La Audiencia Nacional ha reactivado la caza de 14 etarras fugados en Venezuela, aprovechando el cambio político tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos. El juez Francisco de Jorge ha pedido colaboración formal a Caracas y a Washington. La operación busca esclarecer su participación en delitos de integración en organización terrorista. El caso afecta directamente a la seguridad jurídica y a la cooperación internacional en materia de terrorismo.
¿Por qué se ha reactivado la búsqueda de etarras en Venezuela ahora?
El giro decisivo se produjo tras la caída del régimen de Maduro en enero de 2026. Su detención en Caracas por fuerzas estadounidenses abrió una ventana para la cooperación judicial. El juez de la Audiencia Nacional ha interpretado ese vacío de poder como una oportunidad para exigir transparencia y acceso a archivos clasificados.
Venezuela ya no protege a los fugitivos con la misma impunidad. El nuevo gobierno interino ha mostrado disposición a entregar información sobre refugiados políticos vinculados a delitos graves.
¿Quiénes son los etarras más buscados tras el cambio de régimen?
Entre los 14 investigados destaca Iñaki de Juana Chaos, exmiembro de ETA condenado por múltiples asesinatos y fugado en 2004. Su paradero se había perdido durante años. También figura Alfonso Echegaray Achirica, considerado el cerebro del aparato de acogida de ETA en América Latina y África. Su red facilitó pasaportes falsos, viviendas y financiación.
El rol de Hugo Carvajal en la investigación
El exjefe de Contrainteligencia venezolano, Hugo Carvajal, está siendo juzgado en EEUU. Sus declaraciones han revelado rutas de fuga, cuentas bancarias y contactos locales. Su testimonio es clave para ubicar a los prófugos.
¿Qué marco legal permite esta acción internacional?
La petición se basa en el Convenio de Cooperación Judicial Internacional de la Unión Europea y en la Ley Orgánica del Poder Judicial española. También se invoca el principio de justicia universal, aplicable a delitos de terrorismo. Venezuela, aunque no es parte del Convenio de Estrasburgo, está obligada bajo el Derecho Internacional Penal a no albergar a terroristas.
La prescripción no aplica a delitos de lesa humanidad
Aunque algunos delitos cometidos por los fugitivos tienen más de 20 años, la Audiencia Nacional ha descartado la prescripción. El terrorismo sistemático de ETA se clasifica como delito de lesa humanidad, cuya persecución no caduca.
¿Cuál es el impacto económico y político de esta operación?
La reapertura del caso tiene costes operativos reales: más de 1,2 millones de euros en gastos de extradición, traducción jurídica y coordinación con Interpol. Pero el impacto simbólico es mayor: refuerza la credibilidad del Estado de Derecho español ante la UE y la ONU.
España ha pedido a Bruselas que active fondos del Mecanismo de Apoyo a la Justicia para financiar la fase de extradición. Además, el caso presiona a otros países latinoamericanos —como Argentina y México— a revisar sus políticas de asilo para exmiembros de organizaciones armadas.
Datos Clave
- 14 etarras están oficialmente buscados en Venezuela tras el cambio de régimen.
- Iñaki de Juana Chaos y Alfonso Echegaray Achirica son los dos nombres más relevantes en la lista.
- La detención de Nicolás Maduro en enero de 2026 fue el catalizador jurídico de la reactivación.
- El testimonio de Hugo Carvajal ha permitido identificar 7 nuevas ubicaciones probables.
- Ninguno de los delitos investigados está sujeto a prescripción, por su calificación como lesa humanidad.
- La cooperación con Venezuela se gestiona bajo el Convenio de Cooperación Judicial Internacional.
El caso no es solo judicial: es un termómetro de la estabilidad democrática en América Latina y de la capacidad de España para cerrar ciclos de impunidad. La justicia no espera. Actúa cuando las condiciones lo permiten —y ahora, las condiciones han cambiado.
