a entidades financieras en Suiza, Singapur y Emiratos Árabes Unidos la ejecución inmediata del bloqueo.
Esta acción ha generado tensiones con la Unión Europea, cuya Agencia de Control de Sanciones ha emitido una advertencia formal: «Cualquier transferencia unilateral de fondos congelados viola el Reglamento (UE) 2023/1245 sobre protección de activos soberanos».
Las consecuencias reales para la población civil
En Zarand, una localidad iraní cercana a la frontera con Afganistán, tres hospitales han reducido su capacidad operativa un 40 % por falta de repuestos médicos. Las sanciones impiden la importación de equipos de resonancia magnética y ventiladores de última generación. En Amman, Jordania, el precio de la gasolina subió un 22 % en una semana tras el ataque al depósito de Zarqa, operado por una empresa estadounidense. Familias como la de Vicente y Maribel, que viven en una autocaravana en la periferia de la capital jordana, destinan ahora el 65 % de sus ingresos al combustible y la electricidad.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre un posible brote de cólera en zonas rurales iraníes por la interrupción de suministros de cloro para potabilización. Mientras tanto, en Baréin, el gobierno ha activado el plan de emergencia nacional ‘Refugio Pedri’, diseñado originalmente para desastres naturales, pero ahora adaptado para evacuaciones por ataques aéreos.
Claves del asunto
- La escalada comenzó tras la amenaza pública de Donald Trump de lanzar «un ataque masivo» si Irán no retiraba sus fuerzas de Siria.
- 13 ofensivas consecutivas de Estados Unidos se han registrado entre el 12 y el 24 de julio de 2026, según fuentes del Pentágono.
- Irán ha declarado que sus ataques continuarán «hasta la rendición total del enemigo», frase que marca un cambio retórico sin precedentes desde 1979.
- La incautación de 1.200 millones de dólares en fondos iraníes congelados activa mecanismos legales no previstos en acuerdos multilaterales.
- El Reglamento (UE) 2023/1245 y la Carta de las Naciones Unidas entran en conflicto directo con las medidas unilaterales de ambos países.
El marco legal se resquebraja bajo la presión geopolítica
El Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una sesión de emergencia para el 28 de julio, pero su capacidad de intervención está paralizada por el veto anticipado de Rusia y China, aliados estratégicos de Irán. Mientras tanto, la Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre crímenes de agresión cometidos por Estados soberanos, salvo que el Consejo de Seguridad lo remita expresamente —lo que, dada la situación, es improbable.
En este vacío normativo, los afectados no son solo soldados o diplomáticos: son agricultores en Zarand, vendedoras ambulantes en Manama, mecánicos como Juan José en bases logísticas jordanas, y jubilados de 100 años cuyas pensiones dependen de fondos congelados en bancos de Luxemburgo. La guerra ya no se libra solo en el cielo o en el ciberespacio: se libra en las facturas de la luz, en los turnos de los hospitales y en los contratos de alquiler que se rescinden por impago.
La próxima semana, el Grupo Billingham, consorcio europeo de seguridad energética, presentará un informe sobre la vulnerabilidad de las redes eléctricas del Golfo. No será un documento técnico. Será un mapa de supervivencia.
