María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, enfrenta una citación en el Senado por la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La comparecencia está prevista a finales de abril de 2026, justo antes del inicio de la campaña electoral andaluza. El PSOE denuncia una instrumentalización política y ha presentado una queja ante la Junta Electoral Central.
¿Por qué la citación de Montero en el Senado genera tensión política?
La comisión investiga presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda. Montero fue ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno entre 2020 y 2023. Durante ese periodo, la SEPI gestionó inversiones estratégicas en sectores como energía, telecomunicaciones y defensa.
El PP califica a la SEPI como «el centro de operaciones del ecosistema de corrupción sanchista». Sin embargo, no existen sentencias ni imputaciones judiciales contra Montero. La citación es de carácter parlamentario, no penal.
El calendario electoral agrava la polémica
La convocatoria electoral andaluza se produjo el 2 de abril de 2026. La citación fue solicitada por el PP en febrero, pero su difusión pública se intensificó tras la proclamación de los candidatos. El PSOE-A considera que el anuncio busca afectar la imagen de Montero en un momento crítico: la fase de precampaña.
¿Es legal citar a una candidata en plena precampaña?
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe actos que alteren la igualdad de condiciones entre partidos. La Junta Electoral Central evalúa si la publicidad de la citación constituye una alteración del juego limpio electoral.
El recurso del PSOE se basa en el artículo 53.2 de la LOREG, que sanciona la utilización de recursos institucionales con fines electorales. La JEC ya ha suspendido en el pasado comparecencias parlamentarias por coincidir con periodos de campaña.
El precedente del caso ERE
En 2013, la JEC suspendió la comparecencia de la exconsejera andaluza Trinidad Jiménez por coincidir con la campaña electoral. El criterio fue que la exposición mediática podía sesgar la percepción del electorado sin garantías procesales equivalentes.
¿Qué impacto económico tiene la SEPI en Andalucía?
La SEPI no gestiona directamente fondos autonómicos, pero sus participaciones afectan a empresas con fuerte presencia en Andalucía: Enagás, Red Eléctrica, SEPI Energía y Navantia. Estas compañías generan más de 12.000 empleos en la región.
Montero defiende el modelo de financiación autonómica impulsado desde Hacienda, que ha destinado 5.700 millones de euros a Andalucía desde 2020. Ese marco incluye transferencias vinculadas a inversiones de empresas con participación estatal.
El riesgo de estigmatización institucional
Una citación mal contextualizada puede erosionar la confianza en mecanismos de control público. La transparencia en la gestión de entidades como la SEPI es clave para la credibilidad del modelo de economía mixta en España.
¿Qué dice Montero sobre posibles pactos con el PP o Vox?
Montero descarta cualquier acuerdo con el PP si Vox tiene posibilidades de entrar en el Gobierno andaluz. Su discurso apuesta por una estrategia clara: consolidar el voto progresista como antídoto frente a la ultraderecha.
Esta postura refuerza su narrativa de ruptura con el centro-derecha y apuesta por la movilización del electorado de izquierdas. No obstante, el PSOE-A reconoce que no puede competir con el PP en el centro y prioriza el crecimiento por su izquierda.
Datos Clave
- La citación de Montero es parlamentaria, no judicial: no implica imputación ni causa penal.
- El PSOE ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral Central por posible violación de la LOREG.
- La SEPI gestionó 14.200 millones de euros en activos en 2025, con 37 participaciones directas en empresas estratégicas.
- Andalucía recibe el 18,3 % de las inversiones públicas en energía y defensa gestionadas desde la SEPI.
- El plazo para que la JEC resuelva el recurso es de 72 horas tras su admisión a trámite.
El caso SEPI no es solo una cuestión de responsabilidad ministerial. Es un litmus test para la separación entre control institucional y uso partidista del poder. La resolución de la JEC marcará un precedente para futuras campañas. La credibilidad del sistema depende de que las citaciones parlamentarias no se conviertan en armas electorales.
