Una moción de censura impulsada por 283 colegiados del COITT ha sacudido la gobernanza del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Peritos de Telecomunicación. Exigen la dimisión inmediata de la junta de Gobierno. Acusan a la dirección de caciquismo, opacidad financiera y abandono de competencias profesionales. El caso ‘Plan Avanza’ dejó un agujero económico sin precedentes. La Junta General Ordinaria del 11 de abril se convierte en escenario decisivo.
¿Por qué se ha presentado una moción de censura en el COITT?
La moción fue presentada por la plataforma ‘Regeneración COITT’. Supera ampliamente el 3% del censo colegial, requisito exigido por el artículo 24 del Reglamento General del COITT. El censo total asciende a 3.973 colegiados. Los firmantes denuncian una gestión autoritaria y sin rendición de cuentas.
La junta actual se niega a incluir la moción en el orden del día de la Junta General Ordinaria. Esa negativa agrava la crisis de legitimidad. Los impulsores exigen un voto telemático y auditado, pero no se ha habilitado un registro digital transparente.
¿Qué papel juega el caso ‘Plan Avanza’ en esta crisis?
El caso ‘Plan Avanza’ es el detonante financiero clave. El COITT debió reintegrar fondos públicos tras irregularidades detectadas en la gestión del programa. Eso generó un agujero económico sin precedentes, que afecta la solvencia institucional y la credibilidad ante el Ministerio de Industria.
Los colegiados responsabilizan directamente a la junta de Gobierno por la falta de control interno. Exigen depuración de responsabilidades ante la Administración. El caso no solo es contable: revela una debilidad estructural en la gestión de fondos públicos y en la supervisión de proyectos subvencionados.
¿Cómo afecta esta crisis a las competencias profesionales de los ingenieros de telecomunicación?
La moción denuncia una pérdida progresiva de competencias en ámbitos técnicos clave: certificación de infraestructuras, homologación de equipos y supervisión de redes 5G. Esta erosión se vincula con decisiones políticas del Ministerio de Industria y con la pasividad de la junta.
Los firmantes exigen que el COITT recupere su rol de garante técnico ante la Administración. Sin esa capacidad, se debilita la autonomía profesional y se pone en riesgo la seguridad de las infraestructuras críticas.
¿Qué marco legal regula la moción de censura en los colegios profesionales?
El Reglamento General de Colegios Profesionales y los estatutos propios del COITT son los marcos legales aplicables. El artículo 24 establece el umbral del 3% para presentar iniciativas de censura. Pero no define mecanismos de ejecución si la junta se niega a incluirlas.
Esta laguna práctica permite la opacidad institucional. No existe un órgano de arbitraje colegial ni una figura de defensor del colegiado. La ausencia de mecanismos de control interno agrava el riesgo de desgaste institucional y pérdida de confianza social.
Datos Clave
- 283 colegiados impulsaron la moción: supera el 3% del censo (3.973 colegiados).
- El caso ‘Plan Avanza’ obligó al COITT a reintegrar fondos públicos, generando un agujero económico sin precedentes.
- Se exige voto telemático y auditado, pero no existe registro digital transparente para los asociados.
- La junta se niega a modificar el orden del día de la Junta General Ordinaria del 11 de abril.
- Se denuncia pérdida de competencias técnicas en certificación, homologación y supervisión de redes 5G.
El impacto económico va más allá de las cuentas del colegio. Afecta la capacidad de los ingenieros técnicos de telecomunicación para acceder a contratos públicos y certificar infraestructuras críticas. Desde el punto de vista legal, la crisis expone una brecha entre el marco normativo y su aplicación real. La falta de mecanismos de rendición de cuentas debilita la E-E-A-T (experiencia, experiencia, autoridad y confianza) del COITT ante la ciudadanía y las instituciones.
